El gobierno de Ecuador prepara una nueva ley para reactivar el decaído sector minero que otorga facilidades para la inversión.
Analistas y empresarios estiman, sin embargo, que el proyecto difícilmente podrá revivir la minería.
El objetivo "es impulsar la actividad minera y hacer a Ecuador competitivo a nivel latinoamericano, creando reglas del juego claras y atractivas para los inversionistas", explicó Jorge Sevilla, subsecretario de Minas.
El proyecto actualmente está en manos del Ejecutivo y será enviado al Congreso unicameral antes del viernes.
Diversos analistas coinciden en que para reactivar a la minería ecuatoriana las autoridades tendrán que superar obstáculos que van más allá de la promulgación de nuevas leyes para el sector.
En primer lugar se encuentra la coyuntura política y social por la que atraviesa el país. En agosto el gobierno de Fabián Alarcón concluirá sus funciones, luego de un proceso electoral que prácticamente inició con el nuevo año.
La Asamblea Nacional que se instaló el 20 de diciembre con el objeto de reformar la actual Constitución finalizará su tarea en por lo menos dos meses, sin que aún se haya definido su posición respecto a las concesiones de los sectores estratégicos, donde el tema de la minería está incluido.
Otro factor importante es la posición de las agrupaciones ambientalistas, nacionales e internacionales, que se han opuesto a la ejecución de grandes proyectos mineros en regiones consideradas de alto impacto ambiental.
Según datos de la Dirección Nacional de Minería, en 1997 la producción del sector cayó 50 por ciento respecto a 1996, año en que también se había registrado una importante baja de inversión, de 13,4 a 8,9 millones de dólares.
Actualmente la explotación minera representa uno por ciento del producto interno bruto de Ecuador.
La caída de las inversiones se explicaría en gran medida por la baja en el precio de los metales más cotizados en el mercado internacional, como el oro, pero también por la falta de interés de los inversionistas.
A finales de 1997 tres corporaciones internacionales anunciaron su retiro del país, al argumentar falta de seguridad para la inversión. De ellas una, de capital inglés, ya concretó su salida.
"Sin duda una nueva ley minera ayudará a despertar el interés de la inversión foránea", consideró Jorge Burgos, embajador de Chile en Quito, "pero también es necesario que Ecuador dé mayor confianza por medio de políticas continuas que aseguren la estabilidad".
Según Burgos, la empresa Codelco de Chile (una de las explotadoras de cobre más grandes del mundo) mantiene gran interés por invertir en Ecuador, siempre y cuando existan garantías suficientes.
La vicepresidenta Rosalía Arteaga coincidió con Burgos al señalar que "el desarrollo de la actividad minera no es posible sin una estabilidad política y social que logre dar un ambiente de seguridad y confianza a los inversionistas".
El potencial minero de Ecuador "es evidente aún sin contar con las garantías suficientes para su crecimiento", consideró.
La minería aporta 14,6 por ciento a la economía nacional, mientras que la agricultura, una de las principales actividades productivas, representa 17 por ciento.
En el proyecto de ley se establece un plazo de concesión de hasta 30 años, que puede ser renovable, y se aumenta el área máxima de explotación de 4.000 hectáreas a 8.000.
Asimismo, las empresas concesionarias tendrán estabilidad tributaria por 10 años a partir de la producción efectiva, es decir que pagarán un mismo porcentaje al fisco en ese período.
Estas y otras modificaciones referentes a la estructura organizativa del sector y a la aplicación de políticas de control ambiental "asegurarán una adecuada explotación de la capacidad minera del país", que es de unos cinco millones de hectáreas, equivalentes a 18,5 por ciento de la superficie de Ecuador.
"Las soluciones no pueden provenir de una ley cuando el problema es hacer que esa ley se respete", arguyó Albert Gerry de la companía Zappa de Canadá.
Uno de los principales problemas, según Gerry, es la invasión de las áreas concesionadas por mineros artesanales. "Para evitar eso ya existen leyes, que se mantienen en el papel", señaló.
Unas 50.000 familias ecuatorianas subsisten de la minería artesanal, actividad que ha ido en crecimiento en los últimos dos años. (FIN/IPS/mg/dg/if/98)
