El gobierno de Venezuela anunció hoy un nuevo recorte de gastos, dentro de un paquete de medidas para equilibrar las cuentas fiscales, asegurar el pago del servicio de la deuda externa y mejorar la imagen del país ante los inversores.
El ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, indicó que el tercer recorte presupuestario será de 360 millones de dólares, que se suma a los 3.200 millones que en conjunto redujo ya el sector público sus gastos este año.
El portavoz del gabinete económico reiteró que no está contemplada una devaluación, como pronostican inversores externos e internos generando una fuerte presión contra el bolívar, y aseguró que la mayor flexibilidad en la banda cambiaria actual se manejará sin modificar el piso y el techo de esa banda.
El paquete de "medidas de reforzamiento económico" fue presentado formalmente una vez que el Congreso concedió al presidente Rafael Caldera poderes extraordinarios para implementar leyes tendientes a estabilizar la economía.
Venezuela soporta este año una caída de sus ingresos por exportaciones de 6.700 millones de dólares, respecto del nivel contemplado en el presupuesto inicial, debido al desplome de los precios del petróleo, del que depende su economía.
De ese total, entre 3.500 y 4.000 millones son ingresos que iban a llegar al fisco venezolano, que se alimenta en más de 40 por ciento de "petrodólares".
La aprobación de la llamada Ley Habilitante, que faculta al gobierno a aplicar por decreto en un plazo de 45 días ocho proyectos pactados, fue forzada además de por la situación fiscal por el hecho de que el Congreso debía cerrar este jueves su legislatura, ante las elecciones legislativas de noviembre.
Petkoff aseguró en rueda de prensa que el paquete de 40 medidas busca equilibrar el área fiscal, fortalecer las reformas estructurales en el ámbito económico y social, garantizar el servicio de la deuda, respaldar a sectores productivos, consolidar la política monetaria y reforzar la estrategia social.
"Buscamos contribuir también a dar a la familia venezolana mayor resistencia al impacto de las consecuencias de la caída de ingresos", aunque no especificó cómo se reforzarán cinco programas de auxilio social para una población de cuyos miembros 70 por ciento viven en pobreza, según cifras oficiales.
La nueva etapa recesiva acentuó las penurias de los 23 millones de habitantes del país, con despidos masivos desde julio que se suman al cerca de 13 por ciento de desocupados registrado al cierre del primer semestre.
A la nueva rebaja del presupuesto se suman otras medidas acordadas antes y aún sin concretar, como una reducción de gastos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por 600 millones de dólares, otra de las demás empresas públicas de 180 millones y un alza en el aporte de PDVSA de 440 millones.
El ministro criticó ácidamente la baja en la calificación de riesgo país de Venezuela por algunas firmas internacionales, en especial Moodys y Standard and Poor's.
Esas dos empresas internacionales de calificación de riesgos obraron en base "al absurdo criterio" de que el país interrumpiría el servicio de su deuda externa, de unos 23.000 millones de dólares, dijo Petkoff.
"Venezuela jamás ha recurrido a ningún tipo de moratoria o incumplimiento y ahora tampoco lo hará", agregó el ministro, que tildó de ligeros y superficiales los análisis de Moody's y Standard and Poor's.
Afirmó que el país tiene recursos "holgadamente suficientes" para cumplir con los 1.561 millones de dólares del servicio de la deuda que debe cancelar en lo que resta del año, mediante recursos propios, en parte logrados por traspasos contables y por el fondo del rescate de la deuda.
Petkoff aseguró que las medidas tomadas serán suficientes para enjugar totalmente un déficit fiscal cercano a los 4.500 millones de dólares que cálculos internos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticaron en agosto para este año.
También aseguró que esta "ancla fiscal" va facilitar la defensa del Banco Central de la paridad del bolívar, que cayó 15,6 por ciento respecto del dólar a lo largo del año, pese a que la entidad monetaria ha usado un alto nivel de reservas para que la depreciación no fuera aún mayor.
Petkoff dijo que en materia de deuda externa, la posición venezolana se va a fortalecer adicionalmente, porque el Congreso facultó al gobierno a implementar una ley especial de endeudamiento que le autoriza a refinanciarse este año hasta por 1.386 millones de dólares.
El gobierno en principio no usará esa posibilidad, pero sí buscará reprogramar los pagos de su deuda para alargar los plazos de un servicio que se concentra en el periódo 1998-2007.
Durante ese plazo, Venezuela debe cancelar entre cuatro y 5.000 millones de dólares anuales, para disminuir el monto a menos de 1.000 millones desde entonces.
La ley de endeudamiento también permitirá documentar por vez primera los pasivos laborales, como se denomina al monto que el Estado debería cancelar a todos sus trabajadores al concluir la prestación de sus servicios, y que se eleva a 8.300 millones de dólares.
Esos pasivos serán cancelados mediante papeles que se darán a cada trabajador, rescatables cuando se despida o se jubile, de forma que este monumental compromiso tenga un impacto anual en el producto interno bruto de sólo uno por ciento. (FIN/IPS/eg/ff/if/98
