Organizaciones humanitarias y sindicales se sumarán en los próximos días en Chile a la querella criminal del Partido Comunista (PC) contra el ex dictador Augusto Pinochet, informó hoy la secretaria general de esa colectividad, Gladys Marín.
En una reunión con la prensa, Marín señaló que el juez Juan Guzmán, a cargo de la investigación judicial previa a la aceptación o rechazo de los cargos contra Pinochet, citaría a declarar a seis generales del Ejército, cuyos nombres aún se desconocen.
Guzmán inició el día 19 su investigación, luego de que por primera vez se acogiera en Chile una acusación criminal contra el ex dictador y actual comandante en jefe del Ejército, quien asumirá como senador vitalicio el 11 de marzo.
Pinochet, quien gobernó el país entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, fue acusado por el PC de genocidio, homicidios y secuestros múltiples, asociación ilícita e inhumación ilegal, con base en actos de la policía secreta dictatorial.
"Esperamos que la querella llegue hasta el final, que Pinochet sea citado a declarar, sea procesado, condenado y vaya a la cárcel. Pero si eso no prospera, habremos hecho conciencia sobre los crímenes de la dictadura", dijo Marín.
Los cargos contra el ex dictador se fundamentan en la desaparición de los cinco integrantes de la dirección clandestina del PC en Chile, detenidos en una casa de Santiago por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 12 de mayo de 1976.
Las víctimas de esa acción represiva fueron Víctor Díaz, Mario Zamorano, Uldarico Donaire, Jaime Donato y Jorge Muñoz, esposo de Marín.
Entre las diligencias que los abogados del PC pidieron al ministro Guzmán está la de un careo entre Pinochet y el jefe de la DINA, el general retirado Manuel Contreras, encarcelado desde 1995 por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.
La DINA, creada oficialmente en agosto de 1974, funcionó de hecho y por tanto como asociación ilícita desde diciembre de 1973 y tenía una dependencia directa de Pinochet, según declaraciones del propio Contreras, recordó la secretaria del PC.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Confederación Campesina El Surco se harán parte de la querella de los comunistas y agregarán antecedentes sobre otros casos de crímenes masivos contra los derechos humanos.
Las periodistas Patricia Verdugo y Mónica González, autoras de investigaciones sobre crímenes represivos y actos de corrupción de la dictadura difundidas en libros, fueron también convocadas por el juez a cargo de la investigación judicial.
En fuentes cercanas a los tribunales trascendió que también serían citados declarar por Guzmán seis generales, algunos retirado y otros en servicio activo, pero Marín dijo desconocer sus nombres.
La líder del PC destacó que Pinochet está obligado a declarar como objeto de la querella, pero puede acogerse al fuero militar para hacerlo por oficio (por escrito) y recibir al juez en un recinto castrense si éste decide interrogarlo personalmente.
El magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago no tiene un plazo prefijado para culminar la investigación y es muy probable que su labor en esta fase se extenderá más allá del 11 de marzo, fecha en que Pinochet pasará a ser senador vitalicio.
En la hipótesis de que el juez decida acoger los cargos y enjuiciar al ex dictador, deberá pedir su desafuero (levantamiento de la inmunidad parlamentaria) a la Corte de Apelaciones.
En caso de ser desaforado, Pinochet podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que actúa en estos casos como tribunal de última instancia.
Para el PC, el solo hecho de que se haya acogido por primera vez una querella criminal contra el ex dictador y se esté llevando a cabo la investigacvión judicial representa un avance importante, por su efecto político.
En medios políticos y judiciales se considera altamente improbable que Guzmán encauce a Pinochet, quien está protegido por una ley de amnistía que él mismo expidió en 1978 y por la posible prescripción de delitos que se le imputan.
Los comunistas insistieron en que no habrá normalidad en el país mientras Pinochet siga actuando en política, persista la "institucionalidad dictatorial" y no haya verdad y justicia en torno a las violaciones de derechos humanos.
La Central Unitaria de Trabajadores, federaciones estudiantiles y organizaciones humanitarias, además del PC, otros partidos de izquierda y personalidades de la gobernante Concertación por la Democracia apoyan las querellas contra el ex dictador.
Todos estos sectores están organizando actos de repudio a Pinochet que culminarían con una gran manifestación en Valparaíso, sede del Congreso, a 120 kilómetros al oeste de Santiago, el 11 de marzo.
En la coalición gobernante se discute aún la posibilidad de una acusación constitucional contra Pinochet, pero el gobierno del presidente Eduardo Frei presiona para que ésta no se materialice para no entorpecer la transición en el Ejército.
El ex gobernante, que comanda el arma desde el 23 de agosto de 1973, hará entrega del bastón de mando al general Ricardo Izurieta el 10 de marzo, un día antes de que se instale el nuevo Congreso, surgido de las elecciones legislativas de diciembre último. (FIN/IPS/ggr/dg/ip-hd/97
