Organizaciones ambientalistas, de mujeres y trabajadores del turismo de las islas Galápagos iniciaron hoy una paralización de actividades en apoyo a un proyecto de ley de conservación para el archipiélago que se discute en el parlamento de Ecuador.
Según estas agrupaciones, el texto debe ser examinado urgentemente por el Congreso o caso contrario las islas serían incluidas en la lista de "patrimonios de la humanidad en peligro de extinción" de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
"Una clasificación de esta naturaleza repercutiría directamente en la economía de nuestras familias, de las islas y del país entero", dijo a IPS Jimena Flores, dirigente de una organización de mujeres de Galápagos dedicadas al turismo.
Para Flores, si las Galápagos son incluidas en la lista de patrimonios en peligro, una de las primeras consecuencias sería la disminución del turismo, actividad practicada por 80 por ciento de la población insular y que genera 60 por ciento del total de recursos que el Estado obtiene por este rubro.
En 1979 la Unesco declaró a las islas patrimonio natural de la humanidad debido a su amplia biodiversidad, que incluye especies únicas en el mundo como las gigantescas tortugas Galápagos (que dan nombre al archipiélago), así como distintos tipos de aves, reptiles y peces.
Sin embargo, el manejo de esta reserva natural por parte del Estado ecuatoriano ha sido objeto de observaciones de la Unesco por las altas tasas de migración, las actividades pesqueras, el turismo sin control y la introducción de especies ajenas al ecosistema.
El viernes pasado concluyó el plazo impuesto por la Unesco para que las autoridades ecuatorianas tomen cartas en el asunto, pero la polémica por los términos de la nueva legislación provocó que el parlamento postergue la discusión del documento.
Ante esta situación, la ministra de Medio Ambiente, Flor María Valverde, envió el fin de semana último una delegación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presentar un informe de los avances en materia ambiental de su gobierno.
Este puede ser uno de los último recursos de Ecuador para evitar que las llamadas "islas encantadas" sean incluidas en la lista de patrimonios en peligro.
La nueva Ley Especial de Conservación fue elaborada por una comisión especial integrada por mandato del Ejecutivo a inicios de este año.
La comisión fue conformada por representantes de los sectores sociales, industriales, autoridades ambientalistas y organizaciones nacionales e internacionales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza.
"El documento es fruto del verdadero consenso entre los diversos sectores involucrados con las Galápagos, quizás como ninguna otra legislación", dijo Jorge Anhalzer, presidente de la Fundación Charles Darwin, una organización internacional creada bajo el auspicio de la Unesco.
"Los políticos, los industriales y los pescadores ya han emitido sus objeciones sobre la ley y lograron frenar su aprobación sin llegar a ningún consenso", consideró Felipe Cruz, dirigente una organización social de Galápagos y miembro de la Comisión Especial que elaboró el proyecto.
Según Cruz "ahora le toca hablar a la población, que está totalmente a favor de la aprobación de este proyecto, pues es consciente de que la protección de los recursos naturales beneficia en forma directa su economía doméstica".
Galápagos, una de las 21 provincias de Ecuador, situada a 1.000 kilómetros del territorio continental, es la localidad con el mayor índice de crecimiento poblacional del país, debido a la migración de cientos de familias que deciden radicarse allí en busca de un mejor nivel de vida.
En las islas del archipiélago de mayor afluencia turística, como Santa Isabela y San Cristóbal, los salarios son hasta 75 veces más altos que en el resto del territorio nacional.
Uno de los aspectos de la nueva legislación es precisamente el referente a la migración, pues se establece que sólo las personas con menos de cinco años de residencia en las islas podrán normalizar su situación legal. Las restantes podrían ser deportadas.
Sin embargo, este aspecto "que supuestamente debería generar más controversia entre la población de las islas, ha sido aceptado y asumido por todos", aseguró Flores.
El tema mñas controvertido es el de la ampliación de la reserva marina de 15 a 40 millas.
El sector de la pesca industrial se opone radicalmente a que se extienda el área marítima bajo protección, al considerar que se afectará tanto a los pescadores que habitan en el archipiélago como a los de las costas continentales.
En las reservas marinas está prohibida la pesca industrial y se controla estrictamente la pesca artesanal.
"La ley pretende proteger a las especies y, por lo tanto, a sus fuentes de alimento que se encuentran hasta 40 millas de distancia", aseguró Anhalzer. (FIN/IPS/mg/dg/en-ip/97
