El presidente Hugo Banzer regresó de Nueva York a Bolivia con la pesada carga de la promesa que hizo a la comunidad internacional de que sacará a su país del circuito de la coca y la cocaína antes del fin de su mandato, el 6 de agosto del 2002.
Banzer dijo ser capaz de cumplir en solo cuatro años el compromiso que el día 10 firmaron 155 países en la sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de reducir significativamente la oferta y demanda de drogas en el mundo para el 2008.
"Nuestra propuesta ha merecido mucho interés de los participantes, porque Bolivia ha sido el único país que ha entregado un plan de lucha contra el narcotráfico" en la ONU, dijo con orgullo el mandatario a su llegada a La Paz.
Para cumplir con esa promesa, Banzer propuso una alianza mundial contra las drogas, la creación de un grupo consultivo que evalúe, coordine y controle en forma multilateral los avances en esa guerra y facilite el financiamiento de los programas.
Sin embargo, el compromiso, propuesto por Banzer en 1997 pero oficializado ante la ONU sólo la semana pasada, es observado con escepticismo y preocupación por sectores críticos de una tarea considerada necesaria pero imposible de cumplir en esos términos.
Evo Morales, principal dirigente de las 35.000 familias campesinas que hoy viven de la economía de la coca en la región productora del Chapare, en el centro del país, calificó la propuesta de demagógica e imposible de cumplir.
El sindicalista, también parlamentario en representación de la región del Chapare, afirmó el fin de semana pasado que el gobierno obedece a supuestas presiones de Estados Unidos y no considera el costo social de los planes de erradicación.
"Al gobierno boliviano le engaña Estados Unidos con su promesa de dar apoyo económico para erradicar la coca y a nosotros, los cocaleros, nos engaña el gobierno diciéndonos que debemos salvar a Bolivia erradicando nuestros cultivos", dijo Morales.
El gobierno de Banzer pretende sacar a Bolivia del circuito del narcotráfico antes del 2002 mediante el denominado Plan Dignidad, que consiste en erradicar gradualmente las aproximadamente 35.000 hectáreas de coca del Chapare.
Las estadísticas oficiales señalan que más de 95 por ciento de la coca que se produce en esa región se destina a la fabricación de cocaína.
Interdicción, erradicación, desarrollo alternativo y prevención son los cuatro pilares del plan, implementado a un costo de 952 millones de dólares.
El pilar central de esa estrategia es la erradicación de coca, compensada con montos que irán disminuyendo gradualmente de 2.500 dólares por hectárea destruida.
En teoría, la coca que aún quedase en el Chapare en el 2002 sería erradicada por la fuerza y sin compensación económica.
Antonio Araníbar, canciller durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), opinó que el compromiso unilateral de Banzer con la comunidad internacional es "irresponsable", porque esa tarea es "de responsabilidad compartida".
"El presidente debe estar consciente de que su plan antidrogas está destinado al fracaso, no porque lo quieran sus opositores, sino sencillamente porque no es coherente con la naturaleza del fenómeno del narcotráfico", aseguró Araníbar, hoy en la oposición.
Según ese criterio, el problema del narcotráfico tiene una raíz y una característica trasnacional, por lo que no puede ser combatido sólo por un país.
Banzer procura obtener financiamiento de su programa antidrogas, en especial de Estados Unidos y la Unión Europea, pero aún no tiene el respaldo económico que requiere.
Estudios del gobierno estiman que el narcotráfico introduce en la economía boliviana aproximadamente tres por ciento del producto interno bruto, unos 200 millones de dólares anuales.
Bolivia es considerado el segundo productor mundial de coca, después de Perú, y el segundo productor de clorhidrato de cocaína, después de Colombia. (FIN/IPS/jcr/mj/ip/98
