La oganización Amnistía Internacional urgió al presidente de Colombia, Andrés Pastrana, a tomar medidas eficaces para acabar con las matanzas de civiles, que aumentan año a año.
Amnistía advirtió el miércoles que, pese a la presión internacional, se incrementan en Colombia los casos de violación de los derechos humanos y acusó especialmente de esos hechos a los paramilitares de derecha, auxiliados supuestamente por oficiales del ejército, y a la guerrilla izquierdista.
Desde enero de 1997 hasta mayo de este año fueron perpetradas 377 masacres (asesinato de mas de cuatro personas en un mismo sitio), según el informe divulgado este miércoles por Amnistía en coincidencia con el Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia.
Los paramilitares serían responsables de 189 masacres, la guerrilla, de 63, y las Fuerzas Armadas, de 12. Setenta y ocho episodios fueron obra de desconocidos y los restantes, de "grupos de limpieza social".
Uno de los casos, que fue recogido por el Banco de Datos del Centro de Investigaciones y Cultura Popular (Cinep), se remonta al 15 de julio de 1997, en la sudoriental localidad de Mapiripán, donde 200 paramilitares asesinaron a 30 personas.
El ataque a Mapiripán, en opinión de algunos analistas, sintetiza el drama de la población civil atrapada en medio de la guerra que libran los insurgentes y los paramilitares por el control de territorios.
La Procuraduría (fiscalía del Estado) investiga a varios oficiales de las Fuerzas Armadas acusados de ayudar a los paramilitares a trasladarse por vía aérea a Mapiripán, un centro urbano del departamento del Meta de fuerte influencia de la guerrilla.
Organizaciones no gubernamentales han destacado que, mientras disminuye la participación directa del ejército en violaciones de derechos humanos, aumentan los casos atribuidos a paramilitares presuntamente apoyados por las Fuerzas Armadas.
En 1995 se registraron 139 masacres, en 1996 la cantidad fue de 188, y en 1997 se incrementó a 288.
La agudización del conflicto armado es la principal causa del desplazamiento de su lugar de residencia de 1,2 millones de personas, según el Defensor del Pueblo (ombudsman), Nelson Caicedo.
Caicedo dijo a IPS que el 25 por ciento de los desplazados abandonaron su región por amenazas contra su vida, 17 por ciento por temor a ser atacados, 17 por ciento escaparon de masacres y atentados y los restantes, de combates y de bombardeos del ejército.
El ejército y la guerrilla se enfrentaron este año en 800 oportunidades y en 25 de los 32 departamentos en que está dividido el país, con un saldo de 400 soldados muertos y 500 secuestrados, informó Caicedo.
Agregó que la violación a los derechos humanos se agrava en Colombia por la "certeza de la impunidad y la ausencia de justicia".
También señaló que los defensores de los derechos humanos son víctimas de la violencia cuando se atreven a denunciar "las alarmantes estadísticas de injusticia e impunidad".
El Defensor del Pueblo presentó este miércoles al gobierno varias sugerencias para mejorar la situación de derechos humanos, entre las que se destacan la necesidad de impulsar el anunciado o proceso de paz con la guerrilla y la creación de un ambiente favorable para la convivencia.
Mientras, Vicente de Roux, asesor de derechos humanos de la no gubernamental Fundación Social, vinculada a la orden católica de los jesuitas, exhortó al Poder Ejecutivo a comprometerse con la llamada "humanización de la guerrra".
Ese compromiso debe materializarse en acuerdos con la guerrilla y los paramilitares para la protección de la sociedad civil, explicó De Roux.
Así mismo, sugirió "romper la ambigüedad del Estado frente al paramilitarismo, que es, hoy, causa de la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos" y replantear las relaciones entre la sociedad y el Estado en torno del tema de la seguridad. (FIN/IPS/yf/ff/hd/98
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