Diplomáticos de 180 naciones comienzan hoy en la capital de Italia cinco semanas de discusiones sobre cómo acabar con los asesinatos en masa a través de la creación de una corte penal internacional.
Si la Conferencia de las Naciones Unidas para Establecer una Corte Penal Internacional (CPI) concluye con éxito, se habrá impedido que futuros Pol Pot aterroricen a civiles o que ocurran genocidios como el que sufrió Ruanda en 1994 mientras el mundo mira en silencio, según activistas.
Pero los activistas se preguntan cuántos gobiernos permitirían que una corte acuse a sus altos militares o aun a su jefe de Estado o de gobierno.
Algunos mencionan, por ejemplo, a Saddam Hussein, quien con seguridad no habría autorizado a una corte así investigar la supuesta masacre de kurdos en Iraq en 1988.
Washington también trata de restringir el poder de cualquier cuerpo que pueda juzgar a soldados estadounidenses en el extranjero. David Scheffer, jefe de la delegación de Estados Unidos en la conferenci en Roma, alertó que tal autoridad socavaría las misiones de paz en las que participa su país.
En resumen, docenas de gobiernos aspiran a que la CPI considere los crímenes de guerra de otros países, pero no los propios.
Estados Unidos y Francia pretenden qu el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que ambos tienen la potestad del veto, mantenga suficiente poder sobre la corte y pueda impedir acusaciones no deseadas.
China pretende que el consentimiento del estado sea requisito de un proceso de la CPI, procedimiento que daría derecho de veto a todos los gobiernos, incluso aquellos encabezados por criminales de guerra, advirtió Richard Dicker, de la organización Human Rights Watch.
En Roma están en juego dos propuestas sobre el modo de funcionamiento del CPI.
La primera exige la existencia de un fiscal independiente y una amplia gama de poderes para efectuar investigaciones con una supervisión mínima del Consejo de Seguridad u otros organismos.
La otra es caracterizada como "corte de los vencedores", que solo juzgaría a oficiales que perdieron su poder, como fue el caso del Tribunal de Nüremberg después de la segunda guerra mundial.
"Esa sería una forma muy extraña de justicia, que solo acusa a los perdedores", se lamentó el vicepresidente del Senado de Italia, Domenico Contestabile.
La propuesta tampoco sería aceptable para las casi 300 organizaciones no gubernamentales que asisten a la reunión en Roma. "No respaldaremos una corte a cualquier costo", alertó Jelena Pejic, coordinadora europea del Comité de Abogados por los Derechos Humanos.
Si la CPI depende demasiado de la cooperación de los estados, crearla solo agravaría la situación, explicó Pejic.
Los países más poderosos captaron esas señales y procuran ahora algún acuerdo. Gran Bretaña aceptó la propuesta denominada "Acuerdo de Singapur", que permitiría al Consejo de Seguridad como órgano evitar que la CPI aborde casos específicos pero no que un país ejerza el veto en ese sentido.
Se prevé que Estados Unidos acepte esta propuesta.
"Pocas naciones cooperarán si la corte es considerada una herramienta de las grandes potencias", sostuvo el diario estadounidense The New York Times.
Algunos países con tener malos antecedentes en materia de derechos humanos, como Nigeria e Indonesia, se niegan a asignar demasiado poder a la corte, e incluso se encuentran en esa posición pilares del Movimiento de Países No Alineados, como México e India. (FIN/IPS/tra-en/fah/mj/hd/98
