Desde la retirada del régimen militar en 1983, muchos creen que en Argentina las fuerzas de seguridad ya no se dedican a violar los derechos humanos. Sin embargo, son casi 400 los crímenes cometidos por la policía, en democracia.
El dato se desprende de un archivo que lleva la Coordinadora Contra la Represión Policial, una agrupación formada por abogados, dirigentes humanitarios, estudiantes y familiares de detenidos en forma arbitraria, torturados, desaparecidos y -en 381 casos- asesinados por policías.
En 80 por ciento de los casos recogidos no hubo aún resolución judicial que condene a los responsables. El gobierno denunció ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que ninguna denuncia contra la policía por apremios ilegales se pudo probar ni identificar al culpable.
En diálogo con IPS, la abogada María del Carmen Verdú señaló que sólo en lo que va de 1997 murieron 53 personas, en su mayoría jóvenes y pobres, a manos de policías en situación de total indefensión, es decir en condiciones en que el victimario no corría ningún riesgo.
Verdú es una de las referentes de la Coordinadora que ya tiene 35 sedes surgidas espontáneamente en todo el país. Una docena de abogados trabaja gratis para representar a los familiares sin recursos, y organizan charlas para jóvenes todas las semanas para prevenir la represión.
Según un sondeo realizado por UNICEF, la comisaría es el sitio en el que los jóvenes de 16 años sienten que más se violan sus derechos humanos. Otras encuestas señalan que la policía es el terror de jóvenes y adolescentes y su principal enemigo en las calles.
Cristian Campos, de 16 años, fue detenido por la policía cuando salía de su casa porque -según la versión policial- creían que tenía datos sobre un delito. Su cuerpo fue encontrado seis días después, con seis disparos de Itaka y carbonizado. Uno de los pocos casos cuyos autores fueron condenados.
"Hasta 1983, los militares eran el brazo armado del sistema. Pero al final de la dictadura no se terminaron las violaciones de los derechos humanos sino que la policía y -cada vez más- la gendarmería asumieron el papel de ejecutores de esa política represora del Estado", explicó Verdú.
Saúl Canessa, de 20 años, fue detenido por ebriedad mientras conducía su moto. Murió dos días después en sede policial como consecuencia de los golpes recibidos. Adalgisa Chávez, de 24, fue torturada en una comisaría hasta morir. La enterraron cubierta con cal viva para borrar rastros.
"También cambió el sujeto de la represión, antes eran los militantes de partidos políticos, estudiantes, y ahora son los marginales, el saldo social del sistema: los jóvenes, los drogadictos, los homosexuales, los marginales, las minorías étnicas, los pobres", ejemplificó.
Sandra Torres tenía 24 años y estaba encinta. Varios testigos vieron este año a dos policías bajarse de un móvil (patrullero) y arrojar a un basural su cadáver maniatado y con la cabeza destrozada a golpes. Los testimonios permitieron ubicar el cuerpo, no a los responsables.
"El control social sobre los marginales es un reaseguro para la propia existencia del Estado", sostuvo la abogada. "Por eso no creemos los que policías criminales sean psicópatas o locos sueltos, ni víctimas de accidentes con armas que se disparan solas", añadió.
Para ella se trata de una política represiva en la que los policías son entrenados para matar.
Roberto Verón, de 22 años, estaba durmiendo cuando ingresaron a su casa dos policías con una orden de captura y lo asesinaron en la cama. Luis Rodriguez, de 26, había robado un cordero. Estaba inerme. Tres policías le dispararon por la espalda y murió en el acto.
Y así siguen los casos de "gatillo fácil". Roberto Roldán, de 35 años, conducía un precario automóvil para llevar a su hija de tres años con convulsiones al hospital más cercano cuando la policía, en lugar de advertir la emergencia y cederlo el paso, le disparó y lo mató.
Javier Rojas, de 26 años, fue retirado de una pizzería por averiguación de antecedentes. Afuera recibió dos disparos en la sien. Está entre los múltiples casos que la coordinadora considera como "fusilamientos" policales. Y hay también "desaparecidos".
Se trata de jóvenes activistas de los derechos humanos o estudiantes que desaparecieron luego de estar detenidos en alguna comisaría y sus cuerpos nunca fueron encontrados.
Hay también "masacres" en las que varias personas fueron acribilladas por desoír una orden de detención o por "confusión" de uniformados ebrios.
Son decenas los casos en los que las víctimas mueren por impactos de bala dentro de su automóvil, o en situaciones de "suicidio" en sede policial -la policía está obligada a quitar a los detenidos las pertenencias con las que pueden cometer actos de autoagresión-.
Los casos recuerdan el accionar de la última dictadura militar (1976-83), durante la cual se secuestró y torturó a miles de personas consideradas opositoras al régimen. Los organismos de derechos humanos aseguran que fueron alrededor de 30.000 los desaparecidos por los militares.
Verdú señaló que al principio la opinión pública no relacionaba los crímenes policiales con la continuidad de la represión. "No era visto como un tema político, ni siquiera por los organismos de derechos humanos que habían surgido durante la dictadura", remarcó.
Con el tiempo, los archivos, denuncias, marchas y conferencias de la Coordinadora lograraron crear conciencia del problema y ahora la conexión de policías con crímenes como el atentado a una mutual judía -86 muertos- y el del reportero gráfico José Luis Cabezas ya no sorprenden a nadie.
"Los gobiernos -acusó Verdú- tienen la policía que necesitan: gente entrenada para reprimir, para reaccionar de manera autoritaria y para matar a sangre fría a todo aquel que no encaja con el sistema".
"Por eso nosotros acuñamos la frase: 'el ajuste (económico) no cierra sin represión. Y ahora lo cambiamos por otra que dice: 'el ajuste no cierra ni con represión". (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/97
