El uso de plaguicidas y otros agroquímicos en las grandes plantaciones de Venezuela comenzó a dejar secuelas que afectan a la mujer campesina, a su salud y a sus oportunidades de desarrollo, según informes concordantes.
En los arrozales de las llanuras del central estado Guárico, entre 48 y 75 por ciento de las muestras de aguas de riego, tomadas en una estación lluviosa, estaban contaminadas con plaguicidas, según un estudio de la Universidad Central de Venezuela.
"En un grupo de embarazadas en la zona se demostró también que la leche materna contenía, en 43 por ciento de los casos, insecticidas organoclorados", apuntó Ivonne Alvarado en su informe sobre la citada investigación.
La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres acogió el estudio universitario.
El Grupo de Estudio sobre Mujer y Ambiente (GEMA), que integra la Coordinadora, propuso investigar la relación entre el uso intenso de insecticidas y el riesgo de abortos y de malformaciones al feto en las embarazadas de la zona.
Su similar Integración Livista, abocada a recuperar las aguas del río Castán para los habitantes de Trujillo, una ciudad pequeña de los Andes occidentales, demanda que se investigue el vínculo entre uso de agroquímicos en las fuentes del río e incremento de los casos de cáncer de cuello uterino en el área.
En el caso de Guárico, "estamos en presencia de un modelo de sociedad y un Estado que, como los de Venezuela, por un lado proscriben el aborto y, por el otro, impulsan sin control una agricultura de base química que lleva el riesgo de abortar a sus mujeres", dijo a IPS Rosa Trujillo, de GEMA.
El riesgo puede ser muy directo y de corto plazo. "En las plantaciones de banano de El Vigía (llanuras al sur del Lago de Maracaibo) la fumigación contra el hongo Sigatoka Negra en ocasiones provoca accidentes mortales", relató a IPS un piloto de helicópteros para aspersión.
"En una oportunidad una niña murió al ingresar a una plantación mientras se fumigaba", relató el piloto, "pero los casos más frecuentes son las congestiones respiratorias y erupciones que causan a las personas, especialmente niños y mujeres débiles", agregó.
En caseríos cercanos a El Vigía "el descontrol es tal que la llegada de un helicóptero para fumigación produce una fiesta. La gente compra cerveza y organiza asados de carne para ver el espectáculo. Muchas madres, en vez de guardar a sus niños, los sacan para presenciar el sobrevuelo", continuó.
Además de los plaguicidas, tiene efectos pendientes de estudio el uso de agroquímicos como los empleados para acelerar la maduración de la caña de azúcar, en el centrooeste del país. Los horticultores vecinos han demandado, con éxito, pagos por sus cosechas abrasadas por los maduradores.
Los problemas creados por la "opción química" en la agricultura son "una muestra del conjunto de agresiones sobre el ambiente rural, campesino e indígena, que perjudica en primer lugar a las mujeres pobres de Venezuela", sostuvo Trujillo, autora del libro "Lo oculto en lo femenino".
Destacó un estudio de 1993 de Olga Nalliba, "La mujer campesina", según el cual "mientras la población del país crece, las tierras cultivables a disposición del campesinado disminuyen, y es mayor cada día el número de mujeres desplazadas a la pobreza en las ciudades".
El campo "se está quedando solo", pues allí vive 15 por ciento de los 23 millones de venezolanos "con 46,6 por ciento de mujeres, de las más pobres entre los pobres y quienes emigran a engrosar la marginalidad urbana, como presas fáciles de oficios no valorados ni intelectual ni económicamente", asentó Nalliba.
Para Trujillo merece capítulo aparte la situación de la mujer indígena "en otro frente de agresión ambiental como es el asociado a la explotación petrolera, que toma nuevo auge con la apertura de la industria", antiguo monopolio estatal en la que participan de modo creciente capitales privados.
En el oriental delta del río Orinoco, asiento de la etnia indígena warao (unos 30.000 individuos), la exploración y explotación petrolera "ha llevado al choque de la cultura criolla (blancos y mstizos) con la de los aborígenes, en detrimento de los más débiles", aseguró Trujillo.
Esgrimió para ello testimonios de mujeres warao en uno de sus congresos en marzo de 1997, según los cuales "la gente de las compañías petroleras (los trabajadores) que andaban en los botes, cuando veían mujeres en los ranchos (viviendas precarias) las agarraban y las forzaban".
Los varones indígenas, de acuerdo con los testimonios, "eran amarrados, y luego difícilmente protestaban, porque no sabían castellano". Según Trujillo, la gerencia petrolera se encogió de hombros, pues no le compete cuidar la conducta de los trabajadores durante su tiempo libre.
"Claro que agredir a los indígenas no es una política de las compañías. Sería irresponsable decirlo. Pero sí muestra que la nueva escalada de explotación petrolera ha marginado un enfoque global hacia las regiones donde actúan, con miras a un desarrollo ético además de sustentable", concluyó Trujillo. (FIN/IPS/jz/pr- hd/98
