Si el presidente de Perú, Alberto Fujimori, finalmente se postula a una tercera reelección consecutiva en el año 2000, ya no podrá contar con los votos de medio millón de evangélicos, que tuvieron papel decisivo en su triunfo de 1990.
Los protestantes intervinieron por primera vez como fuerza política ese año, y su apoyo fue el factor decisivo para sacar del anonimato político al desconocido profesor universitario de origen japonés que derrotó a los partidos tradicionales y al famoso escritor Mario Vargas Llosa.
Fujimori llevó en su lista al parlamento a seis líderes evangélicos y colocó como Vicepresidente al pastor protestante Carlos García.
Sin embargo, después de asumir el poder, Fujimori se acercó a la jerarquía de la Iglesia Católica, que lo había combatido. Los líderes protestantes se alejaron del mandatario criticando su política económica y García renunció a la vicepresidencia.
Los defraudados dirigentes de la comunidad protestante, que condenan la política de Fujimori, cuya orientación económica neoliberal califican de contraria a los principios sociales del cristianismo, están organizando ahora un partido político propio.
El partido protestante en gestación, Fraternidad Nacional, será el cuarto de raíz religiosa en Perú, en donde existen dos partidos democristianos y el Frepap, grupo político creado por una secta religiosa de origen andino cuyos fieles varones no se cortan el pelo y las mujeres se visten con atavíos bíblicos.
Los coordinadores del proyectado partido están vinculados al Concilio Nacional Evangélico, que agrupa a las 40 iglesias protestantes peruanas con mayor número de fieles y representa en la práctica a más de un centenar de pequeñas iglesias.
El proyectado partido se propone intervenir en las elecciones generales del año 2000, pero aún no decidió si postulará a un candidato presidencial propio o respaldará otra candidatura.
Pero ya es seguro, en cambio, que el movimiento político evangélico presentará una lista propia de candidatos al parlamento.
Si el Congreso no modifica el reglamento electoral vigente, que establece la votación parlamentaria preferencial, que da derecho a cada elector a votar en cada lista por el candidato de su preferencia, la conformación de la lista parlamentaria protestante no presentará mayores dificultades.
Pero si se elimina el voto preferencial y los escaños se asignan a los que ocupen los primeros lugares según la votación conjunta de cada lista, como proponen los partidos tradicionales, la unidad del plural movimiento evangélico será puesta a prueba.
Felipe Medina, presidente de la Confraternidad de Pastores de Perú, y Juana Avellaneda, del movimiento evangelista Líder, sostienen que ninguno de los líderes de la comunidad protestante peruana tiene aspiraciones políticas personales.
Tanto Medina como Avellaneda afirman que el objetivo político del movimiento es promover un modelo social basado en los principios de la solidaridad social cristiana, "contrario al egoísmo del modelo neoliberal imperante".
Pese a estas afirmaciones, las primeras iniciativas políticas de Medina y Avellaneda revelan que uno de sus principales propósitos consiste en mejorar las posibilidades de negociación de la comunidad protestante con las autoridades, sobre todo para poner fin a los privilegios concedidos a la Iglesia Católica.
Se calcula que en Perú, país de 24 millones de habitantes, el 90 por ciento de la población es católica y el cinco por ciento pertenece a alguna de las numerosas iglesias protestantes.
La feligresía protestante está en indudable crecimiento, especialmente entre los sectores pobres y marginados de la sociedad peruana, fenómeno que preocupa a la jerarquía católica y que lo atribuye al poderoso respaldo financiero procedente de Estados Unidos y Europa.
Medina anunció que pedirá al Congreso que inicie el trámite para modificar la Constitución, "pues aunque el artículo dos establece la libertad de culto y prohibe la discriminación religiosa, en el articulo 50 se dice que la única religión reconocida por el Estado es la católica".
Avellaneda, por su parte, pidió a la Defensoría del Pueblo que intervenga en respaldo de su gestión para que las municipalidades de Lima y otras ciudades del país deroguen la ordenanza que grava a los templos protestantes con impuestos, como si fueran empresas comerciales.
"Queremos el mismo trato tributario que las iglesias católicas, que están libres de impuestos y arbitrios municipales", afirmó Avellaneda.
Regidores de los municipios de Lima y de Huancayo, ciudad de la sierra central en la que hay gran cantidad de fieles protestantes, expresaron recientemente que el tema de la extensión de la exoneración de impuestos a las iglesias evangélicas está en la agenda y se contemplará próximamente.
Se considera que en ambos municipios los partidos políticos están negociando con los líderes de las comunidades evangélicas para obtener respaldo electoral futuro a cambio del apoyo a su gestión de exoneración tributaria.
Para convertirse en partido reconocido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se requiere presentar el respaldo de medio millón de firmas, una barrera infranqueable para la mayoría de los proyectos de creación de partidos.
Pero se estima que los protestantes, que se calcula entre uno y dos millones, y de reconocido activismo social, no tendrán dificultades para conseguir ese número de firmas.
Medina anticipó que los promotores del partido se proponen recoger dos millones de adhesiones, "pues la búsqueda de firmas de respaldo para el registro de partidos permitirá difundir los conceptos de la palabra cristiana sobre los temas sociales". (FIN/IPS/al/ag/ip-cr/98
