El bloqueo económico impuesto a Burundi luego del golpe militar de 1996 apenas afectó a los gobernantes de ese país centroafricano, pero perjudicó gravemente a la mayoría de la población, que padece escasez de alimentos.
En los últimos meses, el equilibrio de la dieta de los burundianos se deterioró en forma alarmante. Organizaciones humanitarias estiman que 40.000 niños están desnutridos y 300.000 personas sufren de hambruna.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) comenzó a transportar alimentos por vía aérea a miles de niños y niñas desnutridos en centros de alimentación de todo el país. Ya entregó 600 toneladas de azúcar, leche en polvo, aceite y legumbres.
El primer transporte aéreo de alimentos a Burundi desde 1994 fue financiado por la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea a un costo de 500.000 dólares.
Otras misiones del PMA a provincias como Bururi, en el suroeste del país, confirmaron que se necesitan más alimentos con urgencia para que el creciente número de niños desnutridos puedan incorporarse a programas de alimentación suplementaria y terapéutica.
"La desnutrición en este país está en aumento", lamentó Jean- Luc Siblot, director del PMA para Burundi. "Unas 300.000 personas padecen escasez de alimentos, y los primeros afectados son los niños", advirtió.
El embargo internacional contra Burundi es la principal causa de la actual crisis, de acuerdo con un informe del Grupo Internacional de Crisis (GIC) con sede en Bruselas.
A las pocas semanas de la imposición de las sanciones, el precio de los productos esenciales casi se duplicó, según el informe.
Entre julio de 1996 y junio de 1997, se duplicó también el precio del frijol verde, el cultivo básico de Burundi, lo que obligó a la mayoría de los campesinos a modificar su dieta.
"Muchos se limitan ahora a una comida por día", señaló el GIC. Los campesinos constituyen 92 por ciento de la población.
Burundi está desconectado del mundo exterior -al menos en teoría- desde julio de 1996, cuando sus países vecinos le impusieron duras sanciones económicas debido al derrocamiento del gobierno de coalición por el ejército, dominado por tutsis y encabezado por el mayor Pierre Buyoya.
Pocos días después, Etiopía, Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda y el antiguo Zaire emitieron una lista de demandas que el gobierno de Burundi debería cumplir para el levantamiento de las sanciones.
Luego, en una cumbre realizada en febrero en Kampala, Eritrea, Etiopía, Kenia, República Democrática de Congo, Ruanda, Uganda y Zambia acordaron mantener el embargo hasta que Buyoya restaure el régimen civil en Burundi.
"Los efectos negativos del bloqueo económico superan cualquier efecto positivo que hayan tenido", sostuvo el GIC. "En lugar de distribuir la riqueza, el embargo volvió a los ricos más ricos y a los pobres más pobres", agregó.
El conflicto civil de Burundi estalló tras el asesinato del presidente Melchior Ndadaye durante un fracasado golpe de Estado de soldados tutsis contra el gobierno del Frente para la Democracia en Burundi, en 1993.
Desde entonces, murieron decenas de miles de civiles desarmados, muchas veces sólo por su origen étnico.
Mientras, la situación alimentaria se vuelve crítica. "Las reservas de ayuda alimentaria en Burundi se están agotando, ya que sólo recibimos una fracción de lo que precisamos", dijo Siblot, del PMA. (FIN/IPS/tra-en/ns/an/ml/ip-dv/98
