Unas 40 organizaciones no gubernamentales, sindicales y académicas realizaron hoy una jornada de protesta por el asesinato del defensor de los derechos humanos Eduardo Umaña, el segundo activista asesinado en menos de una semana.
Los trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO, sindicato único del sector petrolero), paralizaron la producción de la estatal Empresa Colombiana de Petróleos.
"Esta jornada de protesta afectando la producción es lo menos que puede hacer la organización sindical" para condenar el asesinato "de un hombre que asumió firmemente la defensa de los derechos humanos, en especial los de los trabajadores", dijo a IPS Gabriel Alvis, secretario general de la USO.
A la huelga de la USO se sumaron asambleas de protesta de los trabajadores de las empresas estatales de telecomunicaciones y agua potable y de profesores y estudiantes de la Universidad Nacional, principal centro superior de enseñanza del país, del que Umaña era docente.
Umaña, abogado penalista que tenía a su cargo la defensa de varios sindicalistas encarcelados y el caso de los desaparecidos en la masacre del Palacio de Justicia (1986), fue asesinado el sábado por tres pistoleros que se hicieron pasar como periodistas para ingresar a su oficina.
Ese mismo día fue el sepelio de María Arango, ex dirigente del Partido Comunista de Colombia asesinada el día 16 a los 60 años de edad. Arango se había retirado de la vida política y asesoraba al gobierno en proyectos de desarrollo rural.
Los dos crímenes avivaron temores respecto de una ofensiva por parte de paramilitares de derecha, de crímenes selectivos contra activistas sociales y defensores de los derechos humanos.
Germán Umaña, hermano de Eduardo, dijo que los dos homicidios están relacionados porque, según él, fueron cometidos por "los que asesinaron tantas veces a tanta gente que quiere la paz en este país".
La conexión entre los dos casos no fue descartada por el comandante de la policía colombiana, general Rosso Serrano, quien anunció la creación de un equipo especial con la Fiscalía y el Departamento Administrativo de Seguridad (inteligencia) para investigar los crímenes.
Para el ministro de Gobierno (interior), Alfonso López, "se trata, evidentemente, de crímenes con connotaciones políticas que apuntan a desestabilizar el país".
Las fuerzas que los cometieron estarían integradas por "los enemigos de la paz y amigos de la guerra", que tienen un "plan sistemático" y con víctimas selectivas, advirtió el asesor de paz de la presidencia, Daniel García-Peña.
El funcionario sostuvo que quienes cometieron estos asesinatos pertenecen a una minoría que "considera que el país debe seguir en guerra eternamente".
Los asesinatos de Umaña y Arango coincidieron con el anuncio del presidente Ernesto Samper en la Cumbre de las Américas que se clausuró este domingo en Santiago de la reactivación de los contactos con el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) para el inicio de un diálogo de paz.
"Es coincidente que cuando aparece la posibilidad de un diálogo de paz se produzcan esta clase de hechos", dijo a IPS un activista de izquierda que asistía al sepelio de Umaña y pidió no ser identificado.
Wilson Borja, presidente de la Federación de Trabajadores del Estado, denunció que existe una lista con los nombres de cerca de 40 personalidades y activistas sociales que han sido amenazados de muerte por presuntos grupos paramilitares.
Alfredo Rangel, asesesor presidencial para la seguridad nacional, dijo que los asesinatos de Umaña y Arango son efecto de la agudización del conflicto armado que vive el país, en el que "una de las libertades que se ven afectadas de manera grave es la de vigilar las violaciones a los derechos humanos".
Rangel sostuvo que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por hacer de los derechos humanos "una política de estado", todavía en muchos sectores "hay hostilidad" hacia quienes los defienden, con demasiada frecuencia acusados públicamente de ser "instrumentos de grupos guerrilleros".
Las denuncias sobre asesinatos a defensores de los derechos humanos a manos de grupos paramilitares fueron calificadas en marzo de "preocupantes" por la directora de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Almudena Mazarasa.
Mazarrasa condenó este lunes el asesinato de Umaña y pidió al gobierno "desarrollar y aplicar de manera urgente e inmediata medidas de prevención y protección eficaces" que garanticen el libre ejercicio "de la defensa de los derechos humanos en Colombia".
Organizaciones de derechos humanos indican que desde 1986 cerca de una veintena de activistas han sido asesinados por grupos de derecha. Sus muertes han quedado impunes. (FIN/IPS/yf/mj/hd/98
