Decepcionados de las instituciones oficiales que deben protegerlos, las organizaciones de consumidores en Perú preparan una nueva forma de lucha: el boicot comercial.
El boicot tiene que ser masivo para tener capacidad de presión contra la empresa denunciada, lo que exige un adecuado desarrollo de la conciencia de los usuarios, según el abogado Wilfredo Ardito, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDELE).
"En Perú, las autoridades pueden aplicar multas a quienes infringen derechos de los consumidores, o los damnificados pueden entablar acciones judiciales, pero esos procedimientos no suelen ser suficientes y la única fórmula es golpear a los infractores en donde más les duele, en el mercado", dijo Ardito.
"El boicot comercial es una vía de acción legal, porque no toda la población tiene la posibilidad de participar asistiendo a una marcha, y tampoco es cosa de esperar las próximas elecciones para designar autoridades mas enérgicas", añadió.
Ardito propone, por ejemplo, que los consumidores se nieguen a comprar los fideos fabricados por una empresa transnacional que está construyendo su planta industrial frente a la reserva ecológica más importante de Lima, los pantanos de Villa.
Esta empresa obtuvo autorización irregular de un municipio de Lima y ahora se rehusa acatar al Concejo Metropolitano, que le reclama que mude la planta a otro lugar, y recurre a argucias dilatorias judiciales.
Ardito considera que el boicot contra la marca de fideos sería un argumento decisivo y rápido para convencer a la empresa de que se retire de las inmediaciones del pantano de Villa. Las encuestas revelan que casi el 90 por ciento de la población comparte el reclamo.
Sin embargo, la primera, y hasta ahora, única experiencia de boicot masivo de consumidores se efectuó a comienzos de abril, mediante un "paro telefónico" de usuarios, pero los organizadores y la compañía que presta el servicio discrepan sobre la eficacia de la iniciativa.
El conflicto se suscitó por la demanda de la Asociación de Consumidores y Usuarios (ACYU) de anular el cobro de un minuto adicional por cada llamada que efectúa la Compañía Telefónica desde que el gobierno le prohibió que siguiera cobrando sus tarifas en bloques de tres minutos.
Según la ACYU, el movimiento fue exitoso porque en la hora de la protesta las llamadas se redujeron en 95 por ciento en relación con el promedio normal, pero voceros de la Telefónica sostienen que el paro no tuvo impacto real "porque solo provocó una postergación de llamadas".
Herly Llerena, dirigente de ACYU, replicó que el paro demostró que, pese a los fuertes gastos de publicidad de la Telefónica para mejorar su imagen, hay un alto grado de disconformidad en los usarios, lo que permitiría a la organización programar otras formas de boicot más efectivas.
La Telefónica, empresa de capitales españoles que tiene el monopolio del servicio en Lima, se niega a dialogar con los dirigentes de ACYU. Analistas consideran que con esto procura no repetir la reciente derrota que sufrió a manos de otra organización de usuarios.
En los últimos 12 meses, las organizaciones barriales y de defensa de consumidores han obtenido algunos éxitos mediante movilizaciones populares y acciones judiciales.
En los distritos marginales, asociaciones de vecinos se movilizaron contra excesos tarifarios, instalación inadecuada de cables de alta tensión e incumplimientos contractuales de las empresas que suministran energía eléctrica.
Una serie de organizaciones de barriadas coordinan la organización de un mitin conjunto frente a la sede de los tribunales, que se realizará el 5 de junio, para respaldar la acción judicial que siguen contra las dos empresas que venden el servicio de energía eléctrica en Lima.
Los pobladores de las barriadas exigen que las dos empresas privadas que adquirieron la empresa estatal de electricidad asuman la devolución de las contribuciones reembolsables que ellos hicieron para financiar la instalación de las redes de energía en sus barrios.
Las instalaciones financiadas por los pobladores de las barriadas eran legalmente de su propiedad, pero fueron incluidas indebidamente en la transferencia de los activos cuando se privatizó la compañía estatal de electricidad.
Las organizaciones de vecinos esperan de su gestión judicial un resultado similar al obtenido hace cuatro meses por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), que obligó a la Telefónica a devolver el dinero cobrado dos veces por el servicio de transferencia de llamadas.
"La Compañía cobraba al que hacía la llamada original y a quien recibía la llamada transferida. Parecía que no se podría obligarla a anular el cobro duplicado, y devolver lo cobrado, porque adujo que esa era la modalidad del servicio", dice Jaime Delgado, presidente de ASPEC.
Pero en la publicidad "se daba a entender que bastaba un solo pago al efectuar el servicio y los enjuiciamos por incurrir en publicidad engaño. Tuvieron que devolver lo cobrado, pagar una multa y reimprimir 3,2 millones de folletos para informar a los usuarios las tarifas reales", añadió.
ASPEC tiene un programa radial de una hora diaria, "En Defensa del Consumidor", y presta asistencia legal a los usuarios dispuestos a reclamar judicialmente sus derechos. Hasta el momento ha recibido unas 3.500 denuncias, de las que ha resuelto 300.
La mayor parte de los reclamos se refieren a los servicios públicos, en el siguiente orden: teléfonos, luz y agua. Pero también hay quejas contra empresas privadas que incumplen contratos, cobran sumas no pactadas aduciendo intereses o comisiones no previstas.
"Las empresas tratan desdeñosamente a quienes amenazan aisladamente con denunciarlas, porque confían en que sus equipos de abogados expertos en dilatar procesos fatiguen a los usuarios que las demanden, pero ASPEC puede asumir su defensa y dar batallas largas a nombre de varios usuarios en conjunto", dijo.
Otra de las victorias judiciales recientes de ASPEC fue conseguir que la concesionaria del Aeropuerto de Lima no cobrara a todos los vehículos que ingresaban, y ahora sólo pagan por estacionamiento los que permanecen más de 15 minutos.
El dirigente de ASPEC señala que su organización no quiere limitarse a la defensa de casos aislados, sino que se propone crear juntas arbitrales de consumo, como existen en España, entes del Poder Judicial que pueden obligar a las compañías a indemnizar a los usuarios en procesos muy cortos. (FIN/IPS/al/ag/dv/98
