Tres consorcios de cuatro continentes se reinscribieron para competir el día 30 en la privatización del aluminio en Venezuela, que ya fracasó al intentar vender en abril el grupo de plantas productoras de 665.000 toneladas anuales.
Los inscriptos para la subasta son Kaiser (Estados Unidos), Norsk Hydro-Reynolds (Noruega-Estados Unidos), y Billiton-Pechiney- Century-Sural-Alentuy (Gran Bretaña-Sudáfrica-Francia-Estados Unidos-Venezuela).
Se abstuvo de participar otro precalificadao, Alcoa-Alcan (Estados Unidos-Canadá), invocando insuficiencias legales, pues el parlamento todavía no aprobó los cambios en el contrato asociados a la rebaja en el precio respecto de abril.
El ministro de Inversiones, Alberto Poletto, conductor del proceso de privatización, reiteró que el gobierno "tratará de armar el paquete más atractivo posible con la mayor viabilidad política" para vender el complejo en dos semanas.
En abril, el Estado venezolano fijó en 2.100 millones de dólares el precio de base de su complejo alumínico, y dispuso la venta de 70 por ciento de esas acciones. Pequeños porcentajes pertenecen a Reynolds y grupos japoneses, y hay reservas legales para vender a los trabajadores y al público.
Pero el proceso se ha visto comprimido entre dos paredes: de un lado las presiones de los compradores para que el contrato fijase las condiciones más blandas posibles, y del otro políticos y transformadores locales que pugnaron por endurecerlas.
En mayo renunció el coordinador del proceso, Waldo Negrón, invocando la falta de respaldo político para el proceso, sostenido sin embargo por el Ejecutivo. "Es una necesidad, el Estado no está en condiciones de invertir para modernizar el complejo", dijo el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff.
El proceso ilustra las dificultades de una nación del Sur en desarrollo para apuntalar una industria que en su momento consideró estratégica, fuente segura de divisas y diversificadora de su industria.
Venezuela es el octavo país del mundo en producción de aluminio primario y tiene uno de los más bajos costos de producción, con abundantes y baratos recursos como yacimientos de bauxita, hidroelectricidad, ubicación geográfica privilegiada y mano de obra calificada.
En los años 60 comenzó el desarrollo del aluminio con Alcasa (reductora de 210.000 toneladas/año) en sociedad con Reynolds, en el "Ruhr venezolano" o complejo de industrias pesadas en la confluencia de los ríos Caroní y Orinoco, en Guayana, 600 kilómetros al sureste de Caracas.
Tras descubrirse grandes yacimientos de bauxita en la zona, se lanzó en sociedad con firmas japonesas el proyecto Venalum (430.000 toneladas anuales) en los años 70, y se fijó como meta producir entre 1,7 y dos millones de toneladas/año al llegar al umbral del nuevo siglo.
Pero los proyectos fueron víctimas de las fluctuaciones en los precios internacionales del recurso, de la merma en inversiones, de conductas gerenciales y laborales influidas por conveniencias políticas, y de retrasos en la adopción de nuevas tecnologías.
Llegada esta década se propuso su privatización y la propuesta fue adoptada por el actual gobierno de Rafael Caldera, cuando la quincena de grandes firmas que manejan el negocio en el mundo disponen de ofertas de inversión y venta en varios puntos del globo.
El gobierno venezolano se vio así necesitado de presentar una oferta atractiva para los consorcios globales. Pero no tuvo éxito el proyecto de abril, con compromisos de inversión por 300 millones de dólares en cuatro años, estabilidad para los 9.900 empleados y pasivos laborales por 150 millones de dólares.
Los nueve grupos preinscriptos hasta marzo se redujeron a cinco, a tres y, finalmente, todos desertaron y la subasta se declaró desierta. Ahora, el gobierno ha tejido un nuevo proyecto, con menos compromisos para el adquiriente, incluida la posibilidad de suprimir hasta 1.000 empleos.
Un obstáculo adicional está representado por la campaña electoral para renovar los poderes públicos en noviembre y diciembre. El candidato presidencial que encabeza las encuestas, el ex coronel golpista Hugo Chávez, se opone a las privatizaciones.
Como el parlamento elegido en 1993 cierra sus trabajos en julio, el actual proceso es una carrera contra-reloj que obligó a Poletto a un intenso cabildeo ante las fuerzas políticas para que aprueben rápidamente el nuevo contrato.
La falta de sanción parlamentaria fue invocada por Alcoa-Alcan para abstenerse de acudir al proceso. Billiton podría retirarse en los próximos días, según fuentes de la industria.
Ello agrega una presión adicional al equipo de Poletto para fijar un nuevo precio de base, en tanto confiere ventaja a los gigantes del negocio para presentarse con ofertas bajas.
Venezuela, en este año de "vacas flacas" en sus ingresos petroleros, se encontraría así vendiendo una de sus joyas para apenas deshacerse de un fardo, sin grandes dividendos.
Eso sucedería en el que Poletto considera el mejor de los casos, el de una venta temprana. En caso contrario, en pleno año electoral y al debutar el nuevo gobierno en 1999, deberá cargar con una reestructuración de la industria blanca mientras espera que de nuevo acudan a su puerta los gigantes del aluminio. (FIN/IPS/jz/ml/if/98
