El creciente resentimiento popular ante el gobierno y la elite de Indonesia hace temer que algunos sentimientos entren en ebullición y terminen en disturbios sociales, tras una devaluación que hizo caer la rupia de 2.500 ante un dólar en julio del año pasado a 16.000 este mes.
"¿Cómo puedo confiar en ellos? Cuanto más el gobierno intensifica sus esfuerzos por estabilizar la economía, más cae la rupia", dijo Kurnia, un empleado de 35 años que junto a unos 3.500 enfrenta la posibilidad del despido de la compañía nacional de aviación indonesia.
Kurnia denuncia que no puede ver la sinceridad en la muy publicitada campaña "Yo amo la rupia", iniciada por la hija mayor del presidente Ali Suharto, Siti Hardianti Rukmana, quien recientemente cambió 50.000 de sus dólares estadounidenses por rupias.
Memed, de 34 años, funcionario administrativo en la rama en Bandung del Cuerpo de Auditoría del Estado, agregó que "son ellos quienes arruinan la economía. De pronto, por vender unos pocos miles de dólares o donar gramos de oro, son tratados como sabios".
La visión de Kurnia y Memed deja entrever el creciente resentimiento contra el gobierno y la política económica.
Algunos observadores, muchos de la prensa extranjera, advierten que, con señales de enojo que estallan en manifestaciones por aumentos de precios y piden la renuncia de Suharto, el fin de uno de los gobiernos de mayor data del mundo podría estar cerca.
Suharto, de 76 años, gobernó Indonesia durante 32 años, y su gobierno estuvo impulsado por años de crecimiento económico anual de siete por ciento. Pero la crisis económica que disolvió la confianza internacional en el país plantea la mayor amenaza al presidente.
El año pasado, Indonesia debió aceptar un paquete de rescate de 33.000 millones de dólares liderado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este mes, el gobierno debió rehacer el presupuesto, retirar subsidios populares a alimentos y combustible, reducir proyectos de sus familiares y amigos y prometer poner fin a los monopolios.
Pero la respuesta al nuevo acuerdo que Suharto firmó con el FMI hace dos semanas atrás hizo poco por revivir la confianza en Indonesia, en gran parte debido a que el paquete no encara el destino de su deuda externa de 140.000 millones de dólares.
En otro intento por controlar los perjuicios, Jakarta aseguró este martes que cumpliría con todas las obligaciones de la deuda, incluso de las firmas privadas, e iniciaría un proceso para que deudores privados negociaran nuevos plazos de pago. Unos 65.000 millones de dólares pertenecen al total de las empresas privadas.
Algunos economistas estiman que la inflación ya aumentó a 25 por ciento, y que el desempleo alcanzó 10 por ciento a fin de 1997, provocando una mezcla potencialmente peligrosa en una sociedad cada vez más inquieta.
Los indonesios siguen de cerca los eventos conducentes a la sesión de marzo de la Asamblea Popular Consultiva de 1.000 miembros, que debería dar a Suharto un séptimo mandato de cinco años. Mientras, los síntomas de descontento se multiplican.
El 18 de enero, una bomba explotó en el centro de Jakarta, y la policía dijo que fue hecha por simpatizantes del grupo revolucionario de jóvenes Partido Democracia Popular.
La semana pasada, la policía local en Java Este informó que cientos de personas hambrientas atacaron tiendas de comestibles en la ciudad de Probolingo, en protesta por los crecientes precios. Disturbios similares se produjeron en otras localidades del este de Java hace dos semanas. (FIN/IPS/tra-en/ky-js/lp/if ip/98
