DESARROLLO: "Control Ciudadano" alerta por avances lentos

Unos 90 países se encaminan a cumplir sus compromisos con el desarrollo social y la igualdad de género en los próximos años, pero muchos gobiernos aún hacen muy poco para combatir la pobreza y la desigualdad, según el informe "Control Ciudadano 1998".

El estudio, segunda edición de una revisión anual publicada por el Instituto del Tercer Mundo, con sede en Uruguay, afirma que 10 países ya alcanzaron los objetivos medibles para mejoras en salud, educación y desarrollo fijados por la Cumbre Social celebrada en Copenhague en 1995.

Otros 40 países están en condiciones de cumplir sus compromisos en el 2000, y 40 más los seguirían en los próximos años.

Sin embargo, el informe añade que el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de la Cumbre Social es "insignificante o demasiado lento" en unos 30 países, mientras siete países presentaron en 1997 indicadores sociales peores que al comienzo de la década.

Pero unos 70 países, según la coalición de ONG que contribuyó al informe, no alcanzarán las metas (de la Cumbre Social) sin un esfuerzo extraordinario, aunque alrededor de la mitad de los 185 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podrían hacerlo bajo sus planes actuales.

"Las metas trazadas son alcanzables, pero los esfuerzos son aún insuficientes en muchos países. La asistencia prometida no ha llegado, la participación de la sociedad civil es escasa y la globalización no está beneficiando a quienes más lo necesitan", escribió Roberto Bissio, redactor responsable de Control Ciudadano.

Corea del Sur, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Holanda, Malta, Noruega, Polonia, Suecia y Tonga, cumplieron las metas para reducir la mortalidad infantil, mejorar la educación, la salud y el saneamiento, y elevar la expectativa de vida acordados en Copenhague, indica el informe.

En contraste, siete países, Uganda, Zimbabwe, Afganistán, Zambia, Papua Nueva Guinea, Congo-Brazzaville y la República Democrática de Congo (ex Zaire), retrocedieron desde 1990.

En algunas áreas concretas, la mayoría de los países no logran mantener un ritmo adecuado para mejorar sus condiciones de vida.

Mientras 60 países cumplirán la meta de reducir a la mitad sus índices de analfabetismo entre 1990 y el 2000, se calcula que otros 76 no lograrían esa meta a tiempo o no habrán mejorado sus índices entre 1990 y 1994.

Para varias metas importantes, agrega el informe, no se fijaron cronogramas concretos. Entre ellas, la eliminación de la pobreza, una de las metas centrales de la reunión de Copenhague.

"La erradicación de la pobreza es un imperativo ético y político comparable a lo que fue, hace más de un siglo, la abolición de la esclavitud. No obstante, la comunidad internacional no fijó un plazo, una fecha, un horizonte concreto de cuándo debería estar culminada esta tarea", alega Bissio.

Un estudio sobre esfuerzos contra la pobreza en varios países revela que se redujo con mayor eficacia en aquellos que permiten una "distribución del ingreso equitativa" y "un fuerte gasto público en salud y educación", sostuvo Constanza Moreira, coordinadora del equipo de siencias sociales de Control Ciudadano.

La apuesta únicamente al crecimiento económico no es sufuciente, aseguró Moreira. "El interés por el crecimiento, junto a la aplicación de políticas de ajuste y el recorte del gasto público social, demostró ser negativo en términos de erradicación de la pobreza".

Los gobiernos no sólo se atrasaron en la implementación de compromisos sociales, sino también en alcanzar metas de derechos humanos y derechos de la mujer fijadas a comienzos de esta década, señala Control Ciudadano.

El segumiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, también es escaso, según los datos del estudio.

Susana Chiarotti, coordinatora regional del Comité de Latinoamérica y el Caribe de Defensa de los Derechos de la Mujer, escribe en el estudio que los compromisos para combatir la violencia contra la mujer no resultaron en una reforma de las leyes sobre violencia sexual, entre ellas leyes que se aplican al acoso sexual.

En ningún país de América Latina hay bases de datos capaces de indicar la extensión y la seriedad de la violencia contra la mujer, agrega la experta.

Además, en muchos países latinoamericanos existe la necesidad de incluir una dimensión de género en los enfoques hacia la violencia. En general, "el lenguaje de estas leyes" aún trata la violencia contra la mujer como "un fenómeno sin género" en el cual las mujeres pueden ser igualmente culpables o víctimas. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/lp/dv/98

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