En España los niños de la calle, que carecen de hogar, escuela e incluso de familia, son árabes y las autoridades proyectan internarlos en un centro.
La situación más notoria se produce en la industrial ciudad de Barcelona, la capital de Cataluña, a orillas del Mediterráneo, en la que ya han sido detectados más de 200 menores sin familia procedentes del Magreb (Argelia, Tunez, Marruecos y Mauritania), los países árabes del norte de Africa.
Estos niños, entre 10 y 17 años, sobreviven en grupos, bajo los puentes y en los descampados o terrenos baldíos, a la intemperie.
Una primera reacción del gobernante y moderado nacionalismo catalán fue proponer la modificación de la Ley de Extranjería, para sacar huellas digitales con las que identificar a los menores.
Luego dispuso la instalación de un centro de urgencia para internarlos, "de donde no sea fácil su salida", según la consejera (ministra) de Justicia, Nuria de Gispert.
El tema salió a luz por una investigación del diario barcelonés La Vanguardia, que publicó los resultados de una investigación bajo el sugestivo título de "Meninos da rua en los suburbios de Barcelona", en alusión a los niños de la calle de Brasil.
La mayoría de estos menores proceden de los países árabes del norte de Africa, de donde llegan en frágiles embarcaciones u ocultos en barcos mercantes y camiones.
La ley española impide expulsarlos, "como hacen con los mayores, pero tampoco prevé que se los pueda ayudar, según la interpretación tanto del gobierno central como del catalán.
Para sobrevivir, los jóvenes inmigrantes también piden, roban o se prostituyen. Cuando son localizados, reciben el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias.
Según La Vanguardia, las ONG y asociaciones de inmigrantes de Barcelona han debido trasladar a niños a los servicios médicos de urgencias por desgarros anales, producidos por su prostitución forzada.
Otra medida que estudia el gobierno español es proponer a la Unión Europea (UE) que disminuya los fondos de cooperación para el desarrollo destinados a los países del Magreb que no controlen la emigración ilegal hacia Europa.
Fuentes de la cancillería española califican de generosa la ayuda que prestan al Magreb y Palestina, y plantean una rebaja sustancial para aquellos que "no tomen medidas contra la inmigración ilegal". Mientras que la ayuda sería mayor para los países que ejerzan mayor severidad.
La UE aportó en 1997 unos 160.000 millones de dólares para los países del Mediterráneo sur, oriental y la Autoridad Nacional Palestina. Marruecos fue uno de los más beneficiados por esos Fondos.
Italia, Alemania y Austria secundarían esa posición española. El canciller italiano, Lamberto Dini también reclama que no se firmen más acuerdos de asociación comercial en el Mediterráneo, si no se incluye una cláusula que obligue a los países árabes a recibir a los inmigrantes irregulares expulsados de Europa.
La cancillería española cuenta con un informe del Ministerio del Interior, que aclara que la inmigración en "pateras" (embarcaciones precarias) no es masiva, pero sí dramática, pues muchas veces sus ocupantes mueren ahogados en el Mediterráneo.
Un caso que adquirió gran notoriedad en julio de este año fue el de Fátima Sadiki, una joven marroquí de 19 años, quien cruzó el estrecho embarazada de ocho meses en una de esas frágiles embarcaciones, que fue interceptada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil española, a pocas millas de la costa.
Pero esta no era la primer aventura de Fátima en el estrecho. Hasta abril, en que fue detenida y deportada a Casablanca, su ciudad de origen, la joven vivía en Almería, España, con su esposo, Abderrammán Deluf.
Deluf reside legalmente en España desde 1990, pero Fátima aún no lo ha conseguido. Ahora, tras el nacimiento de su hija, obtuvo un tiempo de gracia para estar junto a su esposo, pero deberá regresar a Marruecos si no logra regularizar su situación.
Adele, una zaireña de 20 años, también embarazada de ocho meses, quien una noche de agosto trepó junto a su esposo el cerco que rodea a Ceuta, una ciudad española en el norte de Africa separada de Marruecos y cayó desde tres metros de altura.
"Sentí un gran dolor, pero tuve suerte y caí del lado español", declaró al diario El Mundo de Madrid Adele, quien tuvo suerte y no perdió el bebé.
Las ONG reclaman un mayor margen de acogida y que se aumente la cooperación con el Magreb para favorecer su desarrollo económico. Esta es la única manera de que se frene la inmigración masiva, obligada por la marginación y la pobreza.
Pero el gobierno autónomo de Cataluña insiste en que se deben extremar las medidas de seguridad.
El proyecto para los centros de acogida de menores contempla, además, la comprobación de la edad de los jóvenes mediante la realización de pruebas radiológicas, pues el gobierno catalán cree que buena parte de ellos son mayores de 18 años y mienten para que no se les aplique la ley y se los expulse.
España invertió unos 38 millones de dólares en las fronteras de Ceuta y Melilla -su otra ciudad en el norte de Africa-, la mayor parte de los cuales se destinó a la instalación de una doble valla metálica de 8.200 metros de largo y de 2,5 a tres metros de altura.
En todo ese tramo se instalaron sistemas especiales de alumbrado, cámaras de video, paneles de control y puestos policiales. Las 42 alcantarillas de desagüe próximas a la frontera con Marruecos fueron selladas en julio para evitar el acceso de inmigrantes.
No obstante, hasta mediados de este año, más de 450 personas lograron burlar toda esta protección. (FIN/IPS/af/ag/hd/98
