Organizaciones de derechos humanos y de exiliados chilenos en Gran Bretaña quieren enjuiciar en este país al ex dictador de Chile Augusto Pinochet, quien se encuentra bajo arresto preventivo en esta capital mientras se resuelve el posible pedido de extradición a España.
Pinochet, que permanece detenido desde el viernes 16 en el centro médico London Clinic donde recibe tratamiento por una hernia discal, podría enfrentarse a magistrados británicos y comenzar el largo proceso de extradición a España, requerido por el juez Baltazar Garzón, quien lo acusa de genocidio y terrorismo.
Bajo el régimen dictatorial, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, se produjeron en Chile más de 3.000 asesinatos y desapariciones, cuyos autores están protegidos por una ley de amnistía expedida en 1978.
Las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional, Redress Trust y Fundación Médica para la Atención a las Víctimas de la Tortura sostienen que a Pinochet se lo puede procesar en Gran Bretaña por la Ley de Justicia Penal de 1988, que permite juzgar delitos cometidos en otros países.
Con el respaldo de la familia de William Beausire, ciudadano británico desaparecido en Chile en 1975, las organizaciones están reuniendo pruebas para posiblemente entablar un proceso privado contra el ex dictador.
Mientras, el grupo Chilenos en Exilio, de Londres, anunció su intención de entablar una demanda privada contra Pinochet ante los tribunales británicos.
"Ahora que Pinochet se encuentra bajo arresto preventivo en Londres, por primera vez tenemos la oportunidad de presentar cargos en su contra ante una corte británica", declaró el grupo.
"Aunque las cosas no están del todo definidas, tenemos un equipo independiente de abogados británicos para entablar el juicio", dijo Carlos Reyes, presidente de la organización en Londres Chile Democrático, él mismo detenido y torturado por la dictadura en los años 70.
La euforia que provocó durante el fin de semana la noticia del arresto preventivo de Pinochet cedió el lugar al nerviosismo entre las organizaciones de exiliados. Los activistas temen que Gran Bretaña o España no sigan adelante con la extradición para mantener las buenas relaciones con Chile.
España tiene 40 días para presentar un pedido formal de extradición a Gran Bretaña que incluya un esbozo de las pruebas existentes contra Pinochet para justificar la orden.
Si Gran Bretaña resuelve que existe un caso contra Pinochet, el ex dictador deberá asistir a una audiencia de extradición ante un tribunal londinense. El acusado entonces tendrá derecho a apelar ante las cortes superiores, hasta llegar a la corte suprema en la Cámara de los Lores.
Si aun así no hay veredicto, entonces puede intervenir el ministro del Interior Jack Straw.
Los gobiernos de España y Gran Bretaña sostienen que el problema corresponde al Poder Judicial y sus dirigentes políticos evitan hacer comentarios al respecto.
El chileno Francisco Domínguez, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Middlesex, duda que Madrid se oponga a la decisión del sistema judicial, según dijo a IPS.
"Se debe reafirmar la independencia del Poder Judicial. El gobierno español debe actuar de manera coherente con las condenas aplicadas a otras violaciones de derechos humanos", agregó.
No obstante, algunos abogados arguyen que el gobierno español puede rechazar la extradición si se demuestra que esta puede perjudicar los intereses nacionales de España, puntualizó.
En Gran Bretaña la aplicación de la ley británica para acusar y enjuiciar personas por crímenes cometidos en el exterior se probó tras la segunda guerra mundial contra los criminales nazis, y en crímenes más recientes, como el abuso sexual cometido contra niños en países en desarrollo.
Pero en España el precedente legal no es tan claro. La Corte Suprema española sesionará la semana próxima para analizar el problema, anteriormente planteado pero no resuelto cuando Pinochet fue acusado en ausencia en 1996, por torturas y asesinatos.
El juez Garzón se enfrenta a la fuerte oposición del sistema judicial español. El presidente de la Corte Suprema Eduardo Fugaino cuestionó el año pasado, en el conservador diario chileno El Mercurio, la autoridad jurídica de España para enjuiciar a Pinochet.
España es un importante socio comercial de Chile. Santiago bloqueó la compra de submarinos españoles en 1997 cuando los jueces españoles quisieron investigar a militares chilenos por crímenes cometidos por la dictadura contra ciudadanos españoles.
Estados Unidos, cuya participación en el respaldo al brutal golpe de Estado de 1973 de Pinochet aún tiene la capacidad de avergonzar a Washington, también presiona a España para que actúe con cautela ante la orden de extradición.
De esta situación provino la determinación de grupos basados en Londres para probar que Pinochet tenga que responder en una corte británica, en caso de que España pierda fuerza.
El Grupo Multipartidario de Derechos Humanos Parlamentarios ya envió una carta al fiscal general, John Morris, urgiéndolo a que actúe si fracasa el intento de pedir la extradición.
"Creemos que la posibilidad de perseguirlo en este país bajo la Ley de Justicia Criminal de 1988 debe ser considerada por Gran Bretaña, ya que debemos tomar esta oportunidad para traer justicia a uno de los dictadores más diabólicos que aún viven", dijo la parlamentaria Ann Clwyd, presidenta del Grupo.
En una carta independiente al Jefe de la Policía Metropolitana, Paul Condon, Amnistía Internacional y otros grupos alegaron que es pertinente realizar un proceso en Gran Bretaña porque algunas de las víctimas de Pinochet fueron ciudadanos británicos o vivían en este país.
Pero algunos chilenos temen que las cortes británicas simplemente devuelvan a Pinochet a los Chilenos para que puedan decidir si sus supuestos crímenes garantizan o no el juicio.
El país definitivamente decidió en contra de esto. Pinochet recibió en abril un escaño vitalicio en el Senado chileno, como parte de su acuerdo para transferir el poder en 1990, y por lo tanto es inmune a la investigación judicial.
"Espero que el gobierno británico no se rinda ante las presiones y repatrie a Pinochet (a Chile)", dijo a IPS una de las fundadoras de la Federación de Familias de Detenidos y Desaparecidos, Ana María Navarrete.
Mientras, el juez Garzón amplió su pedido de extradición de Pinochet. El pedido inicial acusó a Pinochet de responsabilidad en la muerte de ciudadanos españoles.
Para fortalecer su caso ante las cortes británicas, los cargos ahora incluyen genocidio, terrorismo y tortura de 94 personas de diferentes nacionalidades, incluyendo ciudadanos chilenos, argentinos, británicos, estadounidenses y españoles.
Garzón alega que Pinochet no podrá reclamar inmunidad diplomática, ya que esta no puede aplicarse a crímenes contra la humanidad y terrorismo mundial, citando la Operación Cóndor, que unió a dictaduras militares en América Latina durante los años 70.
En respuesta, la firma de abogados de Londres Kingsley Napley dijo en una declaración en representación de Pinochet esta semana que "cualquier intento por extraditarlo de Gran Bretaña enfrentará una resuelta oposición. Tanto él como su familia confían en el éxito". (FIN/IPS/tra-en/dc/mom/rj/lp-aq/ip hd/98
