Rusia anunció que no le será posible cumplir con la meta de destruir el arsenal de armas químicas más grande del mundo para el 2008, debido a la escasez de recursos para financiar el programa.
El pronóstico más optimista prevé que la meta será alcanzada en el 2010, dos años después del plazo fijado por la Convención de Armas Químicas, según confirmó el jefe de las fuerzas de defensa químicas y biológicas rusas, Stanislav Petrov.
Rusia tiene almacenadas unas 40.000 toneladas de armas químicas.
El principal escollo para cumplir con la destrucción de las armas es la falta de fondos para completar los 5.300 millones de dólares requeridos por este programa. El retraso implica una acumulación de problemas para las zonas donde se almacena el arsenal.
La organización ambientalista Cruz Verde organizó el mes pasado una serie de audiencias públicas sobre la destrucción de armas en Kizner, Udmurtiya, donde se almacena 14 por ciento del arsenal químico ruso.
El alcalde de Kizner, el científico Vladmir Alekseev, aprobó la destrucción de las armas en esa misma localidad, pero espera recibir una compensación del gobierno en la forma de recursos federales.
Las autoridades locales utilizarían esos fondos para programas de vivienda, hospitales, carreteras y otras obras de infraestructura. Pero la verdad es que el dinero aún no llega, y el único progreso visible hasta ahora son los cimientos de un futuro edificio de departamentos.
El profesor Lev Fedorov, miembro de la Unión para la Seguridad Química de Rusia, advirtió que las autoridades no le entregan a la gente información adecuada sobre el proceso de desarme.
"Los medios de comunicación difunden propaganda en vez de información. En realidad no existe ningún marco legal para que el proceso de desarme sea seguro", afirmó.
Fedorov denunció que "las armas químicas soviéticas fueron producidas a costa de la salud de varias generaciones de ciudadanos, pero el Estado ruso no contempla ningún tipo de compensación para ellos".
Según dijo, unas 10.000 personas trabajaron en las fábricas de la segunda guerra mundial, de las cuales unas 8.000 participaron en la fabricación de agentes neurotóxicos como sarín, soman y gas-V.
En todos los casos hubo algún grado de envenenamiento químico, pero los obreros fueron olvidados después de la guerra.
"Unas 5.000 personas fabricaban el sarín en la planta química de Volgogrado y 3.000 más elaboraban el gas-V en Novocheboksarks (en la república Chuvash, 550 kilómetros al este de Moscú)", dijo Fedorov.
Añadió que los trabajadores no serán compensados por los daños a su salud pese a que "incluso pequeñas dosis de estos químicos causan enfermedades crónicas en personas expuestas", un hecho confirmado por informes científicos elaborados en Rusia.
"Mientras los trabajadores rusos no reciban una compensación por el daño a la salud sufrido durante la producción de armas químicas, será imposible avanzar en el programa de destrucción", advirtió Fedorov.
El académico destacó que en cualquier caso el proceso de destrucción no será sencillo. "Las armas químicas están almacenadas en rincones aislados de Rusia, donde no existen servicios de agua potable, gas ni alcantarillado".
Los habitantes de estas regiones no confían en el Estado ruso, y parecen seguros de que una vez culminada la destrucción de las armas continuarán sin acceso a servicios básico'.
Esta convicción ya detonó algunas protestas de los lugareños contra los planes de eliminación de armamento. Manifestaciones realizadas en 1989 impidieron la construcción de una planta de destrucción en Chapayevsk, un hecho que se repitió en la república de Chuvash en 1992 y en la región de Bryansk en 1995.
"La gente continuará protestando e interrumpiendo el proceso de destrucción de las armas hasta que las autoridades, y especialmente los encargados del sector químico, entiendan que es preciso cooperar con la población y atender sus necesidades", pronosticó Fedorov.
Así mismo, criticó que las autoridades no hayan establecido relaciones de trabajo con organizaciones ecológicas, representantes de los intereses de la población.
"El programa de destrucción de armas químicas de Rusia no fue sometido a estudios ambientales y por lo tanto no cuenta con la confianza de la población ni de las organizaciones ecológicas. Será imposible completar este programa en 10 años", advirtió.
Petrov, por su parte, reconoció que Rusia se había propuesto concluir el programa aún antes del plazo fijado, en el 2005, pero se vio obligada a diferir ese plazo al menos cinco años.
El programa recibe ayuda internacional, en especial de Estados Unidos y Alemania. Países como Finlandia y Suecia ya ofrecieron cooperación en el proceso de inspección a las condiciones de almacenamiento de las armas químicas.
Pero Petrov no se hace ilusiones con la ayuda procedente del extranjero, pues se calcula que en ningún caso superará el equivalente a cinco por ciento de los 5.300 millones de dólares requeridos. (FIN/IPS/tra-en/ai/jmp/rj/lc-ml/ip/98
