Afganistán y Sudán parecen tener perdida la partida en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuya composición excluye un pronunciamiento expreso contra el ataque estadounidense a los territorios de esos dos países.
Aunque fuerzas estadounidenses atacaron supuestas bases terroristas en ambos países con misiles cruceros Tomahawk el jueves 20, mataron hasta 50 personas en Afganistán e hirieron a 12 personas en Sudán, el Consejo de Seguridad de la ONU sólo discutió el asunto brevemente.
Es improbable que el Consejo se expida o tome acción alguna sobre los ataques de Estados Unidos, dijeron diplomáticos del organismo, integrado por 15 estados miembros.
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo, y por tanto, con poder de veto, apoyaron los bombardeos e impedirían que el organismo los repudie.
Pero el hecho de que el organismo no haya adoptado una acción formal aún no significa que sus integrantes no estén dispuestos a involucrarse en la disputa, señaló el presidente del Consejo de Seguridad, el eslovaco Danilo Turk.
Es evidente, sin embargo, que incluso organismos regionales como la Liga Arabe y la Organización de la Conferencia Islámica consideran con recelo a Afganistán y Sudán y sólo defienden su causa a regañadientes.
En consecuencia, Estados Unidos enfrenta poca oposición a su afirmación, expresada la semana última por su embajador ante la ONU, Bill Richardson, de que los ataques están legitimados por el derecho de Washington a la autodefensa, de acuerdo con la carta del foro mundial.
Washington acusó a Jartum y Kabul de ayudar al financista saudita Osama bin Laden, al que considera responsable de los atentados del día 7 contra las embajadas estadounidenses en Nairobi y Dar es Salaam.
Los dos atentados con bomba, que se produjeron casi simultáneamente, mataron al menos a 263 personas, entre ellas 12 estadounidenses.
No obstante, Afganistán y Sudán afirman que los motivos que llevaron a Estados Unidos a decidir los bombardeos contra sus territorios son falsos.
Sudán solicitó esta semana a la ONU que le envíe una misión investigadora para verificar si la fábrica farmacéutica Al Shifa, que Washington asegura fue utilizada para producir el mortal agente químico VX, producía sustancias ilegales.
Pero Jartum sólo recibió el apoyo moderado y tardío de la Liga Arabe, que esta semana pidió una sesión especial del Consejo de Seguridad para discutir los ataques y una misión investigadora de la ONU.
Algunos países árabes, sobre todo Egipto, desconfían de Sudán. El Cairo acusó a Jartum de participar en 1995 en el intento de asesinato del presidente egipcio Hosni Mubarak, en Adis Abeba. Sudán niega las acusaciones.
El Consejo de Seguridad discutió la propuesta de la Liga Arabe el lunes, pero funcionarios estadounidenses descartaron la idea.
El embajador estadounidense Peter Burleigh argumentó que Washington tiene en su poder "información creíble que justifica totalmente el ataque", aunque agregó que no está dispuesto a suministrar toda la información al Consejo en este momento.
"No veo cuál sería el fin de un estudio investigador", declaró.
El diario The New York Times informó el martes que Iraq ayudó a Sudán a producir VX en la fábrica de Al Shifa y en otro lugar en Jartum. Inspectores de armas de la ONU verificaron que Iraq produjo grandes cantidades de VX, pero el embajador iraquí Nizar Hamdoon declaró que la información es falsa.
No es probable que la ONU tome medidas ulteriores, aun cuando muchos estados comparten la opinión de Kabul y Jartum de que fueron atacados antes de que se comprobara el caso en su contra.
Sudán no es popular, aun entre muchos estados de la Liga Arabe y de la Organización de la Unidad Africana. Varios países cercanos, entre ellos Kenia, Uganda, Etiopía y Eritrea, apoyan a grupos insurgentes del sur del país, opuestos al gobierno islamista del general Omar al Bashir.
La vinculación de Jartum con el atentado contra Mubarak, aunque no comprobada, mancilló la reputación de Sudán.
No obstante, es más fácil que la ONU escuche las quejas de Sudán que las del régimen fundamentalista islámico de Talibán, que controla 90 por ciento del territorio afgano, aunque no es reconocido como gobierno de Afganistán.
La ONU reconoce como gobierno al del presidente derrocado Berhanuddin Rabbani, exiliado en Irán y Tajikistán.
Sólo Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Pakistán reconocen al gobierno de Talibán. Incluso el lugar correspondiente a Afganistán en la Organización de la Conferencia Islámica lo ocupa un representante de Rabbani.
En consecuencia, Talibán no logra convencer de que Bin Laden, residente en Afganistán, no participó en los atentados contra las embajadas. "El no lo hizo. No hay pruebas de que Bin Laden haya financiado los atentados o cualquier acto terrorista", aseguró la portavoz de Talibán en Nueva York, Laili Helms.
La credibilidad de Talibán nunca fue grande en la ONU, que se enfrenta al grupo islamista por las restricciones que impone a las mujeres y a las minorías religiosas.
Incluso el pedido de la Liga Arabe para que el Consejo de Seguridad discuta los bombardeos estadounidenses ignoró el caso de Afganistán, aunque allí tuvieron lugar las únicas muertes por los ataques. (FIN/IPS/tra-en/fah/kb/aq-ml/ip/98
