Una nueva ley de conservación entro en vigencia esta semana en las islas Galápagos, después de un año de intensos debates entre grupos ambientalistas, legisladores, empresarios pesqueros y autoridades del gobierno de Ecuador.
Diversas organizaciones ambientalistas, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Fundación Natura de Ecuador, así como organizaciones civiles del archipiélago, han manifestado su apoyo a la nueva legislación, que en los últimos meses fue centro de una polémica nacional.
"El WWF felicita al gobierno del Ecuador y al Congreso Nacional, por el apoyo que con la ley han brindado a la conservación futura de las islas Galápagos, que son un patrimonio natural de toda la humanidad", dijo Miguel Pellarano, representante de esta organización en Ecuador.
La Ley Especial para la Conservación de las Islas Galápagos fue aprobada el lunes en segundo debate por el Congreso unicameral de Ecuador, luego de haber sido vetada de forma parcial por el Poder Ejecutivo con una resolución que reabrió el debate en los últimos días.
El proyecto original contemplaba la ampliación de la reserva marina de 15 a 40 millas náuticas con el objeto de poner un freno a la pesca industrial y proteger a cientos de especies en vías de extinción.
Teodoro Bustamante, director de la Fundación Natura, dijo que las 40 millas de protección son necesarias para preservar a lobos marinos, focas, tiburones y tortugas "que recogen su alimento en el fondo del mar recorriendo grandes distancias, que cada vez son mayores por la pesca industrial".
El presidente interino de Ecuador, Fabián Alarcón, presionado por organizaciones como la Asociación de Atuneros del Ecuador y algunos bloques parlamentarios, agregó una disposición que permitía la pesca industrial a partir de las 15 millas "al oeste, sur y sudeste del archipiélago".
La resolución presidencial recibió fuertes críticas de grupos ambientalistas y pobladores del archipiélago, quienes organizaron varias marchas de protesta para defender el proyecto original.
A inicios de la semana pasada, las autoridades locales y pobladores de Santa Isabel y San Cristóbal, las islas más habitadas de Galápagos, realizaron una "marcha luctuosa por el archipiélago".
Cargando ataúdes y vistiendo ropas oscuras, los manifestantes recorrieron las calles de las islas para exigir que el gobierno rectifique su posición sobre la reserva marina.
"Al parecer los movimientos organizados por la defensa de Galápagos tuvieron suficiente fuerza" y el presidente "reaccionó y modificó su resolución", comentó Bustamante.
Alarcón envió al parlamento una modificación de su resolución para permitir la pesca industrial a partir de las 15 millas pero sólo hasta que entre en vigencia un plan de manejo sustentable para el archipiélago que deberá ser elaborado en no más de 12 meses.
Si bien "la última resolución no es ideal desde el punto de vista de la conservación, sí permite la vigencia inmediata del conjunto de la ley, lo que es fundamental, y establece un marco que permitirá la solución del problema de la pesca industrial en mediano plazo", agregó Bustamante.
Para la ministra de Medio Ambiente, Flor María Valverde, la resolución presidencial "permite el equilibrio entre las dos partes, la proteccionista y la de la pesca industrial".
Valverde informó que el equipo que redactó la ley especial comenzará "cuanto antes" a elaborar el plan de manejo sustentable, "que ya está adelantado".
Además de las disposiciones referentes a las actividades pesqueras, en la nueva ley se establece un estricto control al turismo, a la migración y a la introducción de especies no endémicas.
Galápagos es una de las 21 provincias de Ecuador y se encuentra a 1.000 kilómetros de territorio continental. Por su biodiversidad amplia y única, los expertos la consideran el museo viviente más grande y completo del mundo.
Las islas Galápagos fueron declaradas en 1979 patrimonio natural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Las Galápagos son también el mayor centro turístico de Ecuador. Sesenta por ciento de los ingresos que el Estado obtiene por las actividades turísticas proceden de Galápagos.
Esta situación convirtió al archipiélago en una de las regiones del país con mayor crecimiento poblacional, pues cientos de familias deciden radicarse en las islas en procura de mejores niveles de vida.
La UNESCO advirtió en 1996 a las autoridades ecuatorianas el peligro que representan las actividades turísticas y pesqueras, la alta migración y la introducción de especies ajenas al ecosistema insular, y recomendó al aplicación de una ley de conservación para el archipiélago.
La ley especial que entró en vigencia, es la respuesta de Ecuador a las demandas de la UNESCO. (FIN/IPS/mg/mj/en/98
