Las organizaciones de derechos humanos de Argentina rechazaron hoy unánimemente la decisión presidencial de erigir un monumento a la unidad nacional en lo que fue durante la dictadura un centro de detención, tortura y asesinato de más de 4.000 personas.
El presidente Carlos Menem se propone demoler la actual sede en Buenos Aires de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la principal prisión ilegal de la dictadura (1976-1983), erigir allí un mástil con una bandera y trasladar la institución militar a otra localidad.
La prisión clandestina fue dirigida por el ex almirante Emilio Massera, condenado y luego indultado. De allí salían prisioneros secuestrados para arrojarlos vivos al mar, luego de ser sometidos a sesiones de tortura.
Según unos 40 sobrevivientes que brindaron su testimonio en el juicio que condenó a los ex comandantes de las fuerzas armadas, el casino de oficiales de tres pisos, un altillo y un sótano funcionaron como cárcel, sala de torturas y enfermería.
Allí también hubo alumbramientos de niños que luego fueron entregados en adopción ilegal y son reclamados por sus familias.
"Se pretende una conciliación nacional, olvidando que allí la Armada torturó y asesinó a más de 4.000 argentinos, sin que el Estado juzgara y condenara adecuadamente a los responsables", dijo a IPS Emilio Mignone, padre de una desaparecida y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales.
"Nosotros no opinamos sobre el traslado de la ESMA porque no nos atañe, pero nos oponemos a que se haga allí un monumento a la unidad nacional porque creemos que ese sitio tiene que quedar como símbolo del terrorismo de Estado y en memoria del holocausto que allí ocurrió", agregó Mignone.
Menem anunció su idea el miércoles, apenas 24 horas después de que un grupo de legisladores presentaron un proyecto para derogar las leyes que amnistiaron a un millar de militares que participaron de la represión ilegal.
De todo el predio donde hoy se encuentra la ESMA solo quedaría la Escuela de Guerra, un sitio histórico y una planicie con un mástil y una bandera.
Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo calificaron la idea de "provocación".
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga por los Derechos del Hombre, las asociaciones de familiares de víctimas de la represión ilegal y el Servicio de Paz y Justicia que dirige el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también fueron unánimes en su rechazo.
"Es trágico", "horroroso", "un golpe bajo", "no hay reconociliación sin verdad y justicia" y "es una muestra más de insensibilidad" fueron algunos de los términos con que fue repudiado el proyecto anunciado con el objeto de "dejar atrás antinomias del pasado".
Menem decidió que en ese lugar se levante un monumento que "exprese plenamente la voluntad de conciliación de los argentinos", el mismo argumento con que 1990 justificó los polémicos indultos a los ex comdandantes militares condenados por violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura.
Las reacciones de dirigentes humanitarios y oyentes que opinaron este jueves en las radios es totalmente contraria a la transformación de ese lugar repudiado en tierra arrasada utilizada en desfiles, ceremonias y visitas de jefes de Estado.
Menem dijo haber visto en México un lugar así durante su última visita a ese país.
El ministro de Defensa, Jorge Domínguez, y el de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, fueron este jueves las únicas voces oficiales que defendieron el proyecto.
La secretaria de Derechos Humanos, Inés Pérez, admitió no estar al tanto de los detalles pero anticipó su respaldo a una decisión que "seguramente ser acertada", arriesgó.
Dominguez justificó la decisión en la necesidad de transformar un símbolo negativo en un lugar de libre acceso al público. La Escuela está cercada en la actualidad. Sus instalaciones serán trasladadas a Puerto Belgrano, en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Granillo acusó a quienes rechazan el proyecto de no querer la unidad nacional y comparó la idea con el Parque Memorial de Estados Unidos levantado donde estaba el edificio del gobierno federal en Oklahoma, destruido en un acto terrorista cuyos responsables fueron condenados o sometidos a juicio.
En Argentina, las heridas de la represión ilegal, que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, siguen abiertas porque los ex comandantes fueron indultados y más de un millar de militares que participaron de la represión fueron liberados de proceso hace 10 años mediante las leyes de punto final y obediencia debida.
El padre de la adolescente sueca desaparecida Dagmar Hagelin, Ragmar Hagelin, sostuvo este jueves desde Suecia que pretender erigir un mástil en ese sitio "es una ofensa a los sentimientos de los familiares de los desaparecidos a quienes se nos cerraron todos los caminos para conocer la verdad y hacer nuestro duelo".
Dagmar Hagelin fue asesinada a balazos por el ex capitán Adolfo Astiz, condenado en Francia a cadena perpetua por el crimen de dos religiosas francesas en Argentina.
Astiz, liberado por la ley de punto final, está libre en Argentina, aunque no puede salir del país sin ser detenido por Interpol para su entrega a Francia. Además, sufre frecuentes agresiones físicas y verbales en la calle, cuando va a un restaurante o a una discoteca.
Massera debió retirarse en diciembre de un restaurante cuando un grupo de comensales advirtió su presencia al dueño y el resto de los clientes.
El proyecto presentado por un grupo de diputados un día antes del anuncio de Menem dejaría sin efecto las leyes de punto final y obediencia debida que beneficiaron a más de 1.100 militares que actuaron en los campos clandestinos de detención y en secuestros, torturas y desaparición de personas.
Versiones de inteligencia indicaron que a partir de la presentacin del proyecto y en busca de consenso popular, se realizarán marchas y protestas callejeras en demanda de la derogación de esas leyes. Por eso Menem habría decidido adelantar un proyecto que tenía en su cartera hacía tiempo. (FIN/IPS/mv/mj/hd ip/98
