Muchos creen que México no tiene el rostro tan limpio como para recibir una certificación antidrogas plena, y menos de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del planeta. Pero eso no importa, pues la vecindad y los intereses mutuos garantizaron hoy ese aval, según analistas.
México obtuvo este jueves la certificación anual antidrogas de Washington por décimosegundo año consecutivo. Como siempre, el gobierno repudió en público el proceso por considerarlo contrario a la soberanía, e incluso minimizó su resultado, pero en privado procuró el aval.
"Si Estados Unidos se atreviera a descertificar a su vecino, atentaría contra sus propios intereses económicos y su estrategia de lucha contra las mafias", dijo Jorge Chabat, director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Estados Unidos, cuya población consume alrededor de 100.000 millones de dólares en drogas cada año, y México, su principal proveedor de estupefacientes e importante centro de lavado de dinero, son socios junto con Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
Los dos países comparten una estrategia antidrogas única. Ambos gobiernos presentaron a comienzos de mes un plan conjunto que incluye acciones contra las mafias, el consumo de drogas, el lavado de dinero y la corrupción.
Aunque aún se espera que la certificación entregada a México reciba cuestionamientos en el Congreso de Estados Unidos, como sucedió el año pasado cuando el aval pareció tambalear, el gobierno y los analistas descartan que sea revertida.
Sancionar a México con una certificación condicionada o con una descertificación total significaría para Washington un cuestionamiento a su propio proyecto de integración, según Chabat.
Además, dificultaría las relaciones con un gobierno, el de Ernesto Zedillo, al que ha felicitado por su actuación en materia económica y política, dijo.
El proceso de certificación causó un revuelo inusual entre los dos vecinos en 1997, pues se produjo en medio del escándalo que desató el arresto del jefe antidrogas de México, general Jesús Gutiérrez, vinculado con el cartel que encabezó el fallecido Amado Carrillo, conocido como "el Señor de los Cielos".
"Retornó la confianza" y hoy se trabaja bajo un proyecto conjunto, en el que Estados Unidos "hace un histórico reconocimiento sobre la importancia de la demanda de drogas" expresó el embajador mexicano en Washington, Jesús Reyes Heroles.
Como sucede cada año, antes de conocerse la certificación, funcionarios de los dos países se reunieron para hablar sobre el narcotráfico.
Los analistas sostienen que México hace lo necesario para garantizar la certificación, aunque lo niegue en público.
"No discuto sobre la certificación, pues no creo en la certificación", declaró hace poco la canciller Rosario Green.
Mariano Herrán, fiscal especializado en materia de Delitos contra la Salud, afirmó que en la lucha contra el narcotráfico México no trabaja en función de una "aval" de Washington sino porque es su objetivo y un "compromiso nacional".
Después el escándalo de Gutiérrez, militar a quien el gobierno de Bill Clinton había alabado y confiado secretos de inteligencia, otros cuatro generales mexicanos fueron encarcelados, acusados de estar involucrados con las mafias.
Además, los nombres de algunos gobernadores figuraron en medios de prensa estadounidenses, en informes basados en supuestos documentos de la agencia antidrogas, como cómplices de narcotraficantes.
Incluso el secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Francisco Labastida, fue acusado de tener vínculos con las mafias.
En el caso de los gobernadores, Washington guardó relativo silencio, no así en el de Labastida, persona en la que aseguró tener total confianza.
A pesar que los decomisos de drogas y erradicación de cultivos van en aumento en México, este país continúa siendo uno de los grandes proveedores de estupefacientes de Estados Unidos, según el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas.
Políticos de Estados Unidos, en especial del Partido Republicano, sostienen que México no merece la certificación, pues afirman que el gobierno de Zedillo no está haciendo lo necesario para acabar con las mafias.
Como en otros años, esta postura tendrá, al parecer, mayor eco, pronosticó Chabat. (FIN/IPS/dc/mj/ip/98
