Los "halcones" del gobierno de Estados Unidos pretenden ampliar la asistencia a militares de Colombia, hoy dedicados de forma prioritaria a la lucha contra el narcotráfico, para el combate a las guerrillas izquierdistas.
Por un lado, el Comando Sur del Departamento (ministerio) de Defensa (Pentágono) y el jefe de la Oficina Nacional de Política Antidrogas de la Casa Blanca, general Barry McCaffrey, están preocupados por la fortaleza de los insurgentes.
Las organizaciones rebeldes controlan la mitad de las áreas rurales de Colombia, en especial las de cultivo de coca en el sur del país, según McCaffrey y el Pentágono, que recomiendan un mayor respaldo militar, incluso el envío de asesores militares.
Por el contrario, el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad Nacional, órgano asesor de la presidencia, están preocupados por el aumento de la violencia a manos de paramilitares colombianos.
"¿Estamos preparados para ayudar al gobierno colombiano a recuperar el control sobre su territorio nacional? Si es así, esta ayuda derivará, de forma inevitable, en un enfrentamiento con las guerrillas", dijo a IPS un alto funcionario del gobierno de Bill Clinton.
El debate se enardece por la creciente violencia, que incluye dos masacres cometidas por fuerzas paramilitares en zonas cocaleras del sudeste y el abrumador acatamiento de un llamado a la abstención efectuado por la guerrilla en las elecciones locales de octubre.
Las matanzas generaron nuevas preguntas sobre vínculos entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares, que trasladaron sus operaciones desde su bastión en el norte al sur del país en los últimos meses.
Organizaciones de derechos humanos acusaron a los paramilitares de la mayoría de los 1.000 asesinatos políticos registrados en Colombia el año pasado.
Unos 120 pistoleros aterrizaron en julio en el aeropuerto de San José del Guaviare en julio. Se dirigieron desde allí a Mapiripan, donde torturaron y ejecutaron a 33 sospechosos de apoyar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que controlan el departamento de Guaviare, según los activistas.
Los paramilitares continúan operando en el área bajo la conducción de Carlos Castaño, quien goza de protección de funcionarios militares clave a pesar de que pesa sobre él una orden de arresto hace mucho tiempo, afirmaron fuentes del gobierno estadounidense.
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) acusó a Castaño de trabajar en beneficio de los intereses del narcotráfico.
Seis paramilitares llegaron el 18 de octubre por avión al pequeño poblado de Miraflores, tras pasar a través de los puestos de control militares y policiales. Así comenzaron dos días de terror durante los cuales murieron siete mirafloreños.
Ni la policía ni el ejército, que controla la pista en la que aterrizó y de la que despegó el avión, hicieron nada para impedir el incidente y la fuga.
Los dos episodios alarmaron a funcionarios en Washington, que presionaron a sus homónimos en Bogotá para investigar los casos y castigar a los responsables. Pusieron para eso en juego decenas de millones de dólares en asistencia militar y de seguridad, vital para el combate contra el narcotráfico.
El gobierno de Clinton suspendió la asistencia al ejército de Colombia en 1994 por presión del Congreso, debido a los reiterados informes sobre complicidad militar con el narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
Al mismo tiempo, continuó brindando ayuda a la policía antinarcóticos, la marina y la fuerza aérea, más de 50 millones de dólares en los últimos tres años.
Pero Washington comenzó a preocuparse en 1997 por los avances de la guerrilla, y firmó en agosto un acuerdo con Bogotá que podría significar aportes de 40 millones de dólares al ejército este año, aunque sólo para la lucha contra la droga.
El envío de la asistencia se trancó más de cinco meses porque Colombia no suministró información requerida por Estados Unidos para asegurarse de que el dinero no iría a unidades militares "abusivas".
El gobierno de Clinton lanzó, además, una revisión de los requisitos que se aplicarían a la policía, debido a las denuncias de complicidad en esa fuerza en la matanza de Miraflores.
"Se supone que deben ser limpios, pero quizá no lo sean", dijo Coletta Youngers, de la no gubernamental Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), de tendencia cristiana.
Mientras tanto, McCaffrey postula una política más intervencionista. Un día después de la fuga de los asesinos de Miraflores, el zar antidrogas visitó la base aérea en San José para demostrar su respaldo a la guerra contra lo que él denomina "narcoguerrillas".
El funcionario afirma que los insurgentes izquierdistas son el principal obstáculo de la lucha contra el narcotráfico en Colombia y la mayor amenaza a las instituciones democráticas.
Su Oficina y los halcones del Pantágono afirman que Colombia está condenada a una violencia interminable a menos que se convierta al ejército en una fuerza de combate efectiva que tenga voluntad y capacidad para derrotar a la guerrilla y a los paramilitares. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mj/hd ip/98
