La disolución de un cuerpo policial de élite acusado de ejecutar a seis jóvenes en México y la declaración de que ninguna autoridad está involucrada muestran la corrupción del cuerpo, denunciaron hoy diputados opositores.
Los 135 miembros del grupo Jaguares, entrenados por instructores colombianos e israelitas, se integraron este sábado a la policía de tránsito, luego que el secretario de Seguridad de la capital, el general Enrique Salgado, declaró que el grupo fue disuelto por haberse perdido la confianza en sus integrantes.
La decisión de disolver el grupo de élite buscaría encubrir a los verdaderos responsables y enterrar los crímenes en el olvido, señalaron los diputados opositores Miguel Hernández, del derechista Partido Acción Nacional, y Martí Batres, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática.
A principios de este mes fueron detenidos 19 miembros del grupo acusados de detener, torturar y ejecutar a los seis jóvenes que tenían antecedentes penales y vivían en un barrio de la capital mexicana dominado por bandas de delincuentes.
Los cadáveres fueron encontrados en zonas despobladas con varias mutilaciones, lo que obligó a realizar estudios especiales para identificarlos.
La corrupción de los jaguares, que desde la cárcel se declararon inocentes y denunciaron que fueron detenidos mediante engaños, no se soluciona cambiando de nombre al grupo o designándolos para nuevas tareas, sino investigando a fondo, coincidieron en señalar Hernández y Batres.
En la capital nadie está seguro, si entre los ex jaguares hay asesinos, ¿cómo es posible que se los asigne a tareas de tránsito?, se interrogaron los diputados opositores.
El procurador de la capital mexicana, Lorenzo Thomas, aseguró que en la ejecución de los seis jóvenes no está involucrada ningun funcionario y ese crimen fue un hecho "totalmente aislado".
Batres cuestionó la afirmación de Thomas. Los jaguares no actuaron por su cuenta y es posible que los máximos mandos de la policía, que son militares, hayan ordenado las ejecuciones, dijo.
El presidente de la estatal Comisión de Derechos Humanos de la Capital, Luis de la Barreda, considera que el asesinato de los jóvenes "es un acto de barbarie que demostraría que el crimen se está comenzando a combatir con el crimen".
David Fernández, director del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Augustín Pro, manifestó la ejecución parece indicar "que se está frente al inicio de una acción de escuadrones de la muerte".
Con más de 27 delitos reportados por hora, la capital mexicana se transformó los dos últimos años en la ciudad más violenta del país y en una de las más peligrosas de América Latina.
El gobierno de Ernesto Zedillo, que ante la ola delictiva ubicó a militares en los principales mandos de la policía capitalina, aseguró que no permitirá la impunidad ni la violación de la ley con el pretexto de combatir la delincuencia.
Sin embargo, las denuncias de grupos humanitarios sobre violaciones de los derechos humanos en las acciones contra el crimen aumentaron luego que los militares tomaron el control de la policía. (FIN/IPS/dc/ag/ip/97


