Colombia alcanzó en 1997 una cifra récord en destrucción de cultivos ilícitos, pero analistas señalan sin embargo el fracaso de la estrategia oficial en la materia.
Un informe oficial indica que el año pasado la policía antinarcóticos destruyó 41.000 hectáreas de coca, 6.962 de amapola y 838 de marihuana. Destaca también que existen cerca de 50.000 hectáreas sembradas de coca en todo el país.
Información recogida por satélites de reconocimiento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos revela que la superficie sembrada de coca en Colombia pasó de 68.280 hectáreas en 1996 a 75.200 el año pasado, lo que significaría que este país ha desplazado a Perú como primer cultivador.
Otros informes de organizaciones no gubernamentales cercanas a los campesinos cocaleros indican que los cultivos colombianos sobrepasarían las 100.000 hectáreas.
Para Ricardo Vargas, investigador del Centro de Educación y Cultura Popular, el aumento en los cultivos ilícitos se debe a que la gestión del Estado para enfrentar el problema no ha sido acertada.
Vargas dijo a IPS que la política gubernamental, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante), se limita a atacar el problema de la reducción de la oferta, con lo que genera respuestas "incontrolables para el Estado".
El Plante combina la erraducación voluntaria de cultivos mediante fumigación o destrucción manual con incentivos crediticios para que los campesinos inicien siembras legales de remplazo.
En departamentos como Tolima y Huila (centro) y Cauca (sur) se está "fumigando sin parar" desde 1992 y los "cultivos ilícitos sigan aumentando", señaló Vargas.
Además, el investigador opina que las acciones de erradicación apuntan cada vez más a golpear las finanzas de la guerrilla, a la que se acusa de estar involucrada en esta actividad.
Con este argumento, "el gobierno ha aceptado la financiación de Estados Unidos para erradicar en el sur los cultivos ilícitos" y combatir a la guerrilla "en nombre de la lucha antidrogas", afirma.
Así mismo, dice que los alcances del Plante "son modestos porque la capacidad de generación de empleos de los cultivos ilícitos es mucho mayor".
Para Eduardo Uribe, investigador independiente y coautor del libro "Drogas ilícitas en Colombia", el Plante adoptó un perfil cortoplacista "que lo convirtió en un instrumento de politica local y no en una política integral".
Pese a que se han dado algunos avances, el Plante "opera con un vacío estadístico. No se sabe cuántas hectáreas de cultivos ilícitos existen" y cuántos son los potenciales beneficiarios, indica.
No obstante, constituye "el primer intento de un país productor de droga en América Latina para adoptar una estrategia" de lucha contra oferta de drogas ilegales, admite.
Entre las deficiencias del programa Uribe señala que no diferencia entre un cultivo y otro.
Tampoco se ha realizado un censo para establecer el número real de beneficiarios del programa y la incorporación de los municipios para desarrollar el programa se hizo sin evaluaciones previas y sin coordinación con las respectivas autoridades.
El director del Plante, Juan Palau, defiende a ese instrumento con el argumento de que al menos 11.000 familias campesinas (de 30.000 elegidas inicialmente) están sustituyendo los cultivos ilícitos.
Para ello han recibido créditos por un total de 13 millones de dólares destinados a financiar cultivos sostenibles como caucho, frutales, ganadería y piscicultura.
También se han financiado 1.200 proyectos de infraestructura física, educación y salud.
Palau reconoce que en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo (sudeste), que concentran 70 por ciento de la producción de coca, más de 150.000 campesinos realizaron a comienzos de 1997 la primera gran movilización para pedir al gobierno el desarrollo de un plan integral de sustitución de cultivos ilícitos. (FIN/IPS/yf/dg/ip/98
