La violenta incursión del ejército mexicano en una comunidad del sureño estado de Chiapas para detener a líderes opositores y catequistas católicos atizó la intolerancia que reina entre grupos indígenas de esa zona.
Políticos de oposición y grupos humanitarios calificaron la acción militar realizada el miércoles pasado de "brutal y provocadora" y la consideraron parte de la estrategia oficial para dividir y minar las bases de los rebeldes zapatistas.
"En Chiapas, el gobierno es un fiel exponente de la máxima divide y reinarás", opinó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, de la orden católica de los jesuitas.
Unos 1.000 soldados llegaron el miércoles a la comunidad de Nicolás Ruiz, en Chiapas, y detuvieron a campesinos, rompieron puertas de viviendas, golpearon a mujeres y niños e inundaron el ambiente de gases lacrimógenos, indicaron los testigos.
Fue el enésimo episodio violento en la zonas rurales de Chiapas, una región colonizada hace menos de 35 años con respaldo del gobierno y la Iglesia Católica, y ahora escenario de guerra política, religiosa y racial y con el telón de fondo de la pobreza.
Divididos por el apoyo o rechazo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por la afiliación a partidos políticos y grupos religiosos y por origen étnico, muchos indígenas de Chiapas viven hoy en guerra permanente y otros vagan sin rumbo, huyendo de la violencia.
Catequistas y autoridades de Nicolás Ruiz, elegidas en asamblea y reconocidas por el Instituto Federal Electoral, fueron acusados por la gobernación de Chiapas de cerrar el acceso a la comunidad con retenes y de hostigar a simpatizantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La acción del ejército agudizó las divisiones y agregó nuevas dificultades para restablecer el diálogo de paz entre el EZLN y el gobierno, suspendido en 1996.
El gobernador interino de Chiapas, Roberto Albores, dijo que el operativo de la víspera, que siguó al desmantelamiento de dos municipios autónomos creados por seguidores de la guerilla, busca restablecer el orden en el estado, donde algunas autoridades "se creían intocables", como las de Nicolás Ruiz, .
Según los testigos, civiles con el rostro cubierto identificaron ante los soldados las viviendas de simpatizantes de la guerrilla y a los indígenas que participan de la administración municipal, que es dirigida por el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El PRD protestó por la incursión del ejército en Nicolás Ruiz y exigió que los soldados actúen de esa forma contra los grupos paramilitares de Chiapas, ninguno de los cuales ha sido desembrado.
El secretario de Gobernación (ministro del Interior), Francisco Labastida, aseguró que el Poder Ejecutivo no perseiguie a nadie, sino que sólo pretende evitar la anarquía y restablecer el orden.
El presidente Ernesto Zedillo acusó las últimas semanas a los "teólogos de la violencia" y a las fuerzas opositoras de obstruir la pacificación de Chiapas, un estado en que 32 por ciento de los 3,4 millones de personas que lo habitan sólo hablan lenguas vernáculas y el índice de marginación es el más alto del país.
Molestos por la referencia a los "teólogos de la violencia", los obispos católicos negaron que sus sacerdotes alienten la violencia y exhortaron "a quienes se creen los dueños de la verdad" a reconocer sus errores para contribuir a la paz.
Las investigaciones sobre el origen del EZLN indican que las Fuerzas de Liberación Nacional, un grupo marxista-leninista que las autoridades creían desmembrado, llegó a Chiapas en los años 80 y comenzó a trabajar con los indígenas utilizando las estructuras de organización creadas por la Iglesia.
En un principio no hubo conflicto entre los gestores de la guerrilla y la Iglesia de la zona, dirigida por el obispo Samuel Ruiz, pero cuando se supo que la insurrección sería un hecho, las partes entraron en disputa.
Esas diferencias se trasladaron a los indígenas, entre quienes también se observan conflictos de tipo político y religioso vinculados al ingreso en la zona de protestantes y de musulmanes fundamentalistas.
Observadores de diversos países llegados a Chiapas en los últimos meses y acusados por el gobierno de "turistas revolucionarios", sostienen que en el estado sureño se vive una "guerra sucia" contra los indígenas.
"Valiéndose de la religión, se aplica todo un plan de contrainsurgencia o contrarrevolución que intenta penetrar y romper la unidad de la comunidades" indígenas, advirtió Oscar Salinas, vicario pastoral de la diócesis de San Cristobal, la tercera ciudad de Chiapas. (FIN/IPS/dc/ff/ip hd cr/98