Los problemas económicos de Asia podrían frenar el crecimiento de América Latina en uno por ciento, llevando la expansión de la economía regional este año a 2,7 por ciento del producto interno bruto (PIB), comparado con el cinco por ciento de 1997, señaló un informe del Banco Mundial.
El informe Finanzas de Desarrollo Mundial 1998, divulgado el martes, establece que los mercados emergentes se tambalearon por la crisis financiera del sudeste asiático y que la ayuda oficial al desarrollo de los países más pobres siguió en descenso en 1997.
"La disminución de la ayuda exterior amenaza a muchos de los países más pobres, los más necesitados de capital y con menor capacidad para atraer el dinero privado", dijo Joseph Stiglitz, principal economista del Banco Mundial y vicepresidente del departamento de economía del desarrollo.
"La crisis en el sudeste asiático, y sus ramificaciones mundiales, también nos recuerdan los riesgos que supone el capital privado para todos los países", añadió.
El Banco Mundial predijo la posibilidad de que este año se reduzca el movimiento neto de capital privado de largo plazo hacia los países en desarrollo debido a la indecisión de los inversores, la insegura perspectiva de recuperación en Asia y la posibilidad de expansión de la crisis.
Las economías de Corea del Sur, Indonesia y Tailandia podrían retroceder o estancarse hasta el año próximo y quizá por más tiempo en el caso indonesio. Pero Malasia podría alcanzar un crecimiento de 3,5 por ciento de su PIB y Filipinas de tres por ciento, señaló el informe.
El crecimiento mundial de la economía este año podría ser 0,5 por ciento inferior al de 1997, una caída menor de las que sucedieron a las crisis del petróleo en los años 70.
Los países se deben proteger de los peores efectos de los llamados "capitales golondrina" o especuladores de corto plazo. El informe del Banco Mundial destacó dos casos en este sentido.
Chile exige que los prestamistas comerciales, compradores de bonos y otros inversores extranjeros mantengan sus depósitos financieros al menos un año, sin importar el plazo de vencimiento de sus préstamos, aplicando un impuesto indirecto que disminuye a medida que aumenta el período de los créditos.
Colombia también adoptó medidas similares para los préstamos del exterior, con plazos de vencimiento menores a los cinco años.
Algunas voces sostienen que los países que controlan el ingreso de capitales se arriesgan a ser excluidos de los mercados financieros.
Pero el informe del Banco Mundial expresa que sería difícil determinar hasta qué grado el retroceso económico es consecuencia de las restricciones, la ira de los inversores u "otros hechos macroeconómicos o financieros".
Mientras, las investigaciones sugieren que los controles en Chile y Colombia lograron frenar en gran medida el ingreso de los capitales de corto plazo.
Entre enero y septiembre de 1997, antes de que la crisis asiática adquiriera mayor relevancia, los compromisos privados de la comunidad financiera internacional con los países en desarrollo eran 10 por ciento mayores que durante el mismo período de 1996.
Los prósperos mercados de valores de América Latina y Europa oriental también ayudaron a mantener los movimientos de inversiones de cartera.
La crisis se profundizó en octubre, con la inestabilidad de los mercados de valores. Pero, como los problemas aparecieron a fines de año, el movimiento de capitales privados ascendió a 267.000 millones de dólares durante 1997, frente a 225.000 millones en 1996.
La inversión extranjera directa, que suele ser más estable que otros movimientos de capital, ascendió a 120.000 millones de dólares en 1997, casi la misma cantidad que el año anterior y cinco veces más que en 1990.
Esta inversión de mayor plazo en fábricas, equipamientos y otros bienes productivos transcurre, desde 1990, junto a una ola de privatizaciones.
Los ingresos por la venta de activos públicos, en gran parte de infraestructura a gran escala, representaron 25.000 millones de dólares en 1996. Brasil fue el país que más privatizó, con 5.000 millones de dólares obtenidos por la venta de compañías de energía y concesiones de vías ferroviarias.
La "asistencia neta concesionaria", la ayuda para el desarrollo de la que dependen los países que no acceden a los mercados financieros, siguió en retroceso, de 40.000 millones de dólares en 1996 a 37.000 millones el año pasado.
A la vez, los prestamistas multilaterales duplicaron sus préstamos no concesionarios, con tasas de interés del mercado, a los países pobres, de 5.000 millones de dólares en 1996 a 10.000 millones en 1997.
El Banco Mundial atribuyó el descenso de la ayuda a "mayores restricciones presupuestales en la mayoría de los países industriales, la decreciente importancia estratégica y militar de la ayuda para el desarrollo desde fines de la guerra fría y el débil respaldo del público a la ayuda en países donantes".
La ayuda se limitó a 0,21 por ciento del PIB de los países donantes, comparado con 0,35 en los años 80, indica el informe, pero la reducción fue acompañada por el intento de mejorar la efectividad de lo donado, concediéndolo a los países en desarrollo que se estima le brindarán mejor uso.
La proporción de la ayuda que se destina a los "países con mejor conducta" creció de 38 por ciento en 1990 a 45 por ciento en 1995, calculó el Banco Mundial.
Los países son favorecidos por su "conducta", que, por lo habitual, significa adoptar las políticas recomendadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La insistencia en la adopción de políticas de ajuste estructural también es una característica de la iniciativa para reducir la deuda de los países más pobres, denominada Países Pobres Fuertemente Endeudados.
La iniciativa pretende reducir la carga de la deuda a una cantidad considerada sustentable para poder cumplir con las condiciones de los préstamos bilaterales, multilaterales y comerciales, respaldados por el gobierno.
A cuatro países, Bolivia, Burkina Faso, Guyana y Uganda, se les redujo la deuda por un monto de 1.200 millones de dólares el año pasado.
Para acceder a la reducción de la deuda, estos países deben adoptar programas de ajuste respaldados por el Banco Mundial o el FMI antes de septiembre de este año, cuando la iniciativa sea revisada y posiblemente renovada.
Se estima que 15 países más podrán acceder a esta iniciativa, siempre y cuando demuestren su "buena conducta", según el Banco Mundial, pero las "proyecciones están sujetas a gran incertidumbre". (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/aq-lp/if/98
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