/BOLETIN-DD HH/ VENEZUELA: Militares van a clases de derechos humanos

Los alumnos de las academias militares de Venezuela han comenzado a recibir clases de capacitación en derechos humanos, en una iniciativa con pocos antecedentes y que cuenta con el respaldo de varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas.

El programa de capacitación se integra a otra decisión castrense novedosa: la institución de una Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dentro del Ministerio de Defensa, que funciona desde el año pasado.

"Se trata de dar a los cadetes información básica para capacitarlos y sensibilizarlos a fin de que pasen a sentirse actores de derechos humanos", dijo a IPS Armando Vargas, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo (PNUD).

La primera experiencia se produjo el día 15 en el Instituto Universitario de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional, una rama militar con tareas policiales, y seguirá en las escuelas de Aviación y la Armada y en la academía del Ejército.

"Evaluamos como un paso positivo que los derechos humanos se incorporen a la formación militar", dijo Raúl Cubas, coordinador de la no gubernamental organización Provea, que emite un informe anual sobre la situación humanitaria venezolana.

La jornada de capacitación representa la primera fase de un plan que impulsará que los derechos humanos se integren al programa regular de estudios de las academias militares, donde de hecho hay poca presencia de las ciencias sociales.

"El cambio de actitud y de mentalidad requiere que los derechos humanos se incorporen al curriculo regular", analizó Cubas.

Vargas precisó que esa es una decisión interna pero que está entre los objetivos del proceso recién abierto. La fase actual incluye también la provisión de materiales informativos y el "entrenamiento a entrenadores" de derechos humanos que se desplegarán por todos los cuarteles y destacamentos militares.

Las jornadas formativas incluyen aspectos teóricos como los contenidos de las declaraciones de derechos humanos de rango universal o continental, los compromisos asumidos por Venezuela en la materia y el papel de las Fuerzas Armadas en su aplicación.

La parte práctica brinda instrumentos sobre la protección internacional de refugiados, el derecho internacional humanitario, la violencia contra la mujer y la familia y los derechos especiales de los niños, las niñas y los adolescentes.

Uno de los primeros prejuicios que afloraron en las tandas de preguntas que siguieron a cada exposición en el instituto de la Guardia Nacional fue el de que no cometer excesos equivale a dejar que discurran libremente situaciones irregulares, comentó Magda Moyano, encargada de temas de género en el PNUD.

Otro punto recurrente expresado por los cadetes fue su intención de respetar los derechos humanos, pero a la hora de enfrentar situaciones agresivas en manifestaciones o en la frontera con Colombia, "llevarlo a la práctica es difícil".

"¿Dónde quedan nuestros derechos humanos?", fue una inquietud repetida por cadetes a la hora de referirse a como aplicar a su vida cotidiana principios con los que se manifiestan de acuerdo.

La respuesta de los especialistas consistió en alegar que su función dentro de un estado democrático es aplicar las leyes y preservar los derechos humanos, y que esas leyes les ordenan cuidar el orden y enfrentar situaciones de violencia, sin que la tarea requiera ni pueda acompañarse de excesos, dijo Moyano.

El tema que causó mayor interés fue el de la violencia contra la mujer, señaló la funcionaria del PNUD y aseguró que "las estadísticas sobre el fenómeno les impactaron", dentro de unas Fuerzas Armadas que son policlasistas y representativas de lo que es el tejido social de este país con 70 por ciento de pobreza.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) indican que al menos en 60 por ciento de los hogares venezolanos se ejerce la violencia contra la mujer y los niños, en un drama que no distingue clases sociales pero es impulsado por el deterioro socioeconómico agudizado durante esta década.

"El reconocimiento del machismo que les es inculcado desde niños, los errados patrones culturales con los que han convivido afloraron como un aspecto que los perturba", comentó Moyano.

Venezuela, país con una población de 23 millones de personas y cuyo ciclo democrático cumplió en enero 40 años, tiene cuatro militares por cada mil habitantes, la cuarta relación más baja de América Latina, sólo superada por Argentina, México y Brasil, según cifras regionales.

El informe de Provea de 1997 reflejó que la Guardia Nacional fue responsable de 11 por ciento de las violaciones contra el derecho a la vida, que ocasionaron 151 víctimas fatales.

Las otras tres fuerzas fueron responsables de cuatro por ciento de las muertes denunciadas, en un año en que se reconoció al gobierno una myor voluntad por enfrentar el problema y la apertura de un diálogo con las ONG.

Como parte de ese interés se creó una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que abrió un incipiente diálogo con las organizaciones humanitarias, y que promovió la institución en el ámbito militar de la Dirección de Derechos Humanos.

Esa nueva instancia tiene entre sus funciones el crear dependencias para recibir y procesar protestas y denuncias en materia de derechos humanos, en que estén involucrados efectivos militares, se produzcan dentro o fuera de los cuarteles.

Ese nuevo papel obliga a adiestrar especialmente a quienes deberán actuar como "ombudsman" militares para la población civil y castrense en cada guarnición.

"La iniciativa es muy buena, pero aún debe pasar de las palabras a los hechos", comentó Cubas, quien explicó que su organización demandó información sobre dos casos ante la dirección, que coordina el coronel de la Guardia Nacional Nelsón Daniels, sin recibir respuesta en los lapsos reglamentados.

Los mayores problemas de derechos humanos vinculados a los militares tienen como escenario los llamados Teatros de Operaciones en la frontera con Colombia, donde diferentes áreas están bajo jurisdicción militar, como forma para enfrentar las acciones de la guerrilla colombiana en la zona.

Provea y otras organizaciones iniciaron el lunes 18 en el fronterizo estado de Apure unas Jornadas de Sensibilización por los Derechos Humanos, para favorecer acciones preventivas y correctivas en el área humanitaria, que busca que la población conozca sus derechos y las herramientas de que dispone.

Durante las jornadas, que se prolongarán hasta fin de mes bajo el lema "Derechos Humanos sin Fronteras", fueron invitados y aseguraron su participación altos oficiales del Teatro de Operaciones de la zona.

"Promover un acercamiento permanente entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones humanitarias es parte del estimulante proceso que se ha abierto", explicó Vargas. (FIN/IPS/eg/ag/hd/98

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