Las dificultades para resolver diferencias comerciales en el Mercosur resurgieron esta semana en Argentina, Brasil y Uruguay, y parlamentarios de la región reclamaron árbitros imparciales para dirimir conflictos.
A comienzos de esta semana los estados brasileños de Río Grande del Sur y de Santa Catarina, los más próximos a Uruguay, decidieron restricciones tributarias que afectan las exportaciones uruguayas de leche envasada de larga conservación.
Las medidas impactaron en el segundo rubro de exportación de Uruguay a Brasil. En los últimos tres años los lácteos uruguayos representaron entre el 11 y el 13 por ciento del total vendido al país vecino.
Las previsiones para 1998 indican un aumento de esas exportaciones de aproximadamente el 30 por ciento.
Hasta ahora, la leche se vendía en Brasil sin un impuesto a la circulación de mercaderías y servicios dentro de esos estados y el importador era obligado a pagar el 12 por ciento de las mismas, que luego podía utilizar como crédito fiscal, igualando el tratamiento dado a la leche local.
"Un nuevo reglamento impide al importador el uso de crédito equivalente al 12 por ciento, lo que transforma a la situación en un impuesto de importación estadual totalmente discriminatorio", afirmó la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) de Uruguay.
Ahora el importador deberá enfrentar un costo imprevisto con efecto negativo sobre las exportaciones uruguayas, lo que viola el tratado del Mercosur y crea "un precedente insólito donde cada estado brasileño puede transformar un impuesto interno a una tasa de importacion estadual", añadió Conaprole.
La decisión, que el canciller de Brasil, Felipe Lampreia, consideró constitucional, quedó en manos de la justicia a la que recurrieron los importadores brasileños planteando un recurso de amparo con efecto suspensivo.
En el sector oeste de su frontera, Uruguay también se encuentra en medio de otra tormenta con Argentina.
Este viernes, la Cámara de Industrias del Uruguay anunció medidas "gremiales y legales" para defender su imagen de seriedad ante una denuncia lanzada por el presidente de la Unión Industrial Argentina, Claudio Sebastiani, que también involucra a Chile, país asociado al Mercosur.
Según Sebastiani, ambos países se prestan para triangular el comercio de bicicletas de origen chino y calzado mexicano con destino a Argentina, colocando a esos productos bajo el rótulo de producción nacional, y reclamó medidas con esos socios.
Pero el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Diego Balestra, calificó de "juego sucio" las expresiones de Sebastiani y denunció que quienes violan con frecuencia las normas del Mercosur son Argentina y Brasil.
Balestra atribuyó a presiones empresariales de esos países las frecuentes medidas paraarancelarias que paralizan a productores uruguayos.
"Nosotros actuamos diferente. Tenemos más de 100 años de certificando productos y está en juego nuestra dignidad y nuestra crecibilidad", dijo Balestra a IPS.
La Cámara reclamó al gobierno uruguayo que transmita oficialmente al argentino "el profundo malestar" de los industriales uruguayos ante la "infundada acusación" y reclamó a la Unión Industrial Argentina que "aporte pruebas que respalden sus denuncias".
Balestra recordó que hace pocos meses expertos argentinos revisaron en Uruguay la producción de bicicletas que se exportan a ese país y constataron la veracidad de los certificados de la Cámara de Industrias.
La cuestión se transformará en el centro de la reunión que el lunes próximo mantendrá en Montevideo el Consejo Industrial del Mercosur (CIM).
Este año volvieron a registrarse fuertes enfrentamientos entre los países del Mercosur, en particular por la decisión de Brasil de tomar medidas restrictivas a las importaciones, de las que luego exceptuó a sus socios.
Expertos de los cuatro países, en particular los presidentes de los máximos organismos judiciales, han recomendado la creación de un tribunal supranacional que permita superar con independencia las diferencias, lo que encontró la oposición de Brasil.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Milton Cairoli, dijo a IPS "no tener dudas" de que ese es el camino adecuado para superar los conflictos.
Esta semana legisladores de los cuatro países decidieron en Asunción definir un proyecto que apunta en esa dirección y que se disponen a concretar en una reunión que mantendrán en Uruguay a comienzos de noviembre.
Paraguay fue el principal impulsor de esta instancia judicial de definiciones y aspira a constituirse en la capital jurídica del Mercosur, de la misma forma que Uruguay tiene la sede administrativa.
En Montevideo comenzó a operar este año el Centro de Conciliación y Arbitraje, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con objetivo dirimir conflictos entre empresas del Mercosur y, eventualmente, entre países, si éstos solicitan su intervención. (FIN/IPS/rr/ag/if/97)
