/PERSPECTIVAS 1997-1998/

La reimplantación de la extradición, así como disposiciones que permiten la expropiación de bienes a los narcotraficantes fueron dos de las decisiones más controvertidas del parlamento colombiano este año.

El presidente Ernesto Samper calificó de "positiva" la labor legislativa, destacando en particular la reimplantación de la ley de extradición de colombianos que delinquen en el extranjero.

La nueva norma fue aprobada con alteraciones a la moción del gobierno, que pedía la aplicación de la extradición con retroactividad para aquellos condenados que purgan penas por narcotráfico en el país y son requeridos en otras naciones por el mismo delito.

El parlamento eliminó la retroactividad, lo cual excluye de la posibildad de extradición a jefes del cartel de Cali como los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orrejuela y algunos sobrevivientes del desarticulado cartel de Medellín, todos reclamados por Estados Unidos.

"Respeto la decisión del Congreso, pero no la comparto en su totalidad", comentó Samper, preocupado, al igual que los sectores económicos, por las consecuencias que la normativa puede tener en Washington.

El Congreso de Estados Unidos debe examinar en marzo la conducta de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. En caso de que este país sea nuevamente reprobado ("descertificado") podría tomar represalias comerciales.

Mientras se cumplía el debate de aprobación de esta ley, su ponente, el diputado del gobernante Partido Liberal Jairo Chavarriaga recibía irónicamente una orden de detención de parte de la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Chavarriaga es acusado de haber recibido cheques del cartel de Cali y haber incrementado injustificadamente su patrimonio con dinero del narcotráfico.

Encuestas y consultas contratadas por diferentes medios de comunicación señalaron que la opinión pública rechaza que los delincuentes nacionales purguen penas en el extranjero.

Aunque la norma sólo es aplicable para delitos futuros, el grupo armado al servicio de los carteles de la droga conocido como "Los Extraditables" sentó su posición desde abril, cuando afirmó que el lema que le dio nacimiento en la década pasada seguía más vivo que nunca.

"Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en el extranjero", señalaban "Los Extraditables" en aquellos años.

A la aprobación de la extradición con condicionamientos, siguió en el ámbito político el debate en torno a las leyes que por su carácter general están en condiciones de beneficiar a los narcotraficantes.

La ley que dispone la expropiación de los bienes de esos delincuentes, aprobada en 1996, fue duramente criticada por analistas según los cuales no ha sido debidamente aplicada en lo que va corrido del año.

La diputada liberal Yolima Espinosa, ponente del proyecto ante la Cámara de Diputados, dijo no obstante a IPS que "esta ley permite poner dientes a toda la legislación que hay contra el crimen organizado".

Alfredo Molano, actual consejero presidencial para la paz, argumentó por el contrario que el texto "ha quedado reducido a una payasada".

Molano, quien se encuentra fuera del país por amenazas de muerte, sostiene que "las tierras de los narcos deben dar para crear reservas campesinas".

La Fiscalía argumenta la imposibilidad de incautar los bienes de los narcotraficantes, como lo dispone la ley, por el aumento exponencial del número de testaferros.

Por otra parte, una ley adoptada con el objetivo de descongestionar las saturadas cárceles del país (con capacidad para 30.000 reclusos pero que albergan a 43.000) también podría beneficiar a los narcos.

Motines iniciados en el centro del país y en la capital, que encontraron eco en todas las regiones, tenían como único motivo la aprobación de ese proyecto, que concede rebaja de penas y otras ventajas a cerca de 14.000 detenidos.

El texto excluye a los acusados de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y testaferrato, una condición que los presos rechazaron en sus motines.

El fiscal general Alfonso Gómez dijo que "los procesados deben cumplir la totalidad de la condena". (FIN/IPS/mjll/dg/ip/97

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