A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos del área en los últimos años, la gran mayoría de los países de América Latina enfrentan un fuerte déficit en materia de vivienda.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina señala que en esta región, uno de cada cuatro hogares carece de vivienda, y si se tienen en cuenta las que necesitan alguna clase de rehabilitación, casi 50 por ciento de las familias habitan en condiciones insatisfactorias.
El tema fue analizado recientemente en Montevideo en el marco de la XXXV conferencia interamericana organizada por la Unión Interamericana para la Vivienda (Uniapravi).
Para reabsorber el déficit habitacional en las distintas naciones latinoamericanas se desarrollan programas de subsidios directos a la demanda destinados especialmente a los sectores de menores ingresos, no atendidos por las opciones que se generan en el mercado, indicó el presidente de Uniapravi, Homero González.
El jerarca mencionó en ese sentido iniciativas impulsadas con éxito en Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y Uruguay, mientras en Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela hay una "clara decisión política" de implementar acciones del mismo tipo.
González estima que el Estado debe por otra parte impulsar "mecanismos de saneamiento legal" de los asentamientos urbanos ilegales, que se han multiplicado en los últimos años en las periferias urbanas a medida que ha crecido el nivel de extrema pobreza en el área.
Esos asentamientos no son habitados únicamente por sectores marginalizados informales sino también por trabajadores formales expulsados de las áreas céntricas de las ciudades por diversos motivos, por ejemplo el aumento de los precios de los alquileres y los bajos salarios percibidos.
Incluso en países como Uruguay, el propio Estado ha fomentado la instalación de población en zonas alejadas de los centros poblados mediante la construcción de viviendas para sectores de bajos recursos en áreas sin saneamiento ni servicios y cercanas a los asentamientos ilegales.
El fenóeno de la construcción de una "sociedad a dos velocidades", con un relativamente reducido sector privilegiado y otro que no llega a satisfacer sus necesidades y es numéricamente creciente, se evidencia por supuesto también en materia habitacional, constata la urbanista uruguaya Isabel de Viana.
En diversas naciones, "más de 50 por ciento de las tierras urbanas y más del 90 por ciento de las rurales carece de derechos de propiedad protegidos por títulos formales", recordó González.
Señaló no obstante que en Colombia, El Salvador y Perú, así como en Uruguay, los gobiernos están intentando regularizar esa situación.
Los distintos expositores en la conferencia interamericana de Montevideo pusieron el acento en la necesidad de una participación activa ('preponderante", dijo el presidente de Uniapravi) en la política de vivienda y en el financiamiento de soluciones habitacionales.
"Después de todas las combinaciones y modalidades de políticas habitacionales implantadas en América Latina, se puede concluir que lo que se necesita es que cada país país aplique una política integral que combine los esfuerzos de los distintos sectores", señaló el peruano Enrique Diez Ortega.
Diez subrayó la necesidad de que el sector privado conceda mecanismos de financiacón a largo plazo adecuados para los sectores de menores ingresos, que son los que presentan mayor déficit de vivienda.
A su juicio, el Estado debería limitarse a incentivar la participación del sector privado en esta temática y cumplir una función de regulación pero no intervenir de manera directa más que transitoriamente, con el fin de "no distorsionar la acción rentable de los participantes del sistema".
Otro es el punto de vista, por ejemplo, de especialistas vinculados a partidos de la izquierda continental, que insisten en la necesidad de que el Estado mantenga una actitud activa en materia habitacional, fomentando la construcción de viviendas populares de calidad.
Apuntan en ese sentido a reactivar instituciones como los Bancos Hipotecarios existentes en diversos países de la región pero que han ido tendiendo a convertirse cada vez más en bancos comerciales comunes y a atender a sectores medios y medio altos y ya no a los más necesitados. (FIN/IPS/dg/jc/pr-if/97
