El Congreso de Honduras aprobó la creación de la nueva policía civil, la cual mantiene intactas sus estructuras militares y amenaza con afianzar la impunidad en este país, según organizaciones de la sociedad civil.
La nueva ley, que entrará en vigencia a fines de mes, asesta un fuerte golpe a la Fiscalía del Estado, al quitarle de su órbita la policía de investigación criminal y unificarla con la preventiva y de seguridad al mando de un Ministerio de Seguridad, dependiente del Poder Ejecutivo.
Así, la Cámara Legislativa aprobó el pasado martes la concentración de poder bajo un mando único, que dependerá directamente del Poder Ejecutivo, al darle toda la autoridad para decidir qué se puede o no investigar en este país.
De los 128 diputados que integran el Congreso unicameral, solo 12 se opusieron a la aprobación de la ley por entender que se estaba creando un "híbrido" que amenaza con trastornar el fortalecimiento de las instituciones democráticas, un proceso que comenzó hace ocho años.
Oswaldo Ramos, del opositor Partido Nacional, dijo a IPS que los congresistas "aprobaron uno de los peores híbridos de la historia, porque al unificar las policías preventivas y de investigación solo se favorecen intereses políticos de grupos poderosos".
"No cabe duda de que estamos retrocediendo en la historia democrática de Honduras. Los corruptos y los impunes deben estar felices, porque consigueron su objetivo de destruír la Fiscalía al quitarle la policía de investigación criminal, cuya labor ha sido excelente en los últimos tres años", agregó Ramos.
A su vez, Matías Funes, del izquierdista Partido de Unificación Democrática (UD), pronosticó que Honduras "se apresta a volver a las épocas autoritarias", pues "la nueva policía será politizada por quien esté en el poder para perseguir a sus detractores como sucedió en el pasado".
"Estamos frente al grave peligro de retornar a la arbitrariedad, la impunidad, la violación de los derechos humanos y el irrespeto al Estado de Derecho", agregó Funes, en referencia a la difícil situación política de la década del 80.
Entonces, existía una policía única, cuyas estructuras de inteligencia fueron responsables en la desaparición forzada de personas por causas políticas e ideológicas.
La impunidad que concentró la temible Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), adscrita a la actual Fuerza de Seguridad Pública (FSP, policía de prevención), motivó su eliminación tras constatarse abusos de poder, corrupción, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos.
La eliminación de la DNI dio paso a la creación de la Fiscalía del Estado y a la Dirección de Investigación Criminal (DIC), una policía técnico judicial de apoyo a la labor de los fiscales que entablaron juicios a políticos corruptos y militares violadores de derechos humanos.
Desde la creación de la DIC, al mando de un civil, ningún hábeas corpus ha sido presentado en el país, y los grupos de derechos humanos apoyan sólidamente su función al ver resultados en las investigaciones de casos de corrupción e impunidad.
Pero esta labor generó "miedo" entre los políticos hondureños que vieron "cómo la Fiscalía y la DIC cumplían su función y nadie estaba excento de ir a los tribunales", dijo a IPS el analista político Víctor Meza.
"Por eso era necesario unificar este cuerpo con la nueva policía para impedir la trasnparencia", agregó.
"Si no se logran determinados controles propuestos por la sociedad civil, la seguridad ciudadana en Honduras estará en manos de corruptos y delincuentes, y algo más peligroso, corre riesgo de politizarse al concentrar el poder al mando de una sola persona, cuya figura recae en el Poder Ejecutivo", dijo Meza.
La nueva ley se aprobó luego de que 30 organizaciones de la sociedad civil nucleadas en el Foro Ciudadano para la Seguridad Pública realizaran el miércoles una "marcha del silencio" en protesta por la unificación de las policías.
Esta marcha sorprendió a políticos y ciudadanos, acostumbrados a los gritos y demandas que caracterizan las protestas populares.
La protesta generó embarazo incluso a los periodistas, que, ante la negativa de los líderes populares y humanitarios a dar declaraciones para no romper la consigna del silencio, optaron por entrevistarse a sí mismos y resaltar la disciplina mostrada por los participantes.
La ley de la policía, cuestionada por mantener intactas sus estructuras militares, ha sido por ahora el proyecto más discutido en la historia de Honduras, gracias al cual la sociedad civil logró un resurgimiento que pasó de la protesta a la propuesta.
Pero el Partido Liberal en el poder, que dispone de mayoría absoluta en el Congreso, cree que la ley se limitará a consolidar su estilo de gobierno, calificado en los últimos sondeos de opinión de régimen "fuerte" con rasgos "autoritarios". (FIN/IPS/tm/mj/hd ip/98
