El ingreso de 586 millones de dólares a El Salvador, en breve plazo, como producto de la privatización de cuatro empresas distribuidoras de electricidad, podría afectar una economía relativamente estable.
Para una economía pequeña, como la salvadoreña, que según cálculos preliminares, en 1997 presentó exportaciones de 2.300 millones de dólares e importaciones de 3.700 millones, el ingreso en un solo mes del pago por las privatizaciones supone un riesgo.
Esa suma equivale, por ejemplo, a 50 por ciento de las remesas familiares que llegan anualmente al país procedentes de Estados Unidos, o a 33 por ciento del presupuesto nacional, según funcionarios del gobierno.
Algunos economistas temen que, cuando el Banco Central convierta ese dinero en moneda nacional, el consiguiente aumento de liquidez provoque mayor inflación y la apreciación del colón salvadoreño ante el dólar.
Esa última eventualidad reduciría la competitividad internacional de la producción del país, y abarataría las importaciones.
Carlos Glower, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Humano Sostenible (Fucad), advirtió que el mercado financiero salvadoreño no está suficientemente preparado para absorber esta cantidad de dinero.
Glower considera que, para disminuir el impacto, será necesario que el Banco Central deposite esos fondos en cuentas del exterior.
Por su parte, el Banco Central asegura que el dinero será canalizado de tal forma que no tendrá efectos en el mercado financiero o en la política cambiaria.
De los 586 millones de dólares que ingresarán en los próximos 30 días, 280 millones se utilizarán para pagar deuda de corto plazo en dólares y 40 millones para pagar deuda interna, en moneda nacional.
El dinero restante se destinará a un fondo de inversión (106 millones) y al sector de energía (160 millones), informó el ministro de Hacienda, Manuel Hinds.
Ese esquema de distribución del dinero no coincide con la previsión del Banco Central, según el cual, 321 millones de dólares irán al Fondo General de la Nación. De esa suma, 320 millones se utilizarían para pagar deuda de corto plazo y un millón para financiar gasto corriente.
Otros 160 millones se destinarían a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y los restantes 105 millones engrosarían el Fondo General de la Nación, pero como parte de un presupuesto especial.
En todo caso, según Rafael Barraza, del Banco Central, alrededor de 266 millones de dólares de la venta de las distribuidoras de electricidad se destinarán a aumentar las reservas internacionales y así no habrá presiones sobre el tipo de cambio, las tasas de interés o el programa fiscal.
La prevista distribución del dinero fue criticada por empresarios como el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Luis Cardenal.
Cardenal considera que no se deben vender los activos públicos para pagar deudas o para sufragar gasto corriente, porque cuando ya no haya que vender no habrá de dónde sacar recursos y el Estado se habrá quedado sin capital de trabajo.
Igual criterio expresó Ricardo Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Sin embargo, Simán justificó el destino que el gobierno reserva a los recursos, aduciendo que su uso está condicionado por los organismos financieros internacionales.
"El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no permiten mayor inversión, porque es inflacionaria y aumenta el gasto público", explicó.
Según Simán, ambos organismos habrían advertido que inversiones mayores a cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB) causarían alta inflación. Ese procentaje coincide con el crecimiento anual del PIB salvadoreño. (FIN/IPS/mso/ff/if/98
