El 60 por ciento de las mujeres detenidas en las cárceles de Perú cumplen condenas por tráfico de drogas. La gran mayoría son muy pobres, tienen muchos hijos y fueron abandonadas por sus compañeros.
Según los especialistas, detrás de las cifras se esconde una cruda realidad: la comercialización de drogas en pequeña escala es la única alternativa de muchas mujeres para mantener a sus hijos.
La jurista Rosa Mavila, coautora junto a Wilfredo Pedraza de un estudio sobre la situacion de la mujer en las cárceles peruanas publicado recientemente, tipifica el problema como un asunto de "sobrevivencia familiar".
El tráfico ilícito de drogas está estrechamente vinculado a las mujeres, diferenciándose dos tipos de traficantes, dice la experta.
El primer grupo son las llamadas "burriers" (por la palabra inglesa"courrier"), de sectores sociales altos, que transportan cocaína al extranjero. El segundo son pobres y venden pequeñas cantidades de pasta básica de coca.
Las primeras "están asociadas al afán desmedido de elevar sus condiciones de vida y tener acceso a propiedades y bienes de consumo en forma fácil", mientras que las otras "encuentran en la venta de drogas una salida para poder comprar alimentos para sus hijos", sostiene Mavila.
Las cifras parecen darle la razon, ya que según investigaciones de estudiantes de Derecho de la Universidad de San Marcos, de Lima, y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por cada detenida por comercialización de drogas puesta en libertad, cinco son detenidas por el mismo delito.
Las presas por comercializacion de drogas en pequeña escala superan a las detenidas por otros delitos tradicionalmente considerados "femeninos" y ha causado sobrepoblación de los centros carcelarios.
El hacinamiento es de tal magnitud que se han debido habilitar espacios poco apropiados en cárceles mixtas, y en las de mujeres es posible encontrar a detenidas con problemas psiquiátricos durmiendo junto a presas con otro tipo de enfermedades, ancianas o minusválidas.
Según Mavila, el problema debe ser analizado desde una perspectiva de género, "pero es más fácil formular una ley que queda escrita sobre el papel que estructurar un proyecto de largo plazo que apunte a solucionar el problema", enfatiza.
Por su parte, la psiquiatra Martha Rondón, especializada en la rehabilitacion de drogadictos, señala que el sistema judicial peruano está hecho para reprimir a las personas de escasos recursos.
"El 95 por ciento de los presos son pobres y no porque sean más criminales, sino porque la ideología imperante hace que sobre ellos recaiga el peso de la ley", afirma.
La legislación sobre drogas, en gran parte es consecuencia de tratados internacionales que imponen sus políticas legislativas sin adecuarlas a otras realidades.
La microcomercializacion de drogas es básicamente un problema de carácter económico.
La mujer que ha sufrido abandono de su pareja tiene un problema básico de sobrevivencia y si vive en un entorno propicio, encuentra en eso un medio de subsistencia que, además, desde su punto de vista no es una actividad delictiva", dice.
"Las mujeres dedicadas a esta actividad se debaten en un círculo vicioso, porque están sometidas a la extorsión policial, si no cumplen son llevadas a prision junto a otras mujeres con los mismos patrones de conducta. Cuando salen, registran antecedentes, no consiguen trabajo y nuevamente encuentran en esta actividad una alternativa para subsistir", añade.
La raíz del problema es que se privilegia el sistema represivo como el más eficaz para combatir la microcomercializacion, pero sin detenerse a analizar las raíces sociales y culturales que también lo integran, concluye la experta. (FIN/IPS/zp/ag/ip-pr/98
