La Corte Suprema de Justicia de Venezuela consideró que no existen elementos para abrir un proceso al presidente Rafael Caldera por la alegada ilegalidad de un canje de bonos de la deuda externa en el mercado internacional.
El caso provocó en diciembre la caída del entonces ministro de Hacienda, Raúl Matos, una de las figuras más cercanas a Caldera, que renunció para no ser defenestrado por un voto de desconfianza del parlamento bicameral, donde el gobierno está en minoría.
Si la Corte se hubiera pronunciado a la inversa, habría sido la segunda ocasión consecutiva en que un gobernante elegido por los venezolanos no finalizara su mandato, siempre que el Senado hubiera respaldado la apertura del enjuiciamiento.
En mayo de 1993, Carlos Andrés Pérez salió de la presidencia para ser enjuiciado por la Corte Suprema por el desvio ilegal de fondos secretos, lo que puso fin a un gobierno convulsionado por dos cruentos intentos de golpe de Estado, el año previo.
Los magistrados del máximo tribunal decidieron ahora por unanimidad que no hay méritos para enjuiciar a Caldera en el último de sus cinco años en el poder, por la aprobación de una operación que incumplió extremos legales, según el recurso.
La demanda fue introducida por dirigentes del izquierdista partido Patria Para Todos (PPT), que en 1993 también fracasó en una causa contra Pérez, cuyo proceso fue abierto en base a los racaudos de la Fiscalia General (Acusador Público).
Los magistrados consideraron que en la demanda contra Caldera, Matos y otro de sus ministros, existieron vicios de forma y de fondo, que los llevó a desestimar la demanda del PPT.
José Albornoz, jefé de la fracción parlamentaria del PPT, anunció este miércoles que su partido estudia elevar un recurso a instancias internacionales que no detalló, porque a su juicio hubo un claro daño al país con el canje de títulos de deuda.
El dictamen de la Corte brinda un sello de legalidad al canje de 4.000 millones de dólares de los bonos tipo Brady, por otros denominados globales, de vencimiento a 30 años y que no requieren aval de la República, que se realizó en septiembre.
El gobierno venezolano y los analistas financieros de Nueva York calificaron esa emisión de bonos de deuda, una de las mayores de América Latina, como un contundente éxito para el país.
Pero los grupos políticos del Congreso, donde el gobierno solo controla una cuarta parte de los escaños, asumieron una oposición frontal contra una operación sobre la que no fueron informados, en una tensa prueba de fuerza que perdió el gobierno.
El acecho jurídico no acabó aún para la operación con la deuda externa, que devolvió brillo al mercado financiero a Venezuela, después de que los inversores dieran la espalda a Caldera por la fracasada política de controles que dominó su gestión hasta 1996, cuando impuso un nuevo ajuste neoliberal.
El ponente de la decisión a favor de Caldera, el magistrado Alirio Abreu, precisó que el fallo no tiene implicaciones sobre el caso abierto por otras denuncias en el Tribunal Superior de Salvaguarda, que juzga las acusaciones de corrupción contra altos funcionarios.
Además, la misma Corte Suprema deberá decidir en las próximas semanas si acoge el recurso de nulidad de los decretos que autorizaron la transacción de bonos Brady por Globales.
Pero ninguna de esas dos causas implica al presidente, de 82 años, que en febrero deberá entregar el poder a quien resulte elegido en los comicios del 6 de diciembre con un balance negativo en materia económica y social, ya que la pobreza afecta a 70 por ciento de la población, según cifras oficiales.
Ese porcentaje significa que, durante la segunda administración del ahora independiente socialcristiano, que ya goberno el país entre 1969 y 1974, los pobres entre una población de 23 millones de personas aumentaron al menos 25 puntos.
Además, los servicios públicos, la salud y la educación soportan un virtual colapso, en un país donde el presupuesto supera los 20.000 millones de dólares, pero en que el servicio de la deuda se lleva una cuarta parte y del resto, 80 por ciento se va en gasto corriente.
Las firmas encuestadoras coinciden en que, pese a esa situación, un tercio de la población no tiene una posición de rechazo frontal al gobierno de Caldera.
El restablecimiento de la estabilidad política tras la crisis institucionales de 1992 y 1993 favorece a Caldera frente a la opinión pública, de acuerdo con la interpretación de esos institutos. (Fin/IPS/eg/ff/ip/98
