Los sectores políticos opositores de Perú, invitados por el novelista Mario Vargas Llosa a unirse detrás de una sola candidatura presidencial para los comicios del 2000 para impedir la reelección del presidente Alberto Fujimori, evalúan suscribir un pacto previo de gobernabilidad.
Este compromiso alcanzaría la propia camapaña electoral, para evitar que las discrepancias programáticas se formulen en términos antagónicos.
Un pacto político de esa naturaleza es considerado necesario porque ningún sector parece estar en condiciones de obtener la mayoría parlamentaria para gobernar en caso de acceder a la presidencia.
La oposición concuerda con el literato y ex candidato presidencial en cerrar el paso a las intenciones de Fujimori de hacerse reelegir por segunda vez consecutiva, una posibilidad insinuada por el mandatario pese a que la Constitución vigente lo prohíbe.
También coinciden en el desacuerdo con su estilo de gobernar, al que califican de autoritario y centralista, y rechazan la presunta injerencia castrense en sus decisiones, aunque esto último es considerado delicado por los sectores conservadores.
Sin embargo, tienen fuertes discrepancias entre sí respecto a las reformas económicas neoliberales implantadas por Fujimori. Algunos de estos partidos son acusados incluso de "neofujimorismo" o de proponer un "fujimorismo sin Fujimori".
Las diferencias son mayores entre Vargas Llosa y las organizaciones de centro y de izquierda, pues el afamado escritor se presenta como un adalid de la ortodoxia liberal, tanto en términos políticos como económicos, y demanda un mayor rigor aún en las reformas económicas.
Si bien los opositores de izquierda no plantean hasta ahora la reversión total de las reformas, demandan cambiar su orientación para priorizar la generación de empleos o congelar el proceso de privatización de empresas estatales.
"Hay que cambiar el programa económico de Fujimori, que está diseñado para pagar la deuda externa y mantener bajos niveles inflacionarios pero no para generar empleos de calidad", sostiene el economista izquierdista Javier Iguinez, de la Universidad Católica de Lima.
Mientras la izquierda quiere revertir el modelo económico del gobierno, el escritor lo critica por no ser suficientemente liberal, "pues ha reemplazado los monopolios estatales por monopolios privados".
El Movimiento Libertad, creado en 1990 para impulsar la candidatura de Vargas Llosa, sostine que Fujimori debe ser derrotado electoralmente pero que no deben ser destruidos los logros económicos de su gobierno, según expresó Pedro Cateriano, uno de sus líderes.
Aunque todos los grupos políticos aceptan la economía de mercado, el centrista Partido Popular Cristiano (PPC), el socialdemócrata Partido Aprista e Izquierda Unida demandan un mayor papel del Estado en la generación de empleos y mayor inversión social.
"Estamos de acuerdo con Vargas Llosa en que la dispersión sólo favorece a Fujimori y que se requiere de un frente amplio de partidos y movimientos, pero no basta juntarse para ganar una elección, hay que buscar afinidades", opina Antero Flores, del PPC.
"Hay que lograr en conjunto un programa no muy ambicioso, de transición, pero que debe ser preciso respecto de las demandas populares", sostiene, por su parte, el parlamentario Henry Pease, ex dirigente de Izquierda Unida y desde 1995 representante del centrista movimiento Union Por el Perú.
"No interesa el nombre, pongamos un programa conjunto por delante", expresa Mercedes Cabanillas, secretaria general del Partido Aprista, la mejor organizada y más numerosa comunidad política de este país.
El aprismo gobernó entre 1985 y 1990, pero la política populista del carismático ex presidente Alan García provocó una debacle económica y su mandato concluyó con una hiperinflación de 7.000 por ciento.
Uno de los caminos para cerrar el paso a los deseos reeleccionistas de Fujimori es la realización de un referéndum que se pronuncie contra la "interpretación parlamentaria" que impulsa la mayoría oficialista para evadir la prohibición constitucional de postularlo por tercera vez consecutiva.
Según el congresista de Izquierda Unida Javier Diez Canseco, el referéndum también servirá para consultar al electorado sobre su posición respecto del programa económico.
"Al parecer, Diez Canseco quiere que los resultados del referéndum en los temas programáticos, como la cuestión del empleo, sean la base del proyectado pacto de gobernabilidad", analiza la socióloga Olga Soto.
La acelerada caída de la popularidad de Fujimori, cuyo respaldo popular descendió de 63 por ciento en diciembre pasado a casi 24 por ciento en junio aunque luego remontó a 32 por ciento, ha despertado el optimismo de los líderes de la oposición.
El optimismo creció además porque no todos quienes aprueban la gestión del presidente declaran estar dispuestos a apoyar la reelección y, según las encuestas recientes, Fujimori sólo tiene 16 por ciento de votación potencial.
Pero los sectores opositores tampoco están mejor ubicados, pues el respaldo potencial que otienen en conjunto las agrupaciones de derecha, centro e izquierda no superan en este momento 15 por ciento de los votos, según las mismas consultas.
Aunque no se conoce ninguna encuesta nacional sobre su imagen preelectoral, el alcalde metropolitano de Lima Alberto Andrade, un abogado independiente es el que está mejor posicionado en la capital, donde recoge actualmente más de 50 por ciento de la intención de voto.
"El electorado sigue dando la espalda a los partidos y parece que en las elecciones del 2000 proseguirá la onda en favor de los independientes, como lo fue Fujimori en 1990", comenta Soto.
Sin embargo, los líderes de las organizaciones políticas consideran que les será posible remontar el desafecto popular, aprovechando el vacío dejado por la erosión de la popularidad presidencial, y ninguno de ellos ha aceptado conversar con Andrade en términos electorales, aunque éste tampoco los buscó. (FIN/IPS/al/dam/ip/97
