Un ex ministro y otros ex altos funcionarios del gobierno de España que presidió el socialista Felipe González entre 1983 y 1996 ingresarán este jueves a prisión, informaron hoy fuentes próximas a los condenados.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó el martes a la noche la condena del ex ministro de Interior José Barrionuevo y otros 11 ex funcionarios, impuesta el 29 de julio por el mismo tribunal en el primer juicio por la "guerra sucia" contra independentistas vascos (1983-1987).
Además, el TSJ dictaminó por unanimidad contra el pedido de dos de los condenados de que se suspendiera el ingreso a prisión hasta que el Tribunal Constitucional resolviera los recursos que presentaron, y ordenó en consecuencia el inmediato cumplimiento de la condena.
Barrionuevo y el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, que se declaran inocentes y no presentaron pedido de indulto, deben ingresar a prisión.
Los demás, que confesaron y se arrepintieron, presentaron pedido de indulto, por lo que el TSJ resolvió suspender su ingreso a prisión hasta que los órganos pertinentes resuelvan si le otorgan el beneficio.
La condena por detención ilegal y malversación de fondos públicos les fue impuesta por la privación de libertad en diciembre de 1983 de Segundo Marey, el primero de una cuarentena de secuestros y asesinatos reivindicados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Marey residía y reside en la región vasca de Francia, sobre la frontera con España, y no se le conoce actividad política alguna.
Según consta en el sumario judicial, fue confundido con un dirigente de la organización ilegal ETA, al que se pretendía secuestrar para canjearlo por cuatro policías españoles detenidos en Francia al intentar secuestrar a otro dirigente etarra.
Los policías que participaron en el operativo, también condenados luego, confesaron que al ser informado Barrionuevo del error dispuso que se mantuviera secuestrado a Marey en una casa en los bosques del norte de España para presionar al gobierno de Francia y lograr la liberación de los agentes allí detenidos.
La decisión del TSJ fue precedida por un duro enfrentamiento entre el Consejo General del Poder Judicial y la cúpula del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con su secretario general, Joaquín Almunia, y González a la cabeza.
González dijo el sábado que a los jueces del TSJ "les han hecho hacer una operación que nunca deberían haber hecho", al emitir la condena.
Al conocer las palabras de González, un acto más en una serie de acusaciones contra los jueces y la "injusticia" de la sentencia, reaccionó el presidente del TSJ y a la vez del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio.
El magistrado calificó de "airadas" las palabras de González, advirtió que la sentencia resultó de la valoración de pruebas practicadas públicamente y pidió respeto para el Poder Judicial.
El ex presidente socialista replicó señalando que Delgado Barrio "calló cuando el (Tribunal) Supremo estaba recibiendo presiones políticas y mediáticas y habla ahora cuando debe callar y no limitar el derecho de defensa".
A continuación se reunió el CGPJ y avaló las declaraciones de Delgado Barrio, apoyadas, además, por todas las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales.
Barrionuevo, Vera y el ex gobernador civil de la provincia de Vizcaya, Julián Sancristóbal, fueron condenados a 10 años de cárcel y a 12 de inhabilitación absoluta, por lo que el primero perdió su escaño de diputado.
Los restantes procesados fueron condenados a penas menores.
Ahora la atención estará centrada en lo que resuelva el Tribunal Constitucional y en próximos juicios por la "guerra sucia". Los GAL cometieron más de 40 atentados, asesinatos y secuestros, que ocasionaron 28 muertes.
La dirección del PSOE se mantiene solidaria con Barrionuevo y Vera y, al igual que ellos, afirma que son víctimas de una injusticia, motivada en una campaña política.
El gobierno se ha abstenido de opinar e Izquierda Unida, el tercer grupo parlamentario, opina que González debe asumir su responsabilidad.
El más lapidario ha sido el presidente del gobierno autónomo vasco, José Antonio Ardanza, miembro del moderado Partido Nacionalista Vasco.
"Los del GAL deben ir a la cárcel con más razón que los etarras, porque han utilizado las instituciones del Estado para actuar contra los primeros y beneficiarse económicamente", dijo. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/98
