Someter a juicio por violaciones a los derechos humanos a la junta militar que gobernó Chile sería riesgoso para la transición democrática, advirtió el canciller José Miguel Insulza, que también consideró improcedente hacerlo en el exterior.
Insulza dijo, en declaraciones difundidas este viernes, que la única acusación contra miembros de la junta militar que encabezó el general Augusto Pinochet se procesa en España, y se preguntó «si no sería más razonable, desde el punto de vista estrictamente jurídico, presentar esas querellas en Chile».
Pero, agregó, nadie toma esa iniciativa «porque todo el mundo sabe que eso pondría en grave riesgo el proceso de transición» a la democracia, iniciado en 1990 tras 17 años de dictadura militar.
Las declaraciones del ministro fueron publicadas por el matutino La Epoca, de Santiago, que lo consultó por la actuación de Chile en materia de derechos humanos a nivel internacional.
La entrevista se difundió en ausencia del ministro, quien viajó a la ciudad canadiense de Vancouver para participar en una reunión cumbre del foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC).
Insulza reiteró su cuestionamiento a la competencia de la justicia española para juzgar delitos cometidos en Chile, por estimar que eso «no está de acuerdo con el derecho internacional».
El ministro admitió que se han celebrado juicios por violaciones a los derechos humanos fuera del país en que los delitos se cometieron, pero la iniciativa estuvo a cargo de tribunales internacionales, como ha sucedido al concluir enfrentamientos bélicos.
«Lo que yo cuestiono es que situaciones producidas en el Estado de Chile se puedan juzgar por el tribunal de otro país», añadió.
En España se abrió un sumario en 1996, cuando al Audiencia Nacional acogió la denuncia de la Unión de Fiscales Progresistas por la desaparición de ciudadanos españoles en Chile después del cruento golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, que colocó a Pinochet en el poder.
El proceso a cargo del juez español Manuel García Castellón intenta determinar responsabilidades, incluyendo las que habrían tenido Pinochet y otras altas autoridades del régimen militar.
Pero el gobierno chileno ha cuestionado en reiteradas oportunidades la procedencia de ese proceso.
«Creo que todos los delitos deben ser juzgados y condenados, pero eso corresponde hacerlo en el lugar donde los delitos se cometieron y no en otra parte», dijo el canciller, un militante socialista.
Al comentar la posibilidad de que si un juicio a la junta militar se radica en Chile pondría en peligro la transición democrática, Insulza dijo que, a su entender, no se podría atribuir responsabilidades institucionales por los delitos contra los derechos humanos.
Esto significa que la junta militar sería juzgada como tal, sino que se juzgaría «a personas, por delitos cometidos por personas».
«En ese sentido, siempre he entendido que la transición es así», agregó el canciller, al dejar en claro que defiende el criterio manejado por los dos gobiernos elegidos democráticamente tras el fin de la dictadura. (FIN/IPS/lac/ff/ip hd/97
