Trabajadores estatales, indígenas y estudiantes de la capital de Ecuador realizaron hoy marchas de protesta contra la aprobación por el parlamento de reformas a la Constitución que facilitan la privatización de firmas estatales.
"La aprobación de estas leyes sólo puede interpretarse como un acto de desesperación por privatizar y burlarse de la ciudadanía", consideró Iván Narváez, dirigente de los trabajadores petroleros.
En las manifestaciones participaron miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie, la organización autóctona más grande del país), estudiantes de la Universidad Central y trabajadores petroleros, del sector salud, eléctrico y de las telecomunicaciones.
Los manifestantes exigieron la intervención del Tribunal Constitucional para que invalide la actuación parlamentaria.
Este miércoles y jueves el parlamento se reunió en sesión extraordinaria para aprobar leyes que "ayudarán a crear estabilidad al país y propiciarán la inversión privada" en áreas estratégicas que hasta ahora se mantienen bajo control estatal, según Heniz Moeller, presidente del Congreso.
Entre las leyes más polémicas está la referente a la prohibición de realizar paralizaciones y huelgas en los sectores estratégicos. Los trabajadores que incurran en una de estas prácticas serán desde ahora sancionados penalmente.
Para Narváez, quien además es dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, que agrupa a unas 300 organizaciones a nivel nacional, "esta ley viola los derechos de los trabajadores ecuatorianos, que se encuentran contemplados en el texto constitucional".
Moeller, del derechista Partido Social Cristiano (PSC), fue el encargado de convocar a la sesión parlamentaria y de proponer los temas a tratarse, a pesar de que el próximo mes se instalará una Asamblea Nacional, cuya función será, precisamente, reformar la Carta Política.
Las reformas contaron con el apoyo de 56 de los 82 legisladores, muchos de ellos de izquierda y centroizquierda, que anteriormente habían manifestado su oposición a los proyectos aprobados.
"Es una maniobra para obstaculizar el trabajo de la Asamblea Nacional", consideró Antonio Vargas, presidente de la Conaie.
La Convención comenzará a funcionar el 20 de diciembre y estará integrada por 70 asambleístas que serán elegidos el día 30.
El PSC "ha visto que su representación será mínima en la Asamblea y por eso intenta reformar apresuradamente la Constitución", consideró Nina Pacari, también de la Conaie, organismo que propuso la disolución del parlamento para que los asambleístas trabajen sin presiones.
La Asamblea Nacional fue resultado de una serie de propuestas de diversos sectores de la sociedad civil surgidas tras la destitución por el parlamento del presidente Abdalá Bucaram, en febrero.
La idea entonces era devolver la estabilidad política y social al país mediante una reforma profunda a la Constitución política. (FIN/IPS/mg/dg/ip/97
