Una fuerte declaración de la Conferencia Episcopal Española contra la despenalización del aborto fue calificada de reaccionaria e intransigente por la central sindical Comisiones Obreras (CC.OO.), afín al Partido Comunista.
Dos proyectos de ley para ampliar la despenalización del aborto se debatirán en el Congreso de los Diputados este martes por iniciativa de los opositores Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU, basada en el Partido Comunista) y Nueva Izquierda (NI, escisión de IU afín al PSOE).
Desde 1985 el aborto fue despenalizado en caso de violación, malformación del feto o peligro para la salud física o psíquica de la madre.
El PSOE propone ahora que se despenalice también el aborto en caso de conflicto personal, familiar o social grave, y si se produce dentro de las 12 primeras semanas de gestación.
La propuesta de IU y NI se diferencia de la socialista en que amplía el plazo para la legalidad del aborto a 14 y 16 semanas respectivamente. Ambas agrupaciones anunciaron que apoyarán la propuesta del PSOE, a la que se opone el gobernante y centroderechista Partido Popular (PP).
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal emitió el día 13 un comunicado, titulado "Licencia aún más amplia para matar a los hijos".
Según los obispos, la legislación propuesta haría "todavía más injusta" la ley de despenalización vigente, pues se pretendería "que los hijos queden a la voluntad soberana de la madre", "no sólo ante la pasividad y complicidad del Estado, sino incluso con su colaboración".
Para la jerarquía de la Iglesia Católica, no se puede permitir matar a los hijos que aún no han nacido y califica a las proposiciones de "radicalmente inmorales", por "permitir que se viole el derecho fundamental a la vida".
Por ello, afirma "un pueblo que mata a sus hijos al amparo de leyes inicuas, pone en tela de juicio su futuro y las mismas bases de su convivencia en justicia y libertad".
Además, sostiene que "quien pretende legislar contra la moral entra en el camino de la prepotencia y de la violación de los derechos humanos".
En los primeros diez años de vigencia de la ley que despenalizó la interrupción del embarazo en 1985, se registraron unos 280.000 abortos legales, según el Ministerio de Sanidad.
Los casos registrados fueron creciendo, desde nueve en los primeros meses de vigencia de la ley, hasta superar los 40.000 anuales en los últimos años.
De las mujeres que abortaron, cuyas edades oscilaron entre 15 y 44 años, 98,27 por ciento adujeron que su vida estaba en peligro, 1,58 por ciento, malformaciones del feto, 0,03 por ciento, embarazo producido por una violacion, y 0,04 sumó dos o más motivos.
Ante la declaración eclesiástica, la Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO., afín al Partido Comunista, manifestó "su más absoluta repulsa e indignación" y calificó las palabras episcopales de "reaccionarias, intransigentes y racistas".
CC.OO. va más allá que los partidos de izquierda y reivindica la plena despenalización del aborto y la posibilidad de que mujeres que carecen de recursos económicos lo realicen gratuitamente en hospitales públicos.
También desde el campo teológico llovieron críticas sobre los obispos. Juan José Tamayo, secretario general de la asociación de teólogos progresistas Juan XXIII, advirtió un talante "autoritario y falto de principios cristianos como la misericordia y la compasión" en el comunicado episcopal.
"Hay que analizar la situación personal, laboral y social de las mujeres cuando se realizan afirmaciones públicas sobre este tema y no es una buena práctica la condena en lugar del llamado a la reflexión", dijo Tamayo.
La diputada y ex ministra socialista Cristina Alberdi dijo que las palabras episcopales son inadecuadas y exaltadas y que, además, suponen una ruptura del acuerdo constitucional que le otorga a la Iglesia un lugar en lo privado, pero no en el ámbito público.
El PP anunció su oposición a la modificación de la ley y su portavoz parlamentario, Luis de Grandes, manifestó que los partidarios de la nueva norma no tendrán la mayoría de votos suficiente para aprobarla.
Todos los diputados del PP, dijo, votarán contra el proyecto, incluyendo la diputada Celia Villalobos, militante feminista de ese partido.
Mientras, el presidente de la Conferencia Episcopal, Elías Yanes, dijo el lunes pasado que "un político católico jamás podría votar a favor de esa propuesta". (FIN/IPS/td/mj/hd cr he/98
