Estados Unidos viola las normas internacionales con el tratamiento que brinda a más de 60 por ciento de los inmigrantes indocumentados detenidos por el Servicio de Inmigración y Naturalización de este país, aseguró Human Rights Watch (HRW).
En muchos casos, los inmigrantes, incluso quienes solicitan asilo, son detenidos en cárceles comunes, conviven con delincuentes y son sometidos a abusos físicos y maltrato, según el informe de la organización de derechos humanos, denominado "Encerrados".
"El INS (Servicio de Inmigración y Naturalización) manda a los inmigrantes a cárceles comunes, adonde no pertenecen. Esta práctica viola las normas internacionales básicas y debe cesar", denunció el miércoles Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW.
Pero representantes del INS arguyeron que gran parte del problema se debe al "crecimiento explosivo" de la cantidad de inmigrantes detenidos, "resultado directo de nuestro esmero en aplicar las leyes de inmigración de la nación".
La agencia está "profundamente comprometida en brindar un ambiente seguro y humano a todos los detenidos, sin importar dónde se encuentran recluidos", declaró la comisionada del INS, Doris Meissner.
"Idealmente nos gustaría albergar a los detenidos en centros administrados por el INS porque en ellos tenemos el mayor control sobre las condiciones de reclusión. Pero no es una opción viable, dado el crecimiento de la demanda de camas y las restricciones del presupuesto", explicó.
El informe, fruto de la labor de 18 meses de HRW, incluye entrevistas a más de 200 detenidos en 14 cárceles del país y describe las malas condiciones de reclusión y el maltrato al que son sometidos los inmigrantes.
El documento también se basa en entrevistas a funcionarios del INS, miembros del personal de las cárceles, jueces del servicio de inmigración y abogados, y en centenares de cartas que los detenidos enviaron a HRW.
"Quiero informar que fui violentamente golpeado hoy, a las 10:30 de la mañana", señala una carta de un inmigrante congoleño detenido en una cárcel de Virginia.
"El guardia me golpeó la cabeza contra la pared varias veces y luego me tiró por la fuerza al piso. Aquí es normal que los guardias golpeen a los detenidos sin razón", agregó.
El INS ordena la detención de los inmigrantes por diversas razones. Muchos son arrestados cuando ingresan a Estados Unidos por no tener la documentación adecuada, y otros son aprehendidos por la patrulla fronteriza o agentes de INS que realizan redadas en lugares de trabajo.
Algunos fueron procesados por cometer crímenes en este país y se encuentran detenidos hasta que se decida su deportación a su lugar de origen, como lo exigen las leyes estadounidenses.
En la actualidad, INS mantiene detenidos a 15.000 inmigrantes, pero sólo 40 por ciento se encuentra en centros de detención propios del organismo estatal. El resto son trasladados a cárceles comunes o sitios privados utilizados por el sistema de justicia.
De ese 60 por ciento restante, 35 por ciento fueron detenidos por carecer de documentación, y casi 60 por ciento esperan ser deportados por sus delitos.
Entre cinco y siete por ciento de los detenidos son personas que solicitaron asilo en este país, dijo a IPS la redactora del informe, Jennifer Bailey. El INS no distingue entre los solicitantes de asilo y otros inmigrantes.
Las leyes internacionales sobre refugiados estipulan que las personas que piden asilo, a menudo con necesidades legales y psicológicas especiales, deben recibir tratamiento especial y sólo pueden ser detenidas en circunstancias excepcionales.
En ninguna circunstancia, según HRW, pueden ser recluidas en cárceles comunes.
El INS paga a las cárceles 58 dólares por día y por detenido, pero los costos reales suelen ser bastante menores, porque algunos centros de reclusión ni siquiera proporcionan calzado y ropa interior a los detenidos.
En algunos casos se redujeron los impuestos de la localidad donde se encuentra la cárcel por la ganancia que hizo el condado con la detención de los inmigrantes.
El informe de HRW concluye que el INS no controla ni intenta mejorar el estado de los detenidos en las cárceles a las que contrata para recluir a los inmigrantes.
Una vez internados en los centros de detención, los inmigrantes sólo mantienen contactos esporádicos con el INS, aunque la agencia sigue teniendo la responsabilidad legal sobre su suerte.
El maltrato que reciben los reclusos incluye falta de atención médica, de alimentos adecuados y de intimidad, así como la imposición de sanciones disciplinarias aplicadas a los presos comunes.
"El trato que damos a los detenidos del INS no difiere del de los presos comunes", afirmó un alguacil de Nueva Orleans, mencionado en el informe.
En un caso bajo investigación, detenidos por el INS recluidos en la cárcel del condado de Jackson, en Florida, acusaron en julio a las autoridades carcelarias de someterlos a choques eléctricos.
En otro caso, nueve guardias se declararon culpables o fueron procesados este año por abusar físicamente de detenidos del INS en la cárcel del condado de Union, en Nueva Jersey.
Otros inmigrantes recluidos en cárceles de California, Louisiana y New Hampshire realizaron huelgas de hambre para protestar contra el supuesto maltrato.
El informe de HRW también reveló que el INS transfiere a los detenidos a las cárceles comunes según el costo y el espacio disponibles, sin tomar en cuenta las necesidades de los inmigrantes de permanecer junto a sus familias o abogados.
El resultado es que, por ejemplo, algunos detenidos aprehendidos en sus trabajos de Nueva York fueron enviados a cárceles en Louisiana, a más de 1.500 kilómetros. (FIN/IPS/tra- en/jl/aq-ml/hd-pr/98
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