El gobierno y el Congreso de Estados Unidos están divididos sobre la política a aplicar a Colombia con respecto a los derechos humanos, el narcotráfico y el proceso de paz propuesto entre la administración del presidente electo Andrés Pastrana y la guerrilla.
Las divergencias sobre cómo proceder con Colombia abundan en la administración del presidente Bill Clinton, pero también en el Congreso, que debe autorizar el dinero para la implementación de la política exterior de Washington.
"La mayoría de los organismos burocráticos están divididos sobre lo que se debe hacer con Colombia", lamentó un alto funcionario del Departamento de Estado, partidario de un papel más intervencionista de Estados Unidos.
"Pastrana sufrirá las políticas e intereses contradictorios de Estados Unidos", anticipó.
"En el gobierno de Estados Unidos hay quienes pretenden una mayor participación en el esfuerzo contrainsurgente, quienes abogan por los derechos humanos y quienes creen que Washington debe apoyar el proceso de paz en Colombia. No es una política coherente", dijo Marc Chernick, de la Universidad de Georgetown.
El Ejército de Liberación Nacional, uno de los grupos insurgentes de Colombia, se reunirá el próximo domingo con representantes de la sociedad civil colombiana en la ciudad alemana de Mainz.
El gobierno colombiano no participará en el encuentro, destinado a convocar a una Convención Nacional que determine los términos de una posible negociación con Bogotá.
Públicamente, Estados Unidos apoya el proceso de paz entre el gobierno de Pastrana, que asumirá la presidencia en agosto, y los tres grupos insurgentes. A la vez, Washington incrementó su respaldo a las fuerzas armadas colombianas, cuyos líderes se oponen a las negociaciones, según se cree.
Se espera que Washington envíe este año a Colombia 100 millones de dólares en ayuda militar y más de 200 asesores. De esta manera, las fuerzas armadas de ese país serán las mayores receptoras de asistencia estadounidense en América.
"Si Estados Unidos sigue otorgando su ayuda militar fortalecerá a los militares y permitirá la continuación de la guerra contra la insurgencia", opinó Colletta Youngers, de la organización de derechos humanos Oficina de Washington sobre América Latina.
"Esto sucede mientras casi todos en Colombia están a favor de las conversaciones de paz", añadió.
Las leyes aprobadas por el Congreso en el último año reflejan la división del gobierno estadounidense.
Mientras los republicanos lograron que Washington proporcione seis helicópteros de transporte Bell a la policía antinarcóticos colombiana, los demócratas aprobaron la Enmienda Leahy, que prohíbe brindar ayuda a unidades militares supuestamente responsables de violar los derechos humanos.
Pero el conflicto no es sólo una cuestión de competencia entre radicales -partidarios de dar más apoyo a las fuerzas armadas contra los rebeldes- y moderados -partidarios de que Washington respalde plenamente el incipiente proceso de paz-, señaló Cynthia Arnson, especialista del centro de investigación Woodrow Wilson, de Washington.
Los intereses y argumentos en juego son más complicados.
Por ejemplo, algunos radicales argumentan que aumentar el apoyo a las fuerzas armadas colombianas, consideradas abusivas e ineptas, es la mejor manera de respaldar el proceso de paz.
"Si no se convence a los guerrilleros de que tienen que llegar a un acuerdo negociado o sufrir las terribles consecuencias, ¿que interés tendrán (en negociar)?", preguntó el funcionario del Departamento de Estado. "Al gobierno se le deben brindar los medios para demostrar que domina la situación".
Pero desde este punto de vista, no se trata sólo de proporcionar más poder bélico y capacitar mejor a las fuerzas armadas.
El énfasis está puesto en una "reforma" de los militares para limitar las violaciones a los derechos humanos y el cese de los vínculos con grupos paramilitares que masacraron a civiles en zonas controladas por la guerrilla.
El modelo propuesto por los partidarios de este punto de vista es el de la política empleada por Washington para "limpiar" las fuerzas armadas de El Salvador durante los años 80.
"Si no intervenimos, la situación no se corregirá por sí sola. Habrá más brutalidad y violaciones de los derechos humanos, sin negociaciones serias porque a los guerrilleros les va bien en el campo de batalla y están haciendo una fortuna", señaló el funcionario.
Un paso esencial para reformar a las fuerzas armadas, según algunos funcionarios de Washington, tuvo lugar el mes pasado cuando Bogotá eliminó la 20 Brigada de Inteligencia, acusada por fiscales colombianos y legisladores estadounidenses de participar en escuadrones de la muerte.
Pero el problema es que la reforma de las fuerzas armadas puede llevar muchos años, como ocurrió en El Salvador. "Es un argumento peligroso. Aplaza la idea de la paz por muchos años", advirtió Chernick.
Chernick y Youngers elogian la ampliación de la agenda bilateral con Colombia, dominada desde mediados de los años 80 por la guerra contra el narcotráfico, que incluyó a los derechos humanos y el proceso de paz.
Pero ambos temen que las drogas sigan siendo el tema dominante y desplacen a otras cuestiones, sobre todo mientras las fuerzas antinarcóticos de Washington continúen esgrimiendo el argumento de que los insurgentes, debido a la supuesta protección que brindan a los campesinos de coca y los traficantes, se convirtieron en "narcoguerrilleros".
"Hay personas en el gobierno y el Congreso de Washington que creen que no se ganará la guerra contra las drogas hasta derrotar a la guerrilla", aseguró Arnson.
Esta opinión es compartida por muchos funcionarios a cargo de la política antinarcóticos en la Casa Blanca y el Departamento de Estado, así como por integrantes del Comando Austral del Pentágono (Departamento de Defensa), dirigido por el teniente general Charles Wilhelm.
"Resulta muy difícil respaldar el proceso de paz si se cree que las guerrillas están involucradas en el narcotráfico", señaló Chernick.
Oficialmente, la ayuda militar que Estados Unidos brinda a Colombia se dedica exclusivamente a la guerra contra el narcotráfico. Pero los equipos y la capacitación proporcionados a los militares colombianos para este fin también se pueden utilizar contra la guerrilla.
La mayoría de los analistas creen que los altos estratos de poder de Washington se oponen a incrementar la intervención en Colombia, sobre todo en el Consejo de Seguridad Nacional y entre los jefes del Estado Mayor.
"Este gobierno debatirá el problema pero no incrementará su participación", opinó el funcionario del Departamento de Estado. (FIN/IPS/tra-en/jl/aa/aq/ip/98
