Legítimos reclamantes de asilo político en Estados Unidos son maltratados y privados de sus derechos debido a las duras leyes migratorias introducidas hace hoy un año, denunciaron organizaciones nacionales de derechos humanos.
"Un año de experiencia refuerza nuestro temor de que el 'traslado expedito' (de inmigrantes ilegales) es un sistema destinado al fracaso", dijo Michael Posner, director del Comité de Abogados por los Derechos Humanos con sede en Nueva York.
"Las barreras son demasiado elevadas y el proceso demasiado sumario para que se pueda evitar la deportación por error de algunos refugiados que sufrirían de nuevo tortura y persecución", agregó Posner.
El Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), órgano a cargo de la aplicación de la nueva ley, no ha recogido información sobre el destino de los deportados con el procedimiento del "traslado expedito", según el senador Edward Kennedy, demócrata de Massachussets.
Kennedy se unió a organizaciones de derechos humanos y a personalidades como la actriz Sigourney Weaver en una conferencia de prensa en el Congreso el martes para protestar contra la ley.
"El 'traslado expedito' es una crisis silenciosa que ocurre a puertas cerradas", dijo el legislador.
Ross Bergeron, portavoz del INS, negó las acusaciones e insistió que más de 80 por ciento de los individuos que sufren el trámite tuvieron una audiencia formal con un juez de migración.
La Oficina General de Responsabilidad (GAO), un órgano de investigaciones del Congreso, determinó que los procedimientos de 'traslado expedito' funcionan tal como fueron elaborados por el legislativo, informó Bergeron.
"Nuestra responsabilidad es implementar la ley con justicia, imparcialidad y de forma humana. Toda la información recogida hasta ahora indica que esto es lo que sucede", agregó el funcionario, quien recordó que la ley fue aprobada a pesar de la oposición del gobierno de Bill Clinton.
El trámite de "traslado expedito" permite la deportación inmediata de sospechosos de ser inmigrantes ilegales previa entrevista con un funcionario de bajo nivel del INS en un puesto de entrada al territorio estadounidense.
Este procedimiento está incluido en la reforma al régimen de trato a la inmigración ilegal aprobada en 1996 y que comenzó a aplicarse el 1 de abril de 1997.
De acuerdo con el régimen anterior, se garantizaba a los solicitantes de asilo una audiencia ante un juez de inmigración a la que podrían asistir con un abogado y presentar testigos y documentación. La decisión era apelable.
La ley, aprobada por un Congreso presionado por ciudadanos preocupados por la inmigración y supuestos abusos del sistema de asilo, impuso un procedimiento expedito que permite al INS la deportación sumaria de solicitantes de asilo que lleguen a Estados Unidos sin documentos válidos, como pasaporte o visa.
En ese caso, los inmigrantes deben convencer a un inspector de bajo nivel del INS que serán perseguidos si retornan a sus países en sus países. Otro funcionario deberá establecer días después que ese temor es "creíble".
"Al asignar tal poder judicial a funcionarios de bajo nivel, el nuevo procedimiento invita a la comisión de errores y al abuso", de acuerdo con el informe titulado "Golpeando la 'puerta dorada"'.
Según el estudio de 20 páginas, existen grandes riesgos en el primer contacto del solicitante de asilo con el INS, denominado "inspección secundaria", pues el funcionario puede ordenar la deportación inmediata.
"Decisiones de vida o muerte son tomadas por inspectores de bajo rango con poca experiencia en el reconocimiento de refugiados de buena fe. Los refugiados no tienen aceso a asistencia legal", denuncia el informe.
Entre los problemas más serios que han sufrido los refugiados en esta etapa, según el informe, figuran la negativa de información, tratamiento abusivo, traducciones inadecuadas y negativa de acceso a abogados o agencias exteriores que podrían controlar el proceso.
El informe compara este proceso con "una caja negra de la que ha surgido poca información".
En un caso, dos ecuatorianos que huyeron a Estados Unidos después de sufrir supuestas amenazas de muerte por haber denunciado corrupción policial solicitaron asilo en el aeropuerto, pero fueron acusados de mentir en la "inspección secundaria". Ambos fueron esposados y devueltos a su país.
El Comité de Abogados y la filial estadounidense de Amnistía Internacional informaron sobre abusos verbales de funcionarios a solicitantes de asilo, a quienes con frecuencia se pone esposas o grilletes durante largos períodos.
"El INS provoca sufrimientos a personas que ya ha sufrido una enormidad", sostuvo Weaver. Los individuos que logran ingresar a Estados Unidos tras esta etapa deben convencer días después que su temor de retornar a su país de origen es "creíble".
El Comité de Abogados detectó en esta etapa incongruencia entre distintas oficinas en el modo de interrogatorio, malas traducciones, y escaso acceso de los solicitantes a asesoramiento o consejo.
En una ocasión, una solicitante albanesa que había sido sometida por adversarios políticos a violación múltiple, estaba avergonzada y no pudo contar su experiencia a un traductor varón. La mujer fue deportada luego a Albania.
El informe también rechaza la prolongación innecesaria luego de estas dos instancias de la detención de solicitantes de asilo que presentaron razones convincentes de temor de persecución en el país de origen.
Bergeron sostuvo que el "traslado expedito" se aplica en pocos casos. De los 100 millones de ingresos de extranjeros a Estados Unidos entre septiembre y febrero, solo 300.000 fueron considerados inadmisibles.
Del total, 240.000 regresaron de forma voluntaria o sus casos fueron derivados a un juez de migración. De los restantes 60.000, la mitad sufrió "traslado expedito", 90 por ciento de los cuales eran mexicanos. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mj/hd pr/98
