Organismos humanitarios y familiares de desaparecidos reaccionar hoy con indignación en Argentina por el fracaso de la sesión parlamentaria que debía discutir la derogación de la amnistía a los militares acusados de la represión ilegal de la última dictadura (1976-1983)
"Traidores" y "cobardes", gritaba un grupo de Madres de Plaza de Mayo en uno de los salones del parlamento, al tiempo que una de sus dirigentes, Nora Cortiñas, expresaba su profunda "indignación" por la suspensión de la sesión extraordinaria.
"Nos vamos defraudadas, pero vamos a seguir luchando para que los asesinos de nuestros hijos vayan a la cárcel, para que no haya más impunidad en Argentina", advirtió Cortiñas, mientras un grupo de familiares clamaba "justicia, justicia", confundidos entre diputados impedidos de explicar las razones del fracaso por el enojo del público.
La suspensión fue decidida por el gobernante Partido Justicialista, que había convocado a la reunión para debatir el proyecto de derogación de las leyes llamadas de punto final y obediencia debida. Lo hizo tras cinco horas de aguardar la llegada de la Alianza de oposición, que intentaba unificar criterios para el debate.
En el momento en que la Alianza, integrada por la centrista Unión Cívica Radical y el centroizquierdista Frente País Solidario (Frepaso), logró acordar una posición común, los legisladores del oficialismo acababan de suspender la sesión por falta de quórum.
"Ya esperamos demasiado", dijo el jefe del bloque justicialista, el diputado Humberto Roggero, que había promovido la convocatoria.
El diputado Carlos Alvarez, uno de los líderes de la Alianza, sostuvo que la decisión del partido de gobierno de levantar la sesión parlamentaria "demuestra que el único objetivo que los guiaba era mostrar que la oposición estaba dividida".
"Como la Alianza mostró un criterio común, para ellos ya no tuvo sentido el debate", afirmó Alvarez.
Legisladores del Frepaso reclamaron el mes último la derogación y la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, promulgadas durante la administración del radical Raúl Alfonsín (1983-1989).
Al exigir la nulidad de las dos leyes, los redactores del proyecto no sólo proponían la revocación de la amnistía, sino que también pretendían habilitar a la justicia a citar nuevamente a los militares acusados de violación de derechos humanos.
El destituído capitán Alfredo Astiz es uno de los beneficiados por la ley de obediencia debida, a pesar de que la justicia francesa lo encontró culpable del asesinato de dos religiosas francesas y la justicia argentina también lo había procesado por secuestro, vejámenes y homicidio.
Sus declaraciones de enero reivindicando la represión ilegal – que provocaron su destitucin- dieron mayor impulso al proyecto de derogación de las leyes, que ganó apoyo entre la población.
En principio, los principales referentes de la Alianza no se mostraron de acuerdo con la propuesta, por considerar que era un proyecto "testimonial" que no tenía posibilidades jurídicas ni políticas de ponerse en práctica.
Entonces, el Partido Justicialista anunció que apoyaría un debate sobre la eventual derogación, aún cuando el presidente Carlos Menem, de su mismo partido, les advirtió que vetará toda norma que determinara la revisión de los efectos de leyes de hace una década.
La mayoría de los analistas políticos y la oposición interpretaron la ofensiva oficialista como un gesto tendente a provocar fisuras en la Alianza, que en octubre se impuso en elecciones legislativas, tres meses después de ser creada.
Al acercarse el día de la sesión, la Alianza unificó su criterio y logr elaborar un proyecto de derogación con el consenso de todos sus miembros. Al mismo tiempo propuso que se modifique el Código de Justicia Militar para que, en el futuro, sea penado el subordinado que cumpla órdenes ilegales.
Pero la inclusión de esta última propuesta, llave del acuerdo en la Alianza, fue rechazado por el oficialismo, lo que obligó a los dirigentes opositores a alargar sus discusiones a la hora en que ya debería haber comenzado el debate en el Congreso.
Los legisladores aliancistas admitieron que el fracaso de esta sesión "degrada" la imagen de los políticos ante la sociedad en un tema extremadamente sensible para la opinión pública. Una encuesta realizada por la firma de Ricardo Rouvier recogió 78,4 por ciento de opiniones favorables a la derogación de las leyes de amnistía.
La última dictadura militar dejó a su paso más de 10.000 desaparecidos, según los registros oficiales, aunque los organismos humanitarios aseguran que se trata de 30.000. Las víctimas eran secuestradas, detenidas en cárceles ilegales, torturadas y presumiblenente asesinadas, aunque los cadáveres nunca fueron hallados.
Los jefes del régimen militar fueron condenados en 1985, pero el gobierno de Menem les concedió el indulto en 1990. En cuanto a sus subordinados, se beneficiaron de las leyes de amnistía, propuestas al Congreso por Alfonsín, que la creyó necesaria para evitar riesgos a la democracia.
Esos riesgos se habían manifestado en dos rebeliones militares, que fueron sofocadas. (FIN/IPS/mv/ff/hd ip/98
