Nueve conflictos ambientales de importancia marcan la pauta de acción en el inicio de este año para el movimiento ecologista, cuyo principal desafío es consolidar las posiciones que a juicio de sus líderes ganó durante 1997.
La agenda de preocupaciones ambientalistas incluye problemas de atención internacional, como el de la construción de la central Ralco, una megacentral hidroeléctrica en el curso superior del río Bíobio, cuya represa inundaría tierras de unas 180 familias de indígenas pehuenches.
El proyecto de la transnacional maderera Trillium, de Estados Unidos, para explotar valiosos bosques nativos en la austral región de Magallanes y los intentos de la pesquera noruega American Seafood para operar un enorme barco-factoría en aguas chilenas son otros dos conflictos de interés en el exterior.
En una perspectiva más general, 1998 apunta a mantener la pauta de disputas entre los ecologistas e intereses empresariales, que en varios casos, como los de Ralco y Trillium, tuvieron en 1997 un franco respaldo del gobierno del presidente Eduardo Frei.
El interés gubernamental en atraer inversiones externas y mantener altas tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) plantea evaluaciones discrepantes sobre el impacto ambiental del modelo de desarrollo económico.
Para los grupos ambientalistas más críticos, el gobierno de Frei está fortaleciendo el modelo neoliberal en un contexto de creciente apertura a los capitales transnacionales, atraídos por la existencia en Chile de normas ambientales "relajadas".
Desde esa perspectiva, los ecologistas configuran uno de los frentes más activos de oposición a los afanes del gobierno y los empresarios de integrar a Chile al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) o por lo menos de firmar un tratado de comercio bilateral con Estados Unidos.
El tema de la integración comercial se proyecta como uno de los grandes debates de este año, sobre todo por el anunciado lanzamiento de las negociaciones para crear el Area de Libre Comercio de América (ALCA), en la segunda cumbre hemisférica, prevista para abril en Santiago.
Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política (IEP), y Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, calificaron 1997 como un año "muy exitoso" para el movimiento ambientalista.
"Se podría decir que fue el año del reconocimiento público de los ecologistas como nuevos actores de la realidad chilena", apuntó Baquedano.
Este reconocimiento provino fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia, que durante el año emitió fallos favorables a las posiciones ambientalistas en torno al proyecto Trillium y al American-Monarch, el barco-factoría de la American Seafood.
En el caso de Trillium, la resolución judicial contravino el apoyo de Frei a esta transnacional forestal, mientras que la prohibición para que el American Monarch opere en aguas chilenas fue impulsada también por el gobierno.
Ese barco-factoría tiene capacidad para capturar y procesar diariamente 1.000 toneladas de pescado, con lo cual habría depredado las aguas chilenas y condenado a la ruina a miles de pescadores artesanales.
Pero este caso es una excepción en cuanto a coincidencias del gobierno con los ecologistas, en un marco que tiende a ser crecientemente conflictivo.
El fallo de la justicia que paralizó temporalmente el proyecto Trillium puso en tela de juicio los sistemas de evaluación de impacto ambiental que las autoridades aplican para autorizar los llamados megaproyectos de inversión.
En este ámbito, las expectativas de afluencia de capitales y de creación de fuentes de empleo en áreas apartadas o en sectores de pobreza, tienden a predominar sobre las consideraciones propiamente ambientales.
El debate sobre crecimiento económico y desarrollo sustentable está en el trasfondo de casi todos los conflictos ambientales, que en algunos casos incluyen también litigios con comunidades y grupos étnicos.
En Mehuín, una localidad costera de Valdivia, unos 800 kilómetros al sur de Santiago, todos sus habitantes se oponen a un ducto que arrojará al mar desechos de una planta de celulosa.
En Los Vilos, 250 kilómetros al norte de la capital, las autoridades locales y toda la comunidad rechazan la construcción de un puerto metalero, que forma parte de un gran proyecto de explotación minera con capitales chilenos y japoneses.
En el caso de Ralco el enfrentamiento sitúa, por un lado, a los indígenas pehuenches y a los grupos ecologistas, y por otro, al gobierno y a la compañía Endesa, adquirida hacia fines de año por la empresa española del mismo nombre.
El inventario de conflictos plantea igualmente desafíos para el ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, considerado el líder natural de los sectores socialistas del gobierno y favorito según las encuestas para las elecciones presidenciales de diciembre de 1999.
Lagos defiende un proyecto de 330 milones de dólares para construir una gran autopista en Santiago, que unirá el enriquecido sector oriental de la capital con los atrasados municipios del oeste.
Según los ecologistas, el ministro no encargó los respectivos estudios de impacto ambiental antes de licitar este proyecto, que "sólo pretende favorecer intereses privados de empresas inmobiliarias".
La autopista, llamada Costanera Norte, estimulará un mayor uso del automóvil y por esta vía agravará los ya críticos problemas de contaminación atmosférica de Santiago, señalaron Baquedano y Cuenca. (FIN/IPS/ggr/ag/en/97
