El Comité Nacional de Paz (CNP), organismo del gobierno que abre una nueva puerta a posibles negociaciones con la oposición armada, comenzó a funcionar hoy en medio de un clima adverso alimentado por masacres y asesinatos de líderes sociales.
El CNP, instalado por el presidente Ernesto Samper el viernes durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Paz, tendrá como prioridad a partir de esta semana evaluar las propuestas de reconciliación presentadas por organizaciones de la sociedad civil y grupos guerrilleros.
El CNP es un órgano consultivo del Consejo Nacional de Paz, cuerpo creado por ley y conducido por el propio presidente de la República que cuenta con la participación de representantes de la sociedad civil. El Consejo se encarga de de asesorar al gobierno y facilitar el proceso de paz.
Daniel García-Peña, comisionado presidencial para la paz, explicó que el CNP desarrollará contactos con las guerrillas izquierdistas y los paramilitares de derecha, en busca de mecanismos que conduzcan a la solución pacífica del conflicto armado.
Entre los integrantes del CNP figuran el procurador de Colombia, Jaime Bernal, el ministro del Interior, Alfonso López, el senador independiente Samuel Moreno, el gobernador del departamento de Valle (oeste), Gustavo Alvarez, y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Garzón.
También participan el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Sabas Pretelt, y Ana Bernal, coordinadora de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), que integran cerca de 30 organizaciones no gubernamentales.
Los primeros contactos del CNP se realizarán "sin ningún tipo de condicionamientos" con quienes han sostenido acercamientos con los grupos armados, según el procurador Bernal.
El comerciante Pretelt explicó que una de las prioridades será estudia medios de respetar las normas del derecho internacional humanitario con el fin de proteger a la sociedad civil afectada por el conflicto.
Garzón sostuvo que no deben crearse "falsas expectativas" sobre los objetivos que pueda cumplir el CNP, aunque consideró importante que para su integración se hayan escogido personalidades de diversos sectores.
La diversidad del Comité "permitirá concretar no solo los contactos con los grupos armados" sino construir un tipo de sociedad "que armonice con las diferentes propuestas de paz", según el sindicalista.
García-Peña exhortó a los bandos en pugna a respetar las normas del derecho internacional humanitario y condenó las masacres ocurridas las tres últimas semanas en las localidades de Urrao y Puerto Alvira, en las que supuestos paramilitares asesinaron a 40 personas.
Según algunos analistas, estos grupos, que tradicionalmente operaban en el norte y noroeste colombiano, lanzaron una ofensiva hacia el sur, el bastión de la guerrilla, con la intención de desplazarla, restarle poder y apropiarse de los recursos que obtiene del narcotráfico.
García-Peña pidió también a las partes en conflicto no "estigmatizar" a defensores de los derechos humanos y líderes sociales que procuran una solución política a un enfrentamiento que comenzó cinco décadas atrás.
Para su trabajo, el CNP analizará las propuestas que grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular del Pueblo (EPL) y el grupo Jaime Bateman Cayón ya han planteado en torno a la violencia.
El documento "La paz sobre la mesa", divulgado este lunes por la revista Cambio 16 Colombia con el apoyo de las embajadas de Canadá, Estados Unidos y siete países europeos, establece que "son más las coincidencias que las diferencias" entre los dos proyectos de país que plantean guerrilleros y paramilitares.
En el documento se publican íntegras las propuestas de las FARC, el ELN, el EPL y las paramilitares Autodefensas Campesinas de Colombia, en las que cuestionan la injusticia social, el abandono estatal a la población, el incumplimiento de las funciones constitucionales del Estado y la política petrolera.
Estas fuerzas hablan también del respeto al derecho internacional humanitario como paso fundamental para el inicio de negociaciones de paz, critican el neoliberalismo y plantean la necesidad de reformar las Fuerzas Armadas.
Ambos bandos estan de acuerdo con que organizaciones de la sociedad civil participen en el proceso de negociación y solo las FARC ponen condiciones previas a ese diálogo (buen trato en los medios de comunicación por parte de las autoridades y retiro del Ejército de cinco municipios).
Los grupos aceptan la participación de observadores internacionales y el manejo confidencial de las negociaciones. (FIN/IPS/yf/mj/ip/98
