El desempleo se reduce drásticamente y cada mes en España, el país europeo más afectado por este problema, pero la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son inestables.
La drástica reducción la revelan las cifras registradas al terminar julio, cuando el desempleo medido por el gubernamental Instituto Nacional de Empleo (INEM) se ubicó en 1.786.000 de personas, el 11 por ciento de la población económicamente activa. Este es el porcentaje más bajo desde 1980.
Pero la también oficial Encuesta de Población Activa (EPA) indica que los desempleados son tres millones, con un porcentaje del 20 por ciento, que tres años antes superaba el 24 por ciento.
El INEM basa sus datos en los contratos registrados y en la inscripción de desocupados, en tanto que la EPA resulta de 50.000 encuestas domiciliarias en las que la calificación de empleado o desempleado depende de la persona que contesta.
Muchas personas suelen declarar que están desocupadas cuando carecen de un puesto de trabajo con contrato fijo e indeterminado, lo que explicaría en parte la diferencia de cifras y porcentajes entre la EPA y el INEM.
El desempleo se incrementó durante el gobierno socialista (1982- 96), pese al crecimiento sostenido de la economía en los primeros 10 años de ese período, y comenzó a disminuir bajo el del centroderechista José María Aznar, quien llegó al poder en mayo de 1996, tras ganar las elecciones parlamentarias en marzo.
Dos factores influyen de manera decisiva en la disminución del desempleo desde entonces: la reactivación de la actividad económica, que se mantiene en torno a 3,5 por ciento anual, y el acuerdo social logrado entre el gobierno, los sindicatos de trabajadores y la organización empresarial.
El acuerdo, que se comenzó a negociar tras el triunfo electoral de Aznar, fue el primero desde los Pactos de la Moncloa, firmados en 1977, que sustentaron la transición a la democracia.
Se tradujo en un beneficio impositivo sobre los nuevos contratos de trabajo y en la "flexibilización" de las normas legales, permitiendo la creación de puestos de trabajo temporales.
Así, de los contratos firmados en julio, el 93,28 por ciento fueron por cortos períodos, "temporales", de uno a seis meses. Antes de la "flexibilización", todo trabajador que cumplía un mes en un empleo pasaba a ser fijo, previéndose en esos casos fuertes indemnizaciones en caso de despido.
El Banco de España (central) advirtió en mayo que la creación de empleo por tiempo indefinido comenzaba a agotarse.
El anticipo del Banco, confirmado por las cifras registradas a fines de julio, señalaba que si el porcentaje de empleos indefinidos creados en 1997 fue del 80 por ciento, en el primer trimestre de 1998 se redujo a la mitad. En julio, con 6,72 por ciento, casi desaparecieron.
La disminución relativa de los contratos fijos por tiempo indefinido alarma a los sindicatos, que reclaman cambios, pero también ha comenzado a preocupar al gobierno.
El secretario general de Empleo del Ministerio de Trabajo, Manuel Pimentel, admitió al dar a conocer las cifras de julio que la reforma derivada del acuerdo social parece estar agotando sus efectos benéficos.
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO), de origen comunista, y la Unión General de Trabajadores (UGT), socialista, lanzaron sus voces de alerta: "el objetivo debe ser crear empleo, pero también mejorar su calidad, su duración y las condiciones de trabajo".
La UGT anunció, además, que organizará movilizaciones a partir de septiembre, si las negociaciones para lograr un plan de empleo no dan resultados.
El ministro de Trabajo, Javier Arenas, respondió que "el diálogo social no se construye con amenazas" y manifestó su confianza en que las negociaciones con la patronal y los sindicatos se reanudarán positivamente a fines de septiembre.
En esas negociaciones, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales anunció que pedirá una mayor flexibilización del mercado de trabajo, con nuevas reducciones de los aportes a la previsión social y en las indemnizaciones por despido.
Las centrales sindicales, por el contrario, insistirán en que, afirmado ya el crecimiento de la economía "con el sacrificio de los trabajadores", corresponde que se atiendan ahora las demandas sociales. (FIN/IPS/td/ag/ip-if/98
