La renuncia forzosa esta semana de Alí Suharto a la presidencia de Indonesia renueva las esperanzas de reforma política pero no sugiere ningún cambio sustancial en la conducción económica del país asiático.
Habrá más problemas aún si el nuevo gobierno del presidente Jusuf Habibie mantiene, como lo prometió, la estrategia de reforma financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) como su principal plan económico para el futuro cercano.
El ajuste financiero -impuesto a cambio de un paquete multinacional de rescate de 43.000 millones de dólares- fue el origen de los disturbios que desencadenaron la caída de Suharto, justo cuando la comunidad internacional se daba cuenta del grado de corrupción y opresión de su régimen.
Indonesia y la mayoría de los otros "tigres" del sudeste asiático quedaron atrapados el año pasado en una crisis financiera que los expertos todavía no terminan de entender y para la cual no había redes sociales de protección del Estado.
Políticamente, el alejamiento de Suharto -que dejó en su lugar al vicepresidente Jusuf Habibie, un estrecho aliado- se ajusta a un antiguo modelo utilizado por gobernantes militares en todo el mundo, que dejan el poder sin dejarlo en realidad.
El ex dictador chileno Augusto Pinochet les dio a todos ellos una valiosa lección al negociar en 1989 su salida del poder con una oposición política moderada y mantener un estricto control del ejército, lo cual le valió, además de inmunidad, un escaño vitalicio en el Senado.
Al final, como sucedió con Pinochet en Chile y con Ferdinand Marcos en Filipinas, Suharto podría pensar que su gobierno será recordado en definitiva tanto por sus masivas violaciones a los derechos humanos como por sus logros económicos de los últimos 32 años.
De hecho, esos logros que convirtieron a Indonesia en un "tigre" económico fueron subrayados por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, en la víspera de la renuncia de Suharto, como su "legado" para el futuro.
Sin embargo, ese legado está derrumbándose, junto con el de otras economías del sudeste asiático, en lo que el Deutsche Bank llama "el mayor riesgo que enfrenta la economía mundial".
El gigantesco banco alemán prevé que hasta 56.000 millones de dólares de los 80.200 millones que debe Indonesia tendrán que ser cancelados por sus acreedores.
El repentino y aparentemente imparable crecimiento de las tasas de inflación y desempleo tomó por sorpresa a los indonesios y reveló las fallas de un modelo de crecimiento hasta hace poco presentado por el FMI, el Banco Mundial y los gobiernos occidentales como ejemplo de desarrollo para el Sur.
Las potencias económicas del mundo y otras economías "milagrosas" nacidas de la combinación de regímenes autoritarios y políticas económicas liberales podrían estar viendo con horror la perspectiva de un agravamiento del desastre financiero en Asia.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, advirtió en abril que "los impresionantes logros alcanzados por esos países (asiáticos) sobre la reducción de la pobreza en los últimos 20 años se revertirán".
"Pese a sus destacables logros, en 1996 Indonesia todavía tenía 22 millones de personas que vivían por debajo de la línea de pobreza", dice la declaración.
"Esta cifra aumentará considerablemente a medida que se desarrolle la actual crisis", advierte el documento, citando un estudio de la propia OIT centrado en Indonesia, Tailandia y Corea del Sur.
La actual situación no se produjo por casualidad, sostiene el estudio. "El limitado nivel de protección social, especialmente en Indonesia y Tailandia, refleja las opciones de política económica y social".
"Durante el período de sostenido crecimiento económico previo a la crisis había una tendencia a confiar en que el alivio de la pobreza sobrevendría como consecuencia directa del crecimiento", añade el informe.
La OIT considera que la organización sindical "extremadamente escasa" en Tailandia e Indonesia es "la raíz del problema", empeorado en Indonesia por "la represión gubernamental".
Sin embargo, la prensa internacional ya está elogiando al nuevo gabinete indonesio, la mitad de cuyos miembros integraban el de Suharto, y lo considera "más técnico" que el anterior.
La promesa básica e inevitable del nuevo gobierno consiste en mantener el ritmo de las reformas económicas iniciadas por Suharto y eliminar la corrupción que caracterizó al régimen.
Pero la promesa no resulta alentadora para aquellos que desde las calles promovieron el cambio político, porque lo que desean es empleo y poder adquisitivo, algo que nadie podrá devolverles a corto plazo.
La corrupción y el nepotismo de Suharto nunca constituyeron un obstáculo para los bancos e inversores extranjeros, que en los últimos 20 años corrían en tropel a Indonesia, cuando las exportaciones de petróleo convertían a Yakarta "de un remanso colonial holandés en una próspera metrópolis sembrada de rascacielos", según The Washington Post.
Lo que asusta a los inversores es la inestabilidad. Aun cuando hubiera una incierta estabilidad, el crecimiento económico en la región no se reanudaría sino hasta dentro de dos o tres años, de acuerdo con el Deutsche Bank.
El juego de poder recién empieza en Indonesia, mientras operadores políticos preparan sus jugadas, preparadas por los estudiantes que pusieron sus pechos frente a las armas del régimen y dejaron su sangre en las calles en nombre de la "libertad".
Para que cayera Suharto hicieron falta una vertiginosa caída del nivel de vida, millones de desempleados y 500 muertos, muchos menos de los 500.000 "supuestos comunistas" asesinados en 1965 para que pudiera tomar el poder. (FIN/IPS/tra-en/ak/ml/ip-if/98
