La Central Obrera Boliviana (COB) amenazó hoy con movilizaciones callejeras, en respuesta al anuncio del gobierno de probable congelamiento de salarios en la administración pública y de su determinación por las fuerzas del mercado en el área privada a partir de 1988.
Dirigentes de la COB advirtieron que los trabajadores no tienen otro camino que el enfrentamiento con el gobierno de Hugo Banzer.
"Puedo anticipar que los trabajadores, en uso de nuestros derechos, saldremos a las calles", dijo el dirigente minero Roberto Pancorbo.
"Lo que están haciendo con ese anuncio es provocar el enfrentamiento entre trabajadores y el gobierno. No puede haber este tipo de imposiciones. Veremos las estrategias de lucha a seguir", declaró por su parte el secretario ejecutivo de la COB, Walter Aguilera.
Los empresarios apoyaron el anuncio gubernamental y señalaron que el congelamiento de salarios públicos y la liberalización de retribuciones en el sector privado son "propuestas realistas".
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, José Luis Camacho, dijo que se debe ofrecer al trabajador solamente lo que se tiene en el momento, porque el país "no está en condiciones de dar mayores incrementos salariales".
Según Camacho, el gobierno debe garantizar la capacidad adquisitiva de los salarios y la seguridad de los ciudadanos únicamente a través de la conservación del equilibrio económico.
La polémica siguió a la intervención del ministro de Hacienda, que el miércoles se pronunció por agilizar la administración pública, lograr una mayor eficiencia del aparato estatal y destinar más recursos a obras de impacto social.
Desde que Bolivia estabilizó su economía, en 1985, los sucesivos gobiernos dispusieron en los primeros meses de cada año un incremento salarial equivalente al nivel de inflación proyectada para ese mismo ejercicio.
La inflación prevista para 1998 es de aproximadamente seis por ciento.
El Ministerio de Hacienda ha modificado ahora ese concepto y considera que los "aumentos salariales nominales" sólo producen una mayor inflación.
"Con un incremento salarial igual a la inflación nadie gana", declaró el viceministro de Presupuesto, Armando Méndez, al explicar que la propuesta del gobierno tiene "sólidos argumentos técnicos y académicos que garantizan las ventajas de su aplicación".
Otros dirigentes sindicales criticaron la incongruencia que entrañaría la eliminación del aumento anual de salarios frente al compromiso del gobierno de dar prioridad a la lucha contra la pobreza.
"¿Cómo se puede luchar contra la pobreza cuando se le congela al trabajador la oportunidad de tener mayores ingresos?", preguntó el dirigente sindical Vladimir Terceros.
La "lucha prioritaria contra la pobreza" fue una de las principales ofertas de Banzer para ganar las elecciones de junio. Una vez en el poder, aseguró estar preparando un plan para cumplir ese objetivo, aunque hasta ahora no se ha conocido ninguna estrategia concreta.
Otros sindicalistas consideraron el anuncio del congelamiento de salarios del sector público y de liberalización en el área privada una medida de presión del gobierno con vistas a las negociaciones con los trabajadores previstas para principios de 1998.
Mientras, representantes de la coalición gobernante opinaron que el plan del Ministerio de Hacienda no es conveniente, por el alto costo político que podría tener para la gestión de Banzer, que se prolongará hasta agosto del 2002.
El salario mínimo nacional en Bolivia equivale a unos 60 dólares, aunque el promedio en el sector público es aproximadamente ocho veces superior a esa cantidad.
En el área privada, los niveles salariales son generalmente, más elevados y las negociaciones anuales de incremento se realizan directamente entre trabajadores y empleadores, siguiendo como referencia no vinculante el porcentaje de aumento determinado por el gobierno para la administración pública. (FIN/IPS/jcr/ff/lb/97
